Sistema Local Anticorrupción de la CDMX podría revivir gracias a amparo

El despacho de abogados Rusconi & Sauza presentó un amparo para que el Sistema Local Anticorrupción (SLA) de la Ciudad de México (CDMX) vuelva a operar, luego de que a inicios de 2023 se quedó sin integrantes ni recursos para funcionar, lo que convierte a la capital del país en la única entidad que no cuenta con un mecanismo institucional para combatir la corrupción.

Con el recurso legal promovido, se hace un llamado al Congreso de la CDMX para que realice el nombramiento de los miembros del SLA y explique por qué no ha emitido la convocatoria correspondiente para integrar al Comité de Participación Ciudadana al sistema.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción, el organismo regulador “tiene por objeto seguir y aplicar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos generados por el Sistema Nacional, para la coordinación entre las autoridades de todos los Poderes y órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

Antecedentes de la debacle

El 6 de marzo de 2021, rindió protesta el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SLA de la capital del país y, con esto, se inició una nueva etapa en materia de combate a la corrupción, después de un importante rezago.

No obstante, en el año 2022 comenzó la debacle del sistema de la capital del país, pues el 7 de marzo, Édgar Téllez Padrón concluyó su periodo como presidente tanto del CPC como del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción.

Desde entonces, el Congreso local no ha llevado a cabo ningún proceso para nombrar a un nuevo titular del Comité ni para designar a un nuevos integrantes, pese a que, desde 2021, el SLA se empezaba a desmembrar.

En ese año, Hilda Nucci González renunció porque el órgano no recibió presupuesto por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas para su operación como lo estipulaba la Ley de Ingresos de la Ciudad de México.

En consecuencia, solo quedaron tres de los cinco integrantes: Jorge Alberto Vázquez Segura, Ilian F. Maldonado Salvador y Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, quienes tomaron la titularidad del órgano de manera rotativa.

El golpe definitivo para el SLA tuvo lugar el 16 de febrero de 2023, cuando los miembros restantes del CPC renunciaron ante la falta de recursos y el desinterés de las autoridades para que pudiera operar el sistema. A partir de esa fecha, el organismo no ha operado ni sesionado y el Congreso local tampoco ha emitido una convocatoria para revivirlo.

Presentación del amparo

Ante la falta de nombramientos que han causado la inoperancia del Sistema local Anticorrupción, el despacho Rusconi & Sauza presentó en junio de 2023 un juicio de amparo indirecto contra la falta de convocatoria para la elección del Comité de Participación Ciudadana.

Seis meses después, el recurso legal fue admitido a trámite, con lo que comenzó la batalla legal para revivir al ente.

En entrevista con Reporte Índigo, Eduardo Rusconi, socio del despacho, menciona que el amparo fue remitido al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, bajo el número de expediente 1073/2023; sin embargo, el 15 de junio de 2023 fue desechado.

En respuesta, se interpuso una queja y se solicitó la revisión del amparo, el cual fue remitido al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Después, el 27 de junio de 2023, se dictó sentencia en el recurso de queja, en la cual se determinó que la demanda de amparo debía ser admitida y, el 21 de noviembre de 2023, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió el amparo indirecto, con lo que también requirió al Congreso de la capital que rindiera su informe justificado sobre por qué ha sido omiso en la emisión de la convocatoria para la elección del CPC.

“Lo que tiene que hacer el Congreso es emitir una nueva convocatoria, pero simplemente ha habido un total desinterés”, señala Rusconi.

El abogado afirma que después de que el Legislativo explique por qué no ha emitido la convocatoria, el juzgado deberá dar una sentencia y el asunto se resolvería aproximadamente en febrero. No obstante, acusa que el Congreso podría impugnar una resolución en contra.

“Podría presentar un recurso de revisión y la resolución causaría ejecutoria hasta agosto o septiembre, sí se retrasaría bastante”, advierte.

En ese sentido, acusa que, si las y los legisladores capitalinos impugnan el caso, se demostraría una abierta falta de interés para el combate a la corrupción en la ciudad.

La repercusión en rendición de cuentas

“Al no haber un SLA no existe una autoridad que pueda verificar los procedimientos de cómo se invierte el dinero, para ello hay varias autoridades y una que es muy importante es el SLA, porque aparte, es un órgano conformado por ciudadanos”, considera Eduardo Rusconi.

Además, precisa que una de las posibles causas por las que el sistema dejó de operar es porque tanto el Gobierno federal como local no están comprometidos con el combate a las prácticas irregulares desde la administración pública

“No habido un solo cambio, ni una sola modificación que mejore el combate a la corrupción. Tampoco un desarrollo institucional que implique el combate a esta”, subraya.