A días de cumplirse 50 años de la Matanza de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, exigieron enjuiciar y castigar al ex presidente Luis Echeverría, quien en ese entonces se desempeñaba al frente de la Secretaría de Gobernación.
El jueves 13 de septiembre, en el marco de la conmemoración de la Marcha del Silencio, los sobrevivientes de 1968 utilizaron sus redes sociales para compartir un mensaje en el que expresaron “¡Juicio y castigo a Luis Echeverría Álvarez!”.
En el texto, el Comité 68 señaló que “a 50 años del genocidio del 2 de octubre de 1968, perpetrado por el Estado Mexicano en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, exigimos que la PGR cumpla con la obligación constitucional que le impone el artículo 102 fracción VI, de perseguir los delitos del orden federal, y continue con la investigación ministerial para volver a consignar el expediente de la Averiguación Previa, en contra del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez, quien no fue exonerado, sino puesto en libertad con las reservas de ley”.
Los activistas adelantaron que el 19 de septiembre presentarán una demanda de amparo “por la denegación de justicia, debido a la omisión de la PGR de llevar a cabo las diligencias de investigación en la averiguación previa señalada y por la que se persigue el delito de genocidio cometido por el Estado Mexicano el dos de octubre de 1968”.
“Es del conocimiento público que, en tres sentencias consecutivas del Poder Judicial Federal, que se estableció que lo ocurrido el 2 de octubre (…) fue un genocidio y que Luis Echeverría se encuentra libre porque le otorgaron un auto de libertad bajo reservas de ley, lo que equivale a una libertad condicional, una libertad provisional”, reza el mensaje, “Cabe decir que los argumentos esgrimidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Material Penal del primer Circuito, deriva de un criterio contrario a la lógica jurídica de valoración de pruebas y contrario a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, firmado por México y que por disposición expresa del párrafo segundo del artículo primero de la Constitución Federal, debe aplicarse en benefició de las víctimas”.
Los sobrevivientes acusaron que con “maniobras tramposas”, el Poder Judicial negó el derecho a las víctimas para intervenir en el expediente, “por ello, es que de acuerdo con la reforma constitucional del artículo 20 inciso C, fracción VII, que da a las víctimas el derecho a impugnar ante el poder judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, es que reclamamos a la PGR que ejerza sus obligaciones constitucionales y lleve a cabo las diligencias necesarias para establecer la responsabilidad penal” de Luis Echeverría.
Tras condenar el ataque de porros en al UNAM ocurrido el 3 de septiembre, y exigir la desaparición de estos grupos, a los que considera de origen “priista”, el Comité 68 asentó las siguientes demandas:
- 1.-Restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y retomar los casos que quedaron en curso cuando “ilegalmente fue cerrada”
- 2.- Reabrir el proceso contra Echeverría por el caso del 2 de octubre
- 3.- Apertura de los expedientes de la SEDENA respecto de la actuación de los militares en la Plaza de las Tres Culturas
- 4.- Fin al porrismo y proceso penal en contra de los agresores de estudiantes el pasado 3 de septiembre
Boletín de prensa: A 50 años del genocidio del 2 de octubre de 1968 #FueelEstado ¡Juicio y castigo a Luis Echeverria Alvarez! pic.twitter.com/CoHda9WUAZ
— Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) 13 de septiembre de 2018
Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República durante 1968, falleció el 15 de julio de 1979: Luis Echeverría, su secretario de Gobernación, fue vinculado en 1971 al llamado ‘Halconazo’.
En el año 2002 se giró una orden de aprehensión en contra del político por la matanza de Tlatelolco, el Halconazo, y la desaparición forzada de personas; Echeverría libró la cárcel valiéndose de un amparo.
En 2006, un juez federal ordenó de nueva cuenta el arresto del ex mandatario, y se le decretó prisión domiciliaria debido a su estado de salud y edad; además, el delito del que se le culpaba prescribió en noviembre de 2005.
Meses más tarde, un magistrado volvió decretó auto de formal prisión en contra de Echeverría, pero en 2007 un tribunal concedió la suspensión definitiva de la medida.
En 2009, se decretó la libertad absoluta al expresidente y se le exoneró del cargo de genocidio.
Actualmente, Echeverría tiene 96 años, y en julio fue tratado de una fuerte neumonía.
