Sistema Nacional Anticorrupción, en el olvido

La bandera que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de honestidad no corresponde al olvido en el que se encuentra sumido el Sistema Nacional Anticorrupción del país, ni a los ataques que ha enfrentado por parte del Poder Ejecutivo en turno.

Desde su llegada a Palacio Nacional, la actual administración ha criticado y cuestionado desde su creación hasta las acciones del SNA en su intento por combatir uno de los más grandes problemas que enfrenta el país tanto a nivel federal como estatal.

“Les quiero decir con toda franqueza, ese Sistema (Nacional Anticorrupción) se creó en plena corrupción para simular que se iba a combatir la corrupción. No se necesita el aparato ¿Saben para que se utilizó ese aparato? Para ocultar la información, y así como ese, muchos otros”, dijo en su conferencia matutina previo a enviar una iniciativa a la Cámara de Diputados en el mes de abril de este año para desaparecer el Comité de Participación Ciudadana (CPC).

A este intento de fusionar el SNA y a múltiples organismos encargados de velar por la transparencia en el país a la Secretaría de la Función Pública, se sumó un recorte de recursos.

Prueba de esto es que el presupuesto aprobado entre 2018 y 2024 para las instituciones anticorrupción es 10 por ciento menor al que tuvieron a inicios del sexenio, cuando el SNA estaba en su primera etapa de consolidación.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para cuatro de las siete instituciones consideradas en la reforma (INAI, TFJA, CJF y SESNA), la reducción del presupuesto ha sido en promedio de 23 por ciento.

A nivel institucional, de 2018 a 2022, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción muestra la mayor disminución presupuestal con una reducción del 36.5 por ciento.

Por su parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) evidencian una caída significativa de su presupuesto de 335.7 millones (24 por ciento) y 639.9 millones de pesos(16 por ciento), respectivamente.

En el caso del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la disminución presupuestal durante el mismo lapso fue de 4.5 por ciento, lo cual, por el presupuesto total de la institución, constituye un monto considerable de 3 mil 420 millones de pesos, advierte el IMCO en su informe titulado “¿Con qué presupuesto cuenta México para combatir la corrupción?”.

Problema en aumento y combate estancado

En México la corrupción no solo persiste, sino que se agrava ante la inacción de las autoridades para combatir el problema en todo lo largo y ancho del país.

Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el 57.1 por ciento de la población considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes en su entidad federativa, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.

Además, uno de los dos Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial en los que México más ha caído en los últimos años es precisamente en el de control de la corrupción.

A pesar de este panorama, de los 790 integrantes que deben conformar los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) , faltan por nombrar 188, es decir, el 24 por ciento del total.

Del total de nombramientos pendientes, 78 son para completar los Comités de Selección (CS) de los SEA, que equivale al 31 por ciento de las designaciones en este rubro, también faltan 53 integrantes en 17 sistemas estatales anticorrupción para conformar los Comités de Participación Ciudadana (CPC), lo que representa el 33 por ciento de los nombramientos pendientes.

En relación al Comité Rector del Sistema de Fiscalización (CR-SF), no se ha designado al 44 por ciento de sus integrantes; además de que 6 Secretarios Técnicos (ST) aún no han sido nombrados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Sonora.

Sociedad organizada alza la voz

Ante la insistencia del Poder Ejecutivo de reducir el SNA y los constantes recortes y ataques contra los órganos autónomos encargados de velar por la transparencia y la rendición de cuentas, múltiples organizaciones han salido en su defensa.

“El SNA es el resultado de una larga lucha abanderada por la sociedad civil para contar con instituciones que, de manera coordinada, prevengan, investiguen y sancionen la corrupción en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

“Este sistema descansa sobre los principios de autonomía, participación ciudadana y actuación técnica; además, busca generar un sistema de pesos y contrapesos para que no sea una sola institución o poder quien decida las prioridades en esta trascendental materia”, argumentan ONG´s como Transparencia Mexicana, Red Nacional Anticorrupción, Ciudadanos por la Transparencia, México Evalúa y el Observatorio Nacional Ciudadano, entre otros.

Por último, estas organizaciones advierten que, contar con una instancia técnica, neutral, transparente y eficiente como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESNA) resulta fundamental para articular las acciones y ganar esta batalla.