Lo que hace once años fue presumido como un sistema penal acusatorio de avanzada, donde se procurarían los derechos humanos de las personas y se transitaría a un país más justo, en los meses siguientes podría diluirse. El sistema de justicia penal que inició con la reforma de 2008, concluyó en 2016, y a la fecha se dirige a su consolidación, enfrentaría cambios medulares en su estructura por un paquete de iniciativas propuestas por Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia.
Los borradores para la reforma al esquema de justicia actual prevén eliminar a los jueces de control, reforzar la figura del arraigo e introduce la presunción de culpabilidad
Especialistas en materia legal y de derechos humanos alertan un retroceso en la procuración e impartición de justicia en el país, debido a que los anteproyectos de las reformas van en contra de la presunción de inocencia, pues proponen traer de vuelta figuras como el arraigo en todos los delitos, la prisión preventiva automática y la suposición de culpabilidad.
El paquete de iniciativas sugiere la creación de dos nuevas leyes: la Nacional de Cultura y Justicia Cívica, cuyo objeto es homologar normas cívicas a nivel nacional; el Código Penal Nacional, para unificar la persecución de los delitos en los 32 estados del país.
Además se incluyeron propuestas para sustituir el Código Nacional de Procedimientos Penales y reformar la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y 14 artículos constitucionales.
Durante una reunión que mantuvieron Gertz Manero y Scherer Ibarra con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, el senador Ricardo Monreal aseguró que la Cámara alta actuará con mucha seriedad y que esperará a recibir los proyectos de leyes y reformas.
Monreal Ávila mencionó que el 1 de febrero el fiscal general y el consejero jurídico de la Presidencia entregarán de manera formal las iniciativas para modificar el sistema de justicia penal. Agregó además que propondrá que exista la participación de académicos y sociedad civil para la discusión de los dictámenes.
Construiremos mediante un amplio consenso la normatividad que el país y la ciudadanía exigen. El análisis de las propuestas, una vez que nos las envíen formalmente, será amplia y será mediante los mecanismos que hemos adoptado últimamente que es el parlamento abierto; es decir, no nos vamos a apresurar. Les comentamos que no impondremos normas que afecten derechos fundamentales
Por su parte, el fiscal general expuso que la propuesta de modificar el sistema de justicia penal surge del nulo éxito logrado por el esquema anterior, pues su implementación no revirtió los índices delictivos y de violencia en el país.
“Si ustedes ven la cantidad de reformas y de leyes que se han hecho en los últimos 20 años en esta materia se sorprenderían, porque es tal el número que se han hecho como el número de problemas que se han multiplicado, quiere decir que eso no funciona”, comentó Gertz Manero.
Líderes parlamentarios de oposición vieron con buenos ojos las modificaciones sugeridas por el fiscal general y el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Miguel Ángel Mancera, líder de la bancada del PRD en el Senado, expresó que este paquete de reformas implica una cirugía mayor a la política criminal del país por incluir un código penal unificado. El senador, quien ha sido crítico del sistema de justicia actual, recalcó que la reforma de 2008 propició la llamada “puerta giratoria” que beneficia a la delincuencia. Añadió que el fiscal Gertz Manero debe “cerrar candados” para evitar la impunidad.
Quien coincidió con la postura de Mancera Espinosa fue el senador panista Mauricio Kuri. Mencionó en entrevista que en materia de justicia los tres niveles de gobierno deben asumir su responsabilidad, sobre todo por el serio problema de impartición de justicia que impera en el país.
“Le han quedado a deber mucho a los ciudadanos en un momento en donde es más fácil ser delincuente que ser empresario, por ejemplo”, sostuvo el coordinador del PAN en la Cámara alta.
Cambios profundos
Entre los artículos de la Carta Magna que se pretenden modificar para dar un giro de 180 grados al sistema de justicia está el 16, el cual rige la obligación que tiene la autoridad de argumentar la detención de una persona acusada por cometer un ilícito.
El anteproyecto sugiere que la autoridad judicial por sí misma o a petición del Ministerio Público decrete arraigar a una persona hasta por 40 días si es imputada de haber cometido cualquier delito. Si el ilícito perseguido es por delincuencia organizada, corrupción o que por su relevancia derive en una amplia cantidad de actos de investigación, los plazos de retención podrían extenderse.
En la actualidad el artículo 16 estipula que se decretará arraigar solo cuando se persiga un ilícito de delincuencia organizada.
