SNA: Sueño roto

En dos semanas el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) arrancará incompleto en el país: sin fiscal ni magistrados a nivel federal y con un considerable retraso en los estados.

El Senado no tiene previsto convocar a un periodo extraordinario para aprobar los nombramientos que faltan al SNA, lo que pone en duda la eficiente operación del último gran esfuerzo institucional para combatir la corrupción en el país.

Este ambicioso sistema, impulsado desde la sociedad civil, entrará en total vigor el próximo 19 de julio sin algunas de sus piezas clave, lo que pone en evidencia la politización en torno al mismo, y la poca voluntad de las fuerzas políticas para su total implementación.

Para los organismos de la sociedad civil que concibieron el SNA la resistencia política obedece a que el sistema pretende cambiar las formas de gobierno, lo que afectaría muchos intereses que se han beneficiado por el actual modelo político.

“El sistema quiere cambiar la forma en la que hoy se hace gobierno en México, la quiere alterar por completo y obviamente quienes han gozado de esta forma de hacer gobierno durante tantos años no quieren que esto suceda”, asegura Max Káiser, Director de Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Como implica fortalecer contrapesos, fortalecer mecanismos de fiscalización y cerrar espacios para la corrupción, por supuesto que hay grupos a los que les duele”, sostiene Edna Jaime, Directora de México Evalúa.

La implementación del SNA se encuentra en este momento en un escenario que no deseaba ninguno de sus impulsores, pues ante la falta de nombramientos hay un vacío institucional que inhibe la operación del sistema en plenitud.

Mientras se designa al Fiscal Anticorrupción, sus tareas podrían recaer en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, adscrita a la PGR, lo cual compromete la autonomía en las hipotéticas investigaciones.

Dicha unidad, asegura Edna Jaime, es débil, tiene pocas capacidades y poco personal y a su juicio nunca ha realizado una investigación profesional que llegue hasta sus últimas consecuencias en temas de corrupción.

“No es deseable que el sistema funcione así, no es deseable que el área de investigación y sanción penal no funcione, yo creo que es importante que se complete y que el sistema pueda empezar a funcionar como es debido”, sostiene.

Además de los nombramientos, otro de los pendientes que no será atendido por los legisladores por lo menos hasta el próximo periodo ordinario que arranca en septiembre es la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción.

La importancia de establecer el marco legal y el diseño institucional de la Fiscalía Anticorrupción radica en la asignación de los recursos humanos y materiales necesarios para que de resultados y, sobre todo, el dotarla de independencia y autonomía requeridas para que cumpla su propósito.

Proteger el Sistema

Para Max Kaiser, la negativa del Senado a convocar al periodo extraordinario es una mala noticia para la implementación del SNA, sin embargo, esto no significa que su operación esté comprometida ya que se trata de un proyecto a largo plazo.

“Es una pésima noticia que el Senado decida no entrarle a estos temas pero tampoco se muere el sistema con esto, vienen muchas cosas que tenemos que cuidar hacia adelante y tenemos que estar muy pendientes de que se hagan de manera adecuada. Esto que construimos es un sistema para las próximas décadas”, afirma.

Independientemente de la politización de la discusión sobre el Sistema, el Director de Anticorrupción del IMCO, asegura que los organismos de la sociedad civil tienen que seguir propiciando la discusión sobre la estructura, el funcionamiento y los perfiles necesarios para la conducción del SNA.

“Mientras la clase política está discutiendo el hoy y tratando de ganar simpatías y votos con discusiones hoy, quienes estuvimos metidos creando el sistema lo que queremos proteger es el mediano y largo plazo del sistema.

“El Sistema está más vivo que nunca y así lo vemos tanto en la Federación como a los niveles estatales, es la discusión más importante en todos lados y somos más los que queremos hacer que esto funcione que las pocas personas que quieren hacer que falle”, apunta.

Por su parte, Edna Jaime afirma que en cada eslabón del proceso de implementación se seguirán encontrando obstáculos y resistencia, por lo que es necesario que los actores de la sociedad civil continúen su labor para impulsar su funcionamiento y encontrar espacios susceptibles de mejora.

