Sistema de Justicia Penal, consolidación o retroceso
El Sistema de Justicia Penal no termina de implementarse en el país, pese a sus mecanismos de avanzada, hoy existen políticas que podrían significar una regresión en sus principales objetivos y traer de vuelta un modelo inquisitorio
Imelda GarcíaEl Sistema de Justicia Penal en México se encuentra en una disyuntiva: se consolida el avance del nuevo modelo, o se da marcha atrás y se vuelve a la justicia inquisitoria.
Según datos de la organización México Evalúa, el país no termina de implementar el nuevo sistema de justicia y la impunidad es rampante, con un índice del 94.6 por ciento.
Es decir, 9 de cada 10 casos que son conocidos por las autoridades no son satisfactoriamente resueltos por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial Federal, revela el informe Hallazgos 2018, en el que se analizan los resultados del nuevo sistema de justicia.
A nivel estatal, el índice de impunidad es del 96.1 por ciento; los estados con menores niveles son Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California.
En contraste, en algunas entidades como Tamaulipas, el 99.9 por ciento de los ilícitos quedan sin resolver.
A pesar de que los resultados siguen siendo adversos para el nuevo sistema de justicia, México Evalúa y otros expertos consideran que se deben dar más pasos adelante y no caer en la tentación de regresar al sistema anterior.
Debemos darle una oportunidad al sistema acusatorio que, aunque está muy lejos de tener los resultados esperados, comienza a dar algunas señales alentadoras. Hacemos un llamado a defender la reforma penal y atender los temas pendientes; estamos convencidos de que no debemos renunciar a un modelo prometedor sin antes haber garantizado que contó con recursos necesarios para operar de forma adecuada
La falta de resultados esperados es una combinación entre una carencia de recursos económicos y de voluntad política, que no han permitido consolidar lo que, en papel, era una verdadera revolución al sistema de impartición de justicia en México.
Ahora, ante la vorágine desatada por la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cambios pueden llegar al sistema de justicia en forma de una contrarreforma.
Regreso a la vista
Con Morena llegaron nuevos aires al sistema de impartición de justicia, pero en sentido contrario a los avances que se lograron en la última década.
Aunque en un principio del gobierno de López Obrador se habló incluso de un proceso de justicia transicional, propio de las naciones que han enfrentado conflictos armados, para alcanzar la paz en las zonas con más alta inseguridad, ya en los hechos todo indica que se pretende cerrar la puerta al nuevo sistema.
En el Congreso de la Unión se han aprobado cambios para aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa; se avaló una legislación de extinción de dominio que ha sido cuestionada; se pretende tener injerencia en la autonomía del Poder Judicial; y no se ha trabajado en tener fiscalías independientes.
Ante esto, México Evalúa advierte que el país podría estar enfilándose a una contrarreforma al sistema de justicia, lo que sería un retroceso.
“Hay señales claras de retroceso que permiten a México Evalúa perfilar el riesgo de contrarreforma. Por un lado, se ha construido un discurso que sugiere que el modelo acusatorio favorece la impunidad (la llamada ‘puerta giratoria’), al tiempo que subraya la noción de que los derechos de las víctimas y de los procesados son un juego de suma cero.
“Por el otro, se han aprobado reformas (como la del artículo 19: la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa) que son incompatibles con el propio sistema de justicia acusatorio, y se prevé la discusión parlamentaria de nuevas iniciativas de reforma este mismo año. Existe una alta probabilidad de que estas modificaciones a las leyes profundicen la discrecionalidad en la actuación de las autoridades del sistema y, por tanto, abran la puerta a más corrupción”, sentencia la organización.
La reciente ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa, fue criticada por romper el principio de presunción de inocencia, uno de los avances que más se destacaron del nuevo sistema
Para evitar esto se requiere de varias medidas que fueron sugeridas por la propia organización, tras sus hallazgos.
El mejor camino para el Sistema de Justicia Penal
México Evalúa insiste en que el mejor camino es darle los recursos necesarios al nuevo sistema de justicia penal para que pueda consolidarse.
Se trata no solo de inversiones económicas, sino de una serie de políticas públicas y decisiones que ayuden a construirlo.
Se deben garantizar la suficiencia y eficiencia en el gasto de los recursos que sean asignados; se debe apostar a la generación de información estadística confiable para la toma de mejores decisiones.
También es fundamental dar mayor importancia a la capacitación de todos los participantes; se debe evitar legislar sin evidencia, pues algunas reformas recientes van en contra del propio espíritu del sistema.
México Evalúa también recomienda que se consolide la autonomía de todas las fiscalías del país; que se haga una persecución estratégica de los delitos; y que se privilegie la investigación criminal.
Para bajar los niveles de impunidad, sugiere llevar a cabo una estrategia integral y no guiarse solamente por indicadores o ideas de fracaso.
“Su combate (a la impunidad) no debe recurrir a reformas legales sin sustento empírico, sino a redefiniciones en las metas y estrategias de las instituciones. Asimismo, deberá atenderse la impunidad ‘disfrazada’ o ‘institucionalizada; es decir, aquellas determinaciones ministeriales que, privilegiando la eficiencia, pueden dar por concluido un asunto, pero que no necesariamente resuelven el fondo”, apunta el informe.
La organización advierte que, a pesar de tener 11 años en operación, el nuevo sistema de justicia penal todavía está en construcción, por lo que llevará algunos años más llegar a su consolidación; sin embargo, de haber un retroceso, el proceso de avance se estancará aún por más tiempo.