La falta de supervisión por parte de las autoridades ante la venta de “comida chatarra”: alimentos con altos niveles de azúcar, grasa y sodio, persiste en escuelas de educación básica, contraviniendo disposiciones legales y exponiendo a la niñez a ambientes obesogénicos.
El 9 de diciembre de 2021, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 494 votos a favor, un dictamen para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para evitar la venta de este tipo de productos en planteles educativos.
Sin embargo, diversos análisis realizados por El Poder del Consumidor, reportan que durante cuatro horas y media, duración promedio de la jornada en una escuela primaria pública, los estudiantes tienen hasta más de cinco oportunidades de consumir productos y bebidas chatarra, lo que aumenta la prevalencia de la obesidad infantil hasta en un 50 por ciento.
En 2014, tras unos primeros intentos en 2010, se establecieron regulaciones y sanciones en los Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en escuelas del Sistema Educativo Nacional.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y exdirector de la Red por los derechos de la Infancia en México (Redim), señala a Reporte Índigo que la falta supervisión y de aplicación de sanciones es uno de los mayores problemas para evitar que los niños se encuentren expuestos a la comida chatarra al interior de las escuelas.
“Aquí el gran problema es la supervisión que es inexistente y, cuando hay algún avance en la materia, pues está asociado a temas de conveniencia e intereses”, comenta.
Pérez García también apunta a la falta de presupuesto como uno de los problemas a resolver para lograr el cumplimiento de las disposiciones de salud alimentarias.
“Otro de los grandes retos que enfrentamos es la institucionalidad. La Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Salud no están cumpliendo con sus obligaciones de supervisión, regulación y sanción establecidas en la ley”
“También está la cuestión del presupuesto, pues una norma sin institución y sin presupuesto es papel mojado. Y con los recortes presupuestales la supervisión es inexistente, no tienen personal para poder llevarla a cabo, ni para establecer un operativo a escuelas al azar, porque eso amerita personal y no lo tienen.
“Asumiendo que son casi 30 millones de estudiantes en miles de escuelas, se necesita mucho personal para hacer revisiones y esto no está sucediendo”, asegura el coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
Un reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Instituto Nacional de Salud Pública, revela que solo el 27 por ciento de los alimentos ofrecidos en las escuelas de México cumplen con estándares nutricionales.
En el estudio también se halló que en el entorno escolar, la disponibilidad de vegetales, frutas y agua simple no superaba el 7 por ciento.
Al respecto, Juan Martín comenta que parte del problema, además del ambiente obesogénico, son las condiciones al exterior de los centros educativos, donde se ofrecen un sinfín de productos saturados de azúcar, sodio y grasas.
“Hace ya dos décadas que se tendrían que haber ajustado las políticas de salud para reducir lo que conocemos técnicamente como el ambiente obesogénico, es decir, la disponibilidad de comida chatarra, de bebidas azucaradas y el incremento de carbohidratos en la alimentación; se perdió lo que conocemos como la ‘dieta de milpa’, que era nuestra dieta base en la cultura, cuando menos del Valle de México.
“No se ha logrado, pese a que ya está normado, evitar los ambientes obesogénicos en las escuelas, no solo la venta adentro, sino todo lo que rodea al establecimiento escolar”, explica.
De acuerdo con el apartado de la Ley General de Educación que habla de alimentación saludable en el entorno escolar, en las escuelas solo se pueden ofrecer frutas y verduras, cereales integrales como amaranto y avena, oleaginosas, leguminosas secas y agua natural y gratuita a libre demanda.
Por otra parte, la cooperativa escolar debe evitar ofrecer a los escolares: refrescos aunque sean light, leche de sabor con azúcares añadidos, botanas saladas, galletas, pastelitos, dulces y postres en general.
Para quienes incumplan estas disposiciones, la ley prevé dos tipos de sanciones: administrativas y económicas.
Las administrativas consisten en la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios de la escuela, mientras que las económicas implican una multa equivalente a un monto mínimo de cien y hasta máximo mil veces el salario diario. Estas sanciones podrían duplicarse en caso de reincidencia.
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