No solamente está pendiente la propuesta y nombramiento del Fiscal Anticorrupción a nivel nacional o la ratificación de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; a más de un año de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún falta que en 6 entidades se nombre al Fiscal Anticorrupción estatal.
El seguimiento al avance del SNA realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también revela que siguen existiendo rezagos en las entidades para armonizar su legislación con la constitución federal, y detalla que en 13 estados los fiscales anticorrupción fueron nombrados por asignación directa.
El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo del combate a la corrupción la bandera de su campaña presidencial, y para lograrlo cuenta con el SNA, un mecanismo mediante el cual se buscaba sobre todo una mejor coordinación entre las instituciones involucradas en el combate a la corrupción. Y si bien en los últimos meses se han registrado avances, aún persisten rezagos, como pone de manifiesto MCCI.
En primer lugar, la organización señala que a nivel nacional quedan cuatro aspectos cruciales pendientes: el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción, la propuesta y ratificación del Fiscal Anticorrupción a nivel nacional, la instalación de la Plataforma Digital Nacional y la ratificación de la Política Nacional Anticorrupción.
En cuanto a los nombramientos de los Fiscales Anticorrupción a nivel estatal, aún quedan 6 entidades que no los han realizado, se trata de Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Nayarit y Tlaxcala. Además resalta que en 13 estados -entre los que de encuentran Jalisco, Puebla o Guanajuato- los nombramientos fueron por designación directa, sin que haya mediado una convocatoria.
Además en cuando a la armonización con la Constitución federal, era necesario que en cada entidad hiciera una reforma en su constitución local. Aunque las 32 entidades realizaron estos cambios, algunas siguen rezagadas en la publicación de las 7 leyes secundarias que incluye la reforma.
Las siete leyes secundarias que ya tendrían que haberse publicado en las 32 entidades son: la ley del sistema anticorrupción, la ley orgánica del poder ejecutivo del estado, la ley de fiscalización y rendición de cuentas, la ley orgánica de la fiscalía, la ley orgánica del tribunal administrativo y el código penal del estado.
Sin embargo, no todos los estados han publicado estas siete leyes. De hecho solo en 21 entidades han realizado todas las reformas. De las 7 leyes secundarias, en promedio las entidades han realizado 6.5 reformas, detalla el análisis de MCCI. Los estados más rezagados en el tema son Nuevo León con 3 de 7 leyes modificadas, Chihuahua con 4 y Guanajuato con 5.
