Sistema de salud, en terapia intensiva

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En México las instituciones responsables de velar por la salud de la ciudadanía padecen de una serie de síntomas que no sólo les impiden cumplir con sus funciones a cabalidad, sino que ponen en peligro la vida de miles de personas.

En un intento por mejorar las condiciones de las clínicas y hospitales y por lograr que la cobertura universal se vuelva una realidad en el país, el Gobierno federal pretende impulsar una nueva y ambiciosa agenda de política pública para el sector salud.

Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto la centralización y federalización de todos estos servicios bajo un mismo esquema, un programa que ya está en marcha y que irá incorporando a ocho entidades cada 6 meses hasta lograr la inclusión de los 32 estados de la República.

“Se va a hacer cargo la federación de todo el sistema de salud, por lo que se van a federalizar los servicios en ocho estados y cada seis meses se van a incorporar ocho más. De modo que este año es para 16 estados, el año próximo para otros 16 y en dos años vamos a tener un nuevo sistema de salud pública”, mencionó el mandatario.

En cuanto a los costos de esta operación, el tres veces candidato al máximo cargo político del país, explicó que actualmente se cuenta con un fondo de 90 mil millones de pesos y aclaró que para estas ocho primeras entidades habrá una inversión adicional de cerca de 25 mil millones.

Mientras la transición se completa se seguirá dando el servicio como siempre en el resto del país.

El tabasqueño también informó que además de incorporar todos los sistemas de salud, la prioridad será, en una primera instancia, asegurar que todos los mexicanos tengan acceso a estos servicios, en especial aquellos que nos son derechohabientes.

“Uno de los problemas actuales es la fragmentación, la desintegración del sistema de salud. Tienen responsabilidad los estados, el Gobierno federal y, en el Gobierno federal, la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el Seguro Social.

Sin embargo, esta estrategia que ha delineado el nuevo gobierno para acabar con las carencias en materia de salud no ha sido bien recibida del todo.

Martha Tagle, diputada federal e integrante de la Comisión de Salud en la Cámara baja, dice que esta decisión lo único que traerá en el corto plazo será ineficacia, pues no se ha dado a conocer cómo operara todo el plan con claridad, además de que faltan muchas cosas antes por hacer para que éste pueda funcionar.

“Lo que necesitamos es revisar de manera completa el esquema de universalización del que se habla y que todavía no lo vemos porque no existe una propuesta clara.

No sabemos, por ejemplo, cómo se van a coordinar los diferentes sistemas (locales, estatales y federales) porque estamos hablando de un sistema de sistemas. Tenemos programas que atienden a los trabajadores de los estados a nivel local; tenemos los federales; tenemos hospitales locales y generales y nada está coordinado, ni siquiera los sistemas computacionales.

Además, todavía hace falta realizar las reformas legales necesarias para poder llevar todo esto a cabo”.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el gobierno propone un incremento de más de 650 millones de pesos a la Secretaría de Salud, de los cuales 215 son para ampliar la infraestructura e insumos suficientes como medicinas para toda la población.

La entrega de más recursos en comparación con los que se otorgaron a la SSA el año pasado podría hacer pensar que la precaria situación por la que atraviesa el país en materia de salud mejorará, sin embargo, esto no necesariamente sucederá, pues también se realizaron recortes importantes a ciertos programas enfocados a combatir algunos de los padecimientos que más afectan a los mexicanos, como lo es la obesidad y la diabetes; sumado a la disminución en el presupuesto de otros programas estatales cuyo ahorro podría derivar en más problemas que beneficios.

“Ahorita lo que estamos viendo en materia de salud es un recorte a la parte de los apoyos estatales que no está siendo correspondida con una propuesta de cómo va a funcionar este sistema del que habla la nueva administración que encabeza López Obrador.

Y mientras no tengamos la claridad de cómo el Gobierno federal pretende hacer funcionar esto, simple y sencillamente se ve como una disminución a algunas áreas sustantivas para la atención médica de las personas en los estados y municipios.

Actualmente los pacientes a los primeros lugares a los que recurren en busca de atención médica son las clínicas más cercanas a sus hogares y, por lo general, éstas son las que prestan servicios de salud estatales, entonces qué va a suceder con estos recortes, a dónde vas a canalizar a todas estas personas”, cuestiona la diputada de Movimiento Ciudadano.

A todas estas dificultades por enfrentar también se debe sumar la violencia que desde hace algunos años impera en el país en contra de los doctores y jóvenes estudiantes que buscan vivir de esta profesión.

De acuerdo con cifras de la organización #YoSoyMédico17, entre el 2013 y el 2017 contabilizaron más de 15 médicos asesinados en el país y más de 70 amenazas y agresiones en contra del personal médico, el cual incluye a pasantes y enfermeros.

Además, Julio Bueno, secretario general de la organización, dijo que las autoridades no hacen nada ni cuando se realizan las denuncias, ya que la mayoría de los casos permanecen impunes.

El riesgo de centralizar

La estrategia para mejorar las condiciones del sistema de salud en México planteada por Andrés Manuel López Obrador gira en torno a que el Gobierno federal se encargue de manejar los recursos que se les den a las entidades para cubrir este rubro.

A través de esta acción se dará paso a lo que eventualmente se convertirá en un sistema de salud universal en donde cualquier ciudadano pueda ir a atenderse a cualquier clínica u hospital, sin importar si está afiliado al seguro social, es decir, si es derechohabiente.

Sin embargo, para la diputada federal Martha Tagle, esta propuesta del tabasqueño lo único que traerá en el corto y mediano plazo es ineficacia.

