Sistema Anticorrupción de Jalisco sigue vivo: castiga a funcionarios y empresas

El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco opera a plenitud en la entidad, como lo muestran los últimos informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría del Estado, aun cuando la utilidad de estas estructuras ha sido cuestionada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el más reciente Informe de Actividades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, cientos de servidores públicos locales han sido procesados por hechos de corrupción, no obstante que el primer mandatario de México ha insistido en que solo encuentra “simulación” en el funcionamiento de estos sistemas.

En contraste, en su informe 2023, Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía, expuso que suman 256 los servidores públicos vinculados por hechos de corrupción, así como 10 particulares y siete personas jurídicas.

En 2023 (se consideró hasta este 7 de diciembre), la Fiscalía Anticorrupción del Estado, uno de los entes más visibles del Sistema Estatal Anticorrupción, emprendió 810 carpetas de investigación por hechos de corrupción. En los casi seis años de funcionamiento de la institución esa cifra es de 5 mil 549.

En materia de castigos efectivos contra los servidores públicos jaliscienses que han incurrido en “corruptelas”, los resultados que ha obtenido hasta ahora esa instancia son los siguientes:

“Se han logrado tres sentencias condenatorias en contra de un ex servidor público del SIAPA por el delito de enriquecimiento ilícito, 1 ex servidora pública de COMUDE Guadalajara por peculado, quien fue inhabilitada por 26 años y nueve meses para ejercer como servidora pública y un ex recaudador del Tianguis de Guadalajara, por peculado, inhabilitado por seis años y ocho meses también por el delito de peculado”.

En lo que respecta a la Contraloría del Estado, otro de los eslabones del Sistema Estatal Anticorrupción, la dependencia reportó la imposición de un centenar de sanciones administrativas durante 2023, tanto a servidores públicos como a empresas privadas.

Así se expone en el “Quinto Informe de Actividades” del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez: “En materia de responsabilidades administrativas, entre enero y septiembre de 2023 se calificaron 548 faltas no graves y 38 faltas graves a personas servidoras públicas, y se (presentó) un total de 20 denuncias penales”.

Y complementa sobre los resultados que obtuvo la Contraloría que encabeza Teresa Brito Serrano, mediante los procedimientos de responsabilidad administrativa que desahogó en el periodo:

“Se determinaron diversas personas servidoras públicas responsables, imponiendo como sanciones: 42 inhabilitaciones, 38 suspensiones del cargo público sin goce de sueldo y 13 amonestaciones públicas; asimismo, 41 expedientes fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa, por tratarse de faltas graves”.

El marco legal anticorrupción también prevé sanciones para los empresarios que participan en “corruptelas”. “Fueron resueltos 21 procedimientos a proveedores y contratistas, inhabilitando a ocho empresas al determinar incumplimientos de conformidad con lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales y la Ley de Obra Pública”, se lee en el informe.

El SNA sobrevive a las intenciones del presidente

La sobrevivencia del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los sistemas estatales en la misma materia, incluso el de Jalisco, ha estado en vilo durante toda la presidencia de López Obrador quien ha manifestado su intención de desaparecerlos por su “ineficacia” en el combate a la corrupción.

El 25 de enero de 2023, por ejemplo, cuando se le cuestionó al presidente López Obrador, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y los obstáculos que ha tenido su funcionamiento, aseveró:

“Le quiero decir con toda franqueza, ese sistema se creó en plena corrupción, para simular de que se iba a combatir la corrupción. (…) Cuando aprobaron el Sistema Nacional Anticorrupción no se dieron cuenta de que en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción. Imagínese si no fue una vil simulación”.

Y complementó: “Lo que crearon fue el aparato porque así engañaban de que de esa manera íbamos a combatir la corrupción, íbamos a tener acceso a la información, no iba a haber monopolios, de todos estos organismos que se crearon”.

Aquel día, el presidente también se refirió específicamente a los sistemas estatales anticorrupción y su funcionamiento, luego de que se le cuestionara al respecto: “No me quiero reír a carcajadas. O sea, por favor. No, no es así. (…) No, no funcionan, y es simulación y es gasto innecesario, y es tener control de áreas estratégicas en donde se puede robar con impunidad. (…) No, yo no voy a promover eso, no voy a promover eso, nunca estuve de acuerdo con eso, no creo que eso ayude”.

En Jalisco, el sistema recupera recursos

Un aspecto en el que el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y particularmente su Fiscalía Anticorrupción, todavía presentan indicadores bajos, es el de la recuperación de los recursos que se han malversado en hechos de corrupción, o que han estado en juego en las prácticas ilícitas de este tipo.

Dicha Fiscalía reconoce que apenas ha podido recuperar algunas decenas de millones de pesos de los fondos involucrados en estos casos, durante toda su existencia: “En cuanto a los montos logrados por acuerdos reparatorios de daño para una suspensión condicional del proceso, del 2018 a 2023, se han logrado recabar cerca de 22 millones de pesos, montos destinados tanto para las víctimas, particulares y dependencias estatales afectadas por la actuación de los funcionarios públicos, pero también han servido como donativos a instituciones de beneficencia por concepto de reparación del daño a la sociedad“.