Sistema de salud: el reto de la austeridad de AMLO

El gobierno se ha propuesto crear un nuevo sistema de salud público universal con el objetivo de que todos los mexicanos puedan acceder a servicios médicos básicos, sin embargo, este proyecto podría comprometer de manera considerable los recursos del paquete económico del próximo año
Nayeli Meza e Imelda García Nayeli Meza e Imelda García Publicado el
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El sistema de salud es un paciente en agonía. El diagnóstico médico para cambiar su actual estado incluye un cuidadoso procedimiento quirúrgico y una poderosa inyección financiera. Sin embargo, el principal problema es que estas medicinas son muy costosas para un gobierno que cuenta con recursos limitados.

Las enfermedades del sistema se relacionan con una baja inversión que está destinada incorrectamente a las necesidades básicas de los mexicanos.

Por principio, el dinero que se destina en salud equivale al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mientras que entre los países de la OCDE el monto promedio es de 9 por ciento

Además, el gasto público se concentra principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que brinda servicio a seis de cada 10 mexicanos, mientras que la Secretaría de Salud (SSA) es responsable del Sistema Nacional de Salud; juntas absorben aproximadamente 70 por ciento del presupuesto en esta materia.

Similar a la responsabilidad de los médicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO ingresó al quirófano para detener la hemorragia del paciente: el Instituto de Salud para el Bienestar, el nuevo organismo que sustituirá al Seguro Popular y operará de forma directa con los sistemas de salud que en la actualidad se encuentran a cargo de los gobiernos locales.

Sin embargo, la creación de este instituto puede convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno al tomar en cuenta los recursos que se le deberán destinar para su creación y mantenimiento.

Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), considera que un nuevo sistema de salud siempre será bienvenido, pero en este momento existen muchas interrogantes sobre cómo se va a financiar.

“El sector lleva años en coma y su estado es delicado, y aunque el gobierno puede tener buenas intenciones existe una contradicción, pues más allá de la buena intención se desconoce cómo va a funcionar este esquema. Una mala ejecución podría provocar no solo un mayor daño a las finanzas públicas, también abrir más la brecha con quienes no cuentan con cobertura médica”, detalla el especialista.

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Medicina nueva para enfermedades viejas del sistema de salud

La consolidación de un nuevo sistema de salud será el principal reto presupuestario para el paquete económico 2020 (PEF 2020).

Con la promesa de no subir ni crear impuestos, situación que limita los ingresos ya existentes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere echar a andar la universalización de la salud en el país.

Los nuevos programas sociales, que también consumen grandes cantidades de dinero, complican el futuro de los planes de salud del inquilino de Palacio Nacional.

El Gobierno federal ha argumentado que se trata de un esfuerzo sin precedentes por apoyar a los que menos tienen; no obstante, algunos especialistas consideran que la transición ha provocado efectos adversos a la población de escasos recursos.

El gran desafío de la Secretaría de Hacienda a cargo de Arturo Herrera y de los diputados federales será fondear un sistema de salud universal obteniendo dinero de ahorros vía el programa de austeridad

El actual sistema de salud se encuentra al borde del colapso. En voz de expertos, de seguir por esta vía, en poco tiempo se presentará una crisis por los gastos catastróficos que traerán enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y los males cardíacos.

La creación del nuevo sistema de salud recae en una iniciativa presentada por Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, quien propuso reformar la Ley General de Salud, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Dentro de los puntos considerados en la iniciativa están que la Secretaría de Salud debe dar servicios gratuitos; se garantizará que habrá recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, nunca podrá asignársele menos que el año anterior y se generará un Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos.

En esta iniciativa se contempla también la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que será un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Salud; así como la instauración del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

También se establece que una persona perderá los servicios de salud gratuitos cuando se afilie a alguna institución de seguridad social.

A pesar de tener mayoría en el Congreso de la Unión, Morena deberá negociar con las otras fuerzas políticas si quiere que la aprobación de esta ley sea por consenso.