“Con el presupuesto que entregaron se puede ver claramente esta intención del gobierno de nuevamente centralizar, como en muchas otras cosas, y me parece que lo único que va a generar es ineficiencia porque lo único que hemos visto hasta ahorita es el recorte a programas estatales y aún no conocemos de manera clara cómo funcionará este nuevo plan”.

Además, la diputada de Movimiento Ciudadano señala una serie de obstáculos y de incongruencias tanto para que la nueva estrategia en materia de salud se pueda echar a andar como en el presupuesto que se le pretende otorgar a la Secretaría de Salud el próximo año.

En primer lugar Martha Tagle explica que la idea de centralizar para evitar actos de corrupción no sólo es innecesaria, sino que podría incluso resultar en una sobrecarga de trabajo para la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.

“No hace falta centralizar (como un método para evitar la corrupción) porque ya desde la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal todo el tema de las compras y adquisiciones pasan a la cancha de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, y en ese sentido me parece que el propio Oficial Mayor va a tener muchísimas cosas que observar, las cuales irán desde la compra de medicinas para abastecer los hospitales hasta que no haya desvíos en la construcción del Tren Maya o que el equipo de las policías que se adquiera, como armas o chalecos antibalas, se lleven a cabo sin irregularidades”.

A esto se suma la falta de reformas legales que se tienen que llevar a cabo para que el sistema de salud universal pueda funcionar al igual que la homologación de los programas tanto a nivel federal como local.

También es importante recalcar que los sistemas computacionales de los distintos sistemas y programas no están conectados entre sí. Por ejemplo, el del IMSS de Puebla no está interconectado con el del IMSS de la Ciudad de México y a su vez estos no están relacionados con los de las personas afiliadas al ISSSTE, una realidad que puede generar muchos problemas administrativos y de operación”.

En cuanto a las incongruencias que destaca en materia de presupuesto, la diputada federal explica que aunque la Secretaría de Salud obtendrá un incremento en sus recursos de 652 millones 78 mil pesos en comparación con el 2018 al pasar de 122 mil 557 millones a 123 mil 209 millones de pesos, al programa de “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes únicamente se le dará acceso a poco más de 33 millones a pesar de la grave crisis por la que México atraviesa en esta materia

“La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud a nivel nacional porque de estos padecimientos se derivan muchas enfermedades crónico degenerativas.

Además no debemos olvidar que desde hace por lo menos cinco años se cuenta con un impuesto especial para las bebidas azucaradas que durante la administración pasada generó entre 23 mil y 27 mil millones de pesos de ingresos. Y en lugar de destinar este dinero al sistema de salud y dirigirlo específicamente a atender las enfermedades relacionadas con la obesidad vemos la disminución de este presupuesto”.

Otros programas en materia de salud que vieron su presupuesto disminuir fueron el de Atención a la Salud, Calidad en la Atención Médica, Fortalecimiento a la Atención Médica y el de Atención a Personas con Discapacidad.

Médicos en peligro

La falta de recursos para garantizar la infraestructura adecuada tanto en clínicas como hospitales y el material que requieren los médicos para trabajar no sólo ha traído problemas para los pacientes, ya que se ha convertido en uno de los principales motivos por los cuales los médicos son agredidos.

Fernando R, quien recientemente concluyó sus estudios como médico general en la universidad Anáhuac y se encuentra haciendo su servicio social en una clínica ubicada en el municipio de Atizapán en el Estado de México cuenta que es común que los pacientes se enojen con él o con sus compañeros cuando no tienen medicinas para ofrecerles o equipo para realizar ciertos estudios a pesar de que ellos no tienen la culpa de estas carencias.

“Nunca me ha tocado ver que un paciente agreda fisicamente a alguno de los doctores, pero sí es común que nos insulten o amenacen cuando no cumplimos con sus expectativas en cuanto a la atención se refiere, sin embrago, nosotros no tenemos por qué estar aguantando este tipo de tratos cuando ni siquiera somos los responsables de estas carencias, eso le corresponde al gobierno del estado que nos tiene abandonados”.

A esto se suma el clima de violencia que se vive en el país, donde incluso grupos del crimen organizado han secuestrado a personal del sistema de salud o a estudiantes de la carrera de medicina para atender a sus heridos. Tampoco se deben descartar algunas regiones del país, como la sierra de Chihuahua, en donde los doctores se rehúsan a prestar sus servicios ante el peligro que representa estar ahí.

De acuerdo con el doctor Julio Bueno, secretario general de la organización #YoSoyMédico17, la cual se ha dedicado contabilizar desde hace cuatro años las agresiones al personal médico y a denunciar públicamente esta situación, entre el 2013 y el 2017 contabilizaron más de 15 médicos asesinados en el país y más de 70 amenazas y agresiones en contra del personal médico, el cual incluye a pasantes y enfermeros

Andrea G, estudiante de medicina de la UNAM y quien se encuentra haciendo su residencia en el Centro Médico Nacional la Raza, cuenta que los asaltos fuera de esta institución se han vuelto el pan de cada día.

“En ocasiones me toca terminar mi turno ya noche, por ahí de las once u once y media, y salir a la calle para tomar el transporte o esperar mi Uber se ha vuelto muy peligroso. A mí afortunadamente sólo me ha tocado que me asalten una vez y no pasó de que me quitaran la cartera y el celular, pero hay otros compañeros a los que les ha pasado en más de una ocasión y, a veces, hasta los han golpeado”, relata la joven de 25 años.