Después de casi dos años de que los nombramientos para elegir a los 16 magistrados anticorrupción hayan quedado en la congeladora legislativa del Senado de la República, el Poder Judicial comienza a presionar para que ahora sí se hagan los nombramientos.
A base de amparos impulsados por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el Poder Judicial busca presionar al presidente de la República y al Legislativo para ya aprobar o rechazar a los 16 aspirantes al Tribunal Federa de Justicia Administrativa (TFJA), el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas determinadas como graves y para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños que afecten al erario o al patrimonio público.
Desde el 31 de julio del año pasado, Fernando Silva García, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, ordenó a la Cámara Alta cumplir con los citados nombramientos, en repuesta a la demanda de amparo indirecto promovida por el Comité de Participación Ciudadana del SNA para cumplir lo ordenado por la Constitución.
El 12 de abril el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo hizo lo mismo y otorgó otro amparo para presionar al Legislativo, pero advirtió que ratificación no debía de hacerse a ciegas.
“La pretensión en este amparo no se limita a una ratificación a ciegas de los Magistrados Anticorrupción, ya que la misma, en términos de artículo 43, tercer párrafo de la Ley Orgánica del TFJA, debe sujetarse a los principios de idoneidad, transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto”, señala la sentencia.
El proceso
Según el amparo, el Senado de la República o en su recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debe de continuar con el proceso de designación de los magistrados propuestos por Peña Nieto, llevar a cabo las comparecencias, ponderar y determinar si reúnen el perfil idóneo para ocupar el cargo. Después ratificarlo o rechazarlos
En caso de que los candidatos sean rechazados por el Legislativo, total o parcialmente, el presidente de la República deberá de realizar otra designación de los magistrados que integrarán la Tercera Sección y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la volverá a mandar al Congreso para su ratificación.
En caso de volver a ser rechazadas, López Obrador procederá a designar y nombrar definitivamente a los nuevos funcionarios.
Según el especialista en transparencia José Marco Romero, a diferencia de otros cargos y designaciones, el proceso de los magistrados anticorrupción está blindado por lo que aunque sean elegidos por el presidente, no sea tan fácil que sean elegidos a modo.
“En mi opinión no. El procedimiento es distinto y tienen que cumplir con los lineamientos de la sentencia o los integrantes del CPC se podrían oponer. No son ternas, tienen que enviar una propuesta por cargo sujetándose a los requisitos de ley y a los lineamientos dictados en la sentencia, es decir, justificando idoneidad, especialidad, experiencia autonomía y en un procedimiento con transparencia”, apuntó.
