Sistema Anticorrupción procede contra ocho por quebranto en pensiones de Jalisco

La colaboración entre la Contraloría de Jalisco y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha permitido que ocho presuntos responsables del quebranto multimillonario que sufrió el Instituto de Pensiones local sean vinculados a proceso por inversiones fallidas en la empresa Abengoa
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco está arrojando resultados en el caso del quebranto económico que sufrió el Instituto de Pensiones del Estado  (Ipejal) durante el pasado sexenio, cuando se efectuaron inversiones fallidas en la empresa Abengoa, que generaron pérdidas por un monto de 344 millones de pesos.

Las labores coordinadas que han desarrollado dos de los eslabones del Sistema Anticorrupción: la Contraloría estatal, que encabeza María Teresa Brito Serrano; y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dirige Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, han permitido que ocho presuntos responsables de ese quebranto estén siendo procesados penalmente.

Entre los detenidos se encuentra Fidel Armando “N”, quien exdirector general del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), durante el gobierno del finado Aristóteles Sandoval Díaz, en específico del 5 de marzo de 2013 al 6 de diciembre de 2018.

El pasado 30 de junio de 2022, la Fiscalía Anticorrupción informó que tanto Fidel Armando como Katia ‘N’, exjefa de Administración de Fondos del Ipejal, fueron vinculados a proceso por autorizar, como parte del Comité de Inversiones, la compra de fondos a la empresa Abengoa”.

Las medidas cautelares fueron “prisión preventiva justificada para Katia ‘N’ y, en virtud de sus condiciones de salud, dictó prisión preventiva justificada en su domicilio, con vigilancia de un elemento de seguridad pública, para Fidel Armando ‘N’, ambas por el tiempo que dure la investigación complementaria. El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria será de seis meses”.

Los ocho exfuncionarios son señalados por la colocación de fondos de manera indebida sin atender las políticas de inversión, por un monto millonario

Unas semanas antes, las dependencias ya habían concretado la vinculación a proceso de otros exdirectivos del Ipejal, también por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, quienes deberán permanecer en resguardo domiciliario durante seis meses para concluir la investigación.

Se trata de Hugo Alberto ‘N’, exdirector de Finanzas; José Wilmer ‘N’, exencargado del despacho de la Dirección de Finanzas; Marco Antonio ‘N’, exsubdirector general; Benjamín ‘N’, exjefe de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto; Carlos Gabriel ‘N’, jefe de Contabilidad; y Wilfrido ‘N’, exjefe de Administración de Fondos del Ipejal, quienes formaron parte del Comité de Inversiones de dicho instituto.

Los ocho exfuncionarios, señaló la Fiscalía, son señalados por la colocación de fondos de manera indebida sin atender las políticas de inversión, por un monto millonario de recursos provenientes del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SEDAR)”.

Cadena del Sistema Anticorrupción

Las acciones jurídicas que se están emprendiendo actualmente contra los presuntos responsables del desfalco que sufrió el Ipejal, en la pasada administración estatal, comenzaron con la “Auditoría practicada al Instituto de Pensiones sobre inversiones en mercados financieros“, que desarrolló la Contraloría estatal.

Con esta auditoría se constató que el Instituto sufrió pérdidas con las inversiones que se efectuaron en dos empresas: Abengoa de México y Transporte Marítimo Mexicano (TMM). El Gobierno de Jalisco ha señalado que el monto de Abengoa fue de 344 millones de pesos (mdp) durante el ejercicio 2015, mientras que la empresa TMM resultó por un monto de mil 626 mdp en ejercicios del 2011, 2012 y 2016. 

“Estas dos inversiones Abengoa y TMM representan una inversión en conjunto de 2 mil millones de pesos, se están investigando otras 24 inversiones por montos cercanos a los 700 mdp más”
Enrique AlfaroGobernador de Jalisco

La información recolectada con esta auditoría le permitió a la Contraloría del Estado (CE) interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el 21 de diciembre de 2021 por los delitos de fraude, uso ilícito de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público en contra de quien resulte responsable.

El 11 de enero de 2022, cuando se expusieron los resultados de la auditoría, estuvieron presentes tanto Brito Serrano como el fiscal Anticorrupción, De la Cruz Tovar, quien mencionó que los trabajos de la Contraloría generan líneas distintas a las que su organismo había investigado, lo que nutre la carpeta que de manera conjunta han enfocado los esfuerzos a resolver esta situación.

“Ahora hay un soporte técnico muy importante que nos proporcionan en esta nueva denuncia y que se incorpora a lo que ya teníamos y nos resulta importante desde el punto de vista técnico porque nos dará sustento argumentativo ante el juez del control a la hora que tengamos ya esas audiencias donde podamos ir a formular esa imputación”, dijo.

El Poder Judicial estatal, otro elemento del Sistema Anticorrupción, también se ha mostrado en sintonía con la Contraloría y la Fiscalía, al haber determinado la vinculación a proceso de los ocho exfuncionarios del organismo.

Caso pendiente

Hasta el momento estas acciones de las autoridades han estado concentradas en el desfalco que ocasionó la inversión en Abengoa, por lo que todavía falta que se proceda por el otro caso indagado por la Contraloría y que involucra a la empresa Transporte Marítimo Mexicano (TMM).

El 10 de junio de 2022, la Fiscalía Anticorrupción indicó que es la primera carpeta de investigación de varias que tiene abiertas la Fiscalía Especializada que involucran inversiones millonarias del Ipejal.

El mismo 11 de enero del 2022, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, expuso: “Estas dos inversiones Abengoa y TMM representan una inversión en conjunto de 2 mil millones de pesos, se están investigando otras 24 inversiones por montos cercanos a los 700 mdp más, eso sería presentado como una ampliación de la denuncia”.

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