Algunos temas, como la manera en que se fondeará todo el nuevo sistema y los mecanismos de rendición de cuentas, enfrentan resistencias no solo entre los otros grupos parlamentarios, sino con organizaciones de la sociedad civil.

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Enfrentar resistencias al cambio del sistema de salud

Todos los grupos parlamentarios reconocen la importancia de tener un sistema de salud eficiente y que atienda a la mayor cantidad de personas con la mejor calidad posible, sin embargo, no todos coinciden en la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno planean hacerlo.

Esto se debe a que antes de echar a andar el nuevo sistema de salud, se cancelaron programas que otorgaban servicios a grupos vulnerables y a población que no está afiliada a la seguridad social, sea el IMSS o el ISSSTE.

El más grande programa de salud que se canceló fue el Seguro Popular, que en 2017 atendía a más de 53 millones de mexicanos.

Para crear el Instituto de Salud para el Bienestar se canceló el Seguro Popular, que en 2017 atendía a más de 53 millones de mexicanos

Otro de los programas que sufrió el mismo destino fue Prospera, en su componente de Salud, que acercaba servicios de salubridad a comunidades marginadas.

En el caso del Seguro Popular se cubrían más de 200 padecimientos y funcionaba bajo un esquema de financiamiento en el que la Federación canalizaba recursos a los estados a cambio de que las propias entidades destinaran dinero propio para su sistema de salud.

Ahora, el nuevo sistema de salud será dependiente del Gobierno federal, situación que implica que no solo las decisiones, sino el destino de los recursos, estarán en manos del Ejecutivo para evitar los malos manejos

Para Janet Oropeza, investigadora de la división de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la centralización del nuevo sistema de salud no garantiza que la corrupción sea erradicada.

“Es importante que, desde el inicio, la iniciativa de ley establezca un fuerte esquema de rendición de cuentas en áreas de riesgo como las contrataciones, las compras y la integración de padrones de derechohabientes”, expuso Oropeza en las audiencias públicas para la construcción del nuevo sistema de salud.

Los partidos de Oposición se han mostrado reticentes a apoyar incondicionalmente la propuesta presidencial, sobre todo después de la cancelación del Seguro Popular y los recortes que han sufrido las instituciones de salud.

Para Antonio Ortega Martínez, diputado por el PRD, lo más reprobable de todo el proceso fue la cancelación del Seguro Popular.

El legislador se pronunció porque el nuevo sistema siga al menos una de las directrices que tenía el programa de pedir una cuota a quienes reciban beneficios del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Desde el PAN también se han levantado las alarmas. Marko Cortés, presidente nacional del blanquiazul, pidió al Gobierno federal no cancelar el Seguro Popular y mejorar el esquema creado en el gobierno de Vicente Fox.

“El hecho de que desaparezca levanta una alarma en México, ya que dentro de las carencias, la que más se redujo fue la del acceso a servicios de salud, precisamente gracias al Seguro Popular”, afirmó Cortés en un pronunciamiento.

Frinné Azuara Yarzábal, diputada por el PRI, ha defendido el esquema del Seguro Popular afirmando que no nació corrupto, sino que se descompuso por las acciones de personas que trabajaron en él.

Las organizaciones de la sociedad civil también se han mostrado reticentes a apoyar el proyecto presidencial de consolidación de los servicios de salud.

Uno de los puntos más cuestionados es la centralización, pues decenas de organizaciones civiles llevan a cabo labores para las que el sector salud no tiene capacidad y lo hacían con los recursos públicos que recibían.

Una reconfiguración en el sector salud puede abrir grietas y dar pie a que ocurran actos de corrupción si no se establecen los lineamientos básicos de transparencia

Luis Adrián Quiroz Castillo, cofundador de la asociación Red de Acceso, llamó la atención sobre el dinero que se ha recortado a las organizaciones, motivo por el que no han aplicado más de 2 mil 500 pruebas de VIH a personas vulnerables.