“No vamos a soltar el tema y no vamos a soltar el Sistema Nacional Anticorrupción porque es lo único que tenemos, no tenemos Plan B y tenemos que asegurarnos de que funcione”, señala.

Poco entusiasmo en los estados

Otro de los grandes obstáculos a los que se han enfrentado los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción es la resistencia de los gobiernos y congresos estatales para acelerar el proceso de implementación en sus respectivas entidades.

Aunque los organismos de la sociedad civil reconocen que sí hay un pequeño grupo de estados que han registrado un notable avance en la integración y conformación del Sistema de la mano con la sociedad civil, siguen siendo mayoría aquellos estados rezagados o que no han incluido en las discusiones a la sociedad civil.

“Hay  estados que van rápido o más o menos acelerados en la conformación de sus órganos jurídicos, pero no lo han hecho con la integralidad y la operación de la sociedad civil, que más bien parecen ejercicios de Congresos y Gobiernos que quieren tomarse la foto.

“Y luego tenemos un grupo de estados que pareciera que no es un tema prioritario, no solo están atrasados en las reformas constitucionales y legales sino que no parecen muy preocupados por los procesos que vienen después”, asegura Max Kaiser.

Edna Jaime, afirma que tras el seguimiento que le han dado al tema en los estados, el avance en algunos de ellos se debe principalmente al impulso y a los esfuerzos de la sociedad civil organizada, y no precisamente a las acciones oficiales.

“Al dar seguimiento a cómo van las reformas en los estados, uno puede reconocer que entusiasmo no hay, que ahí donde han avanzado es porque hay una sociedad civil que los está impulsando, que ha demandado una operación del Congreso bajo reglas de parlamento abierto, donde hay esta capacidad de presión.

“Donde no existe esta organización, los gobernadores y congresos no avanzan, van muy lento y lo más probable es que quieran dar albazos o improvisar. Los gobernadores que están acostumbrados a operar sin contrapesos, esta reforma les cambia las reglas del juego”, concluye.

La postura de Coparmex

A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), condenó la inacción de los legisladores para sacar adelante los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción y su negativa por llamar a un periodo extraordinario de sesiones.

“Lamentamos de los legisladores su incapacidad para lograr los acuerdos necesarios para convocar a un periodo extraordinario para consolidar de una vez por todas el Sistema Nacional Anticorrupción y entrar de lleno a la designación del Fiscal Anticorrupción y los magistrados especializados en la materia.

“Su decisión es una mala señal para el combate frontal a la corrupción, una demanda de los mexicanos”.

En el documento dado a conocer el pasado martes, los empresarios lamentaron que ante los retos de competitividad y generación de más y mejores empleos para el país, sean las instancias del gobierno las que se conviertan en un freno para el desarrollo de México.

“Hemos señalado la urgencia de generar los cambios de fondo que verdaderamente transformen a las instituciones públicas y gubernamentales en todos los niveles en verdaderos espacios de servicio y atención ciudadana que responda a las expectativas de una sociedad decidida a desterrar de una vez por todas a la corrupción y la impunidad”.

Freno a la agenda anticorrupción

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez asegura que la decisión del Senado de no convocar a un periodo extraordinario para desahogar los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción es una más de las estrategias de los legisladores para frenar el impulso de la transformación en materia anticorrupción en el país.

Bohórquez asegura que la agenda legislativa impulsada por la sociedad civil es mucho más amplia y trasciende el tema de los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y de los magistrados en la materia, ya que persisten grandes pendientes como la Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones y la discusión del fuero.

“En general no se ve que haya una agenda vibrante de parte del Congreso para enfrentar un problema de la magnitud del que tenemos”, recalca.

Advierte además de que es muy arriesgado que el Congreso ‘juegue’ de esta forma con la agenda anticorrupción y que la politice.

“No estamos en cualquier momento de la vida institucional del país. Es tal el agravio que pretender que esto se puede resolver solo con ardides políticos sería un error muy grave de la clase política en el país.

“Este asunto se tiene que resolver con resultados concretos, desmantelando las redes de corrupción y por otro lado ayudando a que las heridas sanen, cambiando las instituciones y permitiendo que los ciudadanos encabecen el Sistema Nacional Anticorrupción y que ayuden a salir de este círculo vicioso”, concluye.

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