En ese mismo artículo se desecha la figura de los jueces de control, los cuales se encargan de analizar la imposición de medidas cautelares en favor de las víctimas y de establecer las técnicas de investigación, así como de determinar la vinculación a proceso de una persona imputada.
La desaparición de los jueces de control haría a un lado el acompañamiento que estos hacen en la supervisión de la aplicación adecuada de las normas judiciales en las diversas etapas del proceso judicial.
Dentro del documento que propone renovar el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en lo que sería el artículo 309 se introduce el concepto de “presunción de culpabilidad”, lo que es interpretado por expertos y defensores como una violación a la presunción de inocencia y al derecho de audiencia.
“A todo imputado que se niegue a ser examinado por peritos, sin causa debidamente justificada, se le apercibirá de tener por ciertos los hechos imputados”, establece el anteproyecto del CNPP en el artículo 309.
Retroceso anticipado del Sistema de Justicia
La polémica generada por los anteproyectos de leyes nuevas y reformas al sistema de justicia, enciende las alarmas de defensores de derechos y expertos en tema de justicia por el retroceso que significaría a las garantías de los ciudadanos mexicanos.
El actual sistema de justicia se reformó en 2008 y tuvo como límite el 2016 para su completa implementación y funcionamiento.
Aunque todavía existe una falta de información de la ciudadanía y de los mismos funcionarios encargados de impartir justicia con dicho sistema, este se encuentra en un proceso de consolidación y revertirlo conllevaría a un grave riesgo, argumenta Ernesto Peralta, director de la organización Borde Jurídico.
Los sistemas de justicia tardan años en implementarse en un país, no solamente es un cambio institucional muy fuerte, además los funcionarios públicos tienen que adaptarse a ellos. La población misma debe entender cómo funcionan y qué pueden o no pueden hacer las instituciones. Es un proceso y por ello la reforma tuvo varios años para implementarse
El especialista agrega que el sistema de justicia reformado en 2008 se encontraba incompleto, debido a que dos años después del límite para su implementación se promulgó la Ley Orgánica de la FGR.
Para Ana Aguilar, profesora de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Iberoamericana, el contenido de los anteproyectos genera preocupación, pues de avanzar en el proceso legislativo tal y como están, atentarían contra la libertad personal de los ciudadanos como en el caso del arraigo y la presunción de culpabilidad.
“Hay unas reglas procesales que incentivan en definitiva que se siga utilizando la tortura en este proyecto que está circulando y dicho sea de paso que debemos esperar a que se publiquen los proyectos definitivos”, comenta la académica.
Ernesto Peralta agrega que los anteproyectos también avalan la obtención ilegal de elementos de prueba que podrían introducirse y valorarse en un proceso judicial y enfatiza en que dicha modificación motivaría la práctica de la tortura.
“Abre la puerta para que se obtengan pruebas ilegalmente. México es uno de los primeros lugares en tortura. Abriríamos la puerta para aumentar estos índices, es preocupante por donde lo veamos”, destaca.
El sistema de justicia se reformó en 2008 y tuvo como límite el 2016 para su completa implementación
Acerca de la eliminación de los jueces de control, el director de Borde Jurídico argumenta que se caería una de las piezas angulares del sistema de justicia y agrega que los retrocesos propuestos por la FGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia, responden a una urgencia de contener la impunidad en el país cuyo índice supera el 99 por ciento de los delitos denunciados.
“Sabemos que el Estado no utiliza las herramientas que ahora tiene a su alcance en una abierta ineficiencia. Vemos que quieren resolver problemas de seguridad pública con legislación, cuando deberían de estar planteando políticas públicas, discutiendo esto en otra arena, no en la legislativa. Lo que se ve es que la gente cansada y con este sentido de urgencia apoya posturas en contra de sus propios derechos”, concluye.
Aguilar opina que las motivaciones de las leyes y reformas que llegarán al Poder Legislativo próximamente, son un hecho que se anunciaba desde que Morena impulsó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva el año pasado.
“Estas medidas nunca han funcionado y no van a funcionar. Estas regresiones que se han generado desde que inició el nuevo gobierno nos van a devolver los fenómenos que documentamos cuando implementamos el sistema de justicia: el encarcelamiento de personas inocentes o que corresponden a grupos en situación de vulnerabilidad”, menciona la académica.
Pese a que las iniciativas para modificar el sistema de justicia todavía no se concretan, expertos y defensores de derechos afirman que el contenido de los anteproyectos anuncia la vuelta de un esquema inquisitorio
