El combate del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México no tendrá recursos para el próximo año, será de los rubros afectados por los recortes presupuestales derivados de la pandemia de COVID-19.
Por segundo año consecutivo, el Sistema Local Anticorrupción (SLA) no cuenta con una partida presupuestal específica, consta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 que el Gobierno de la Ciudad de México envió para su análisis y aprobación al Congreso capitalino el 30 de noviembre pasado.
Esto significa que el SLA, encargado de erradicar y sancionar las prácticas de opacidad, no contará con recursos propios el próximo año.
A lo anterior, se suma que el Sistema aún no está conformado ya que por un revés legal que se presentó en enero de este año, tuvo que reiniciar su integración con la publicación de una nueva ley.
Pese a esto, diputados locales afirman que el SLA estará listo para 2021 y, aunque no tenga una partida específica, será funcional.
Financiamiento específico no necesario
Los recortes por la pandemia de COVID-19 tocaron a todos los órganos de la administración pública y el SLA también se vio afectado, dice el diputado local y presidente de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Congreso de la Ciudad de México, Carlos Castillo.
“En 2020 cayó el impuesto en compraventa de inmuebles, se redujeron los ingresos del Metro y aumentó el subsidio del Gobierno para no aumentar la tarifa. Entonces toda la ciudad ha sufrido recortes y todos nos estamos apretando el cinturón. En el caso del SLA tiene que ser la misma inercia, el combate a la corrupción no debe implicar una erogación de recursos mayor”, afirma el legislador de Morena.
Pese a la situación, dice Castillo, un artículo transitorio del decreto de presupuesto de egresos del año 2021 estipula que el Sistema Local Anticorrupción deberá operar con los recursos que le proporcionen sus integrantes.
“El decreto considera en sus artículos 5, 9 y 10, las previsiones presupuestarias que se precisan para el adecuado funcionamiento del Sistema dentro de las asignaciones señaladas para la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia que aloja a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Consejo de Evaluación, la Secretaría de la Contraloría y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México”, afirma el artículo séptimo transitorio del documento citado.
Respecto a si esto no podría afectar la funcionalidad del Sistema o la de los órganos que tendrán que dotarle de recursos, Castillo considera CDMX que todos los entes mencionados tendrán que eficientar el manejo de sus presupuestos para poder cumplir con sus objetivos pese a los recortes que enfrentarán en 2021.
“Este momento es bastante complejo y sui géneris, requiere que se administre el recurso escaso y se necesita la habilidad de todos los servidores públicos”, señala.
Añade que en el país existen sistemas locales anticorrupción que operan con cantidades muy bajas y aún así cumplen con sus tareas.
De acuerdo con la página del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en México hay tres entidades cuyos sistemas locales operaron con menos de seis millones de pesos en 2019.
Estos tres estados son Colima cuyo órgano contó con 5 millones, Campeche que designó 4.7 millones y Baja California que apenas le destinó 3.7 millones.
En contraste con estas tres entidades está el Estado de México que en ese año invirtió 98 millones de pesos a su sistema.
Sistema anticorrupción a contrarreloj
El SLA de la capital acumuló dos años de rezago en este 2020, pues en julio de 2016 se publicó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y a partir de entonces todos los congresos locales tenían como límite 2017 para armonizar su ley y hasta 2018 para implementar sus sistemas locales.
En el caso de la Ciudad de México, en junio de 2017, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal publicó la Ley del Sistema Local Anticorrupción, en 2018 el Congreso armonizó el marco legal e hizo las reformas a otras leyes para su aplicación y para octubre de 2019 se instaló el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Con ello, formalmente el SLA de la capital entraba en funciones pues el CPC es el órgano que preside el sistema.
Sin embargo, para enero de 2020, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ley del SLA local por vicios de origen durante su aprobación; en consecuencia, el Congreso tuvo que reiniciar el proceso y en febrero se volvió a aprobar el marco legal en cuestión.
Antes de la contingencia sanitaria, se estaban realizando los trabajos para definir a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana pero el proceso se detuvo por la suspensión de actividades en el Legislativo que apenas retomó labores remotas en septiembre.
En la actualidad, expone el diputado Carlos Castillo, quien preside la comisión encargada de revisar el tema, esta semana estará listo el dictamen para que el Pleno apruebe los nombramientos de la Comisión de Selección.
“Tiene que estar listo antes de que termine este periodo de sesiones que concluye el próximo 15 de diciembre, para que en 2021 el SLA esté en posibilidades de entrar en funciones”, explica.