Este 30 de agosto se tiene planeada una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para comenzar el proceso de dictaminación de la reforma en salud, pues deberá estar aprobada antes de noviembre próximo para poder operar la construcción del Presupuesto de Egresos del 2020.

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¿Obamacare mexicano?

La Ley de Cuidados de la Salud Asequibles (Affordable Care Act), mejor conocido como el ObamaCare, fue una reforma de salud firmada por el presidente Barack Obama el 23 de marzo de 2010, que permitió mejorar el acceso a la salud de los cuidados y disminuyó el gasto mediante regulaciones e impuestos. Con la llegada de Donald Trump se echó para atrás.

Aunque el mandatario mexicano ha insistido en que su gobierno aspira a implementar un modelo de salud similar al de Dinamarca, la realidad es que existen algunas similitudes con las del expresidente estadounidense.

Por principio, ofrecen un número de nuevos beneficios, derechos y protecciones a los ciudadanos con respecto al cuidado de su salud; garantizan cobertura médica en todos los estados, y permiten la entrada de nuevos profesionistas al campo laboral.

Héctor Villarreal, director general del CIEP, opina que más allá del nuevo sistema de salud, lo importante es no dejar de lado los temas prioritarios en la agenda médica.

“La reconfiguración del sector no solo es posible, es necesaria. Hay cosas a favor, como cuando se habla de crear las redes de apoyo, pero las cuentas de financiamiento quedan completamente ajenas. Fuera de estos temas, no se debe perder que el ciudadano es quien debe quedar al centro para que se le garantice un servicio médico de calidad”.

La apuesta del gobierno es diseñar un sistema similar al de Dinamarca, pero existen algunos puntos de coincidencia con el proyecto que implementó el expresidente norteamericano Barack Obama

Viejos, enfermos y pobres

El promedio de vida de los mexicanos es de 75.2 años, de acuerdo con estimaciones del INEGI, pero una investigación realizada por la revista Nature prevé que para 2050 la edad de las personas podría alcanzar un máximo de 120 años.

Al mirar las condiciones que en este momento ofrece el sistema de salud el futuro es poco alentador, pues México corre el riesgo de convertirse en un país con una tasa de envejecimiento muy alto y con una población, en su mayoría, sin pensiones.

El sistema se salud mexicano está enfermo de burocracia y esta situación no cambiará en el largo plazo.

La idea del presidente López Obrador de impulsar un nuevo esquema va de la mano no solo de llegar a los más de 20 millones de mexicanos que no pueden acceder a cobertura médica, también pretende atacar de manera frontal el tema de la corrupción en el sector.

Desde hace años, al sistema no se le han cambiado sus vendajes y asegurar calidad y atención de los servicios primarios es complicado.

Actualmente más de 10 por ciento de los gastos públicos de la industria se destinan a pagos administrativos, situación que ha provocado un importante boquete en las finanzas de este ramo.

En el ejercicio fiscal de este año, se destinaron 3 billones 311 mil millones de pesos para contribuir con el bienestar social.

De igual forma, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 se estimó un gasto destinado a la Secretaría de Salud de 123 mil millones de pesos, monto 3.2 por ciento menor al destinado el año anterior.

Uno de los grandes pendientes es el tema de los medicamentos, para este año el presupuesto aprobado para este rubro fue de 9 mil 417 millones de pesos, monto que equivale a 13 por ciento del presupuesto público del sector salud.

Sin embargo, los recursos sufrieron un recorte de 10.5 por ciento respecto a lo ejercido en 2013 para el mismo concepto.

Aunado a esto, los padecimientos de los mexicanos se agravan a causa del tiempo que deben aguardar para recibir atención médica en los centro de salud, que en la mayoría de los casos es de 90 minutos, pero en las zonas rurales se incrementa por la escasez de personal.

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