La injuria sindical

Los sindicatos nos dejaron “en visto”.

Los sindicatos no se cansan de ultrajar la nueva reglamentación de transparencia y rendición de cuentas y algunos suelen ignorar los cuestionamientos que hacen los ciudadanos, con base en la nueva reglamentación de transparencia y rendición de cuentas vigente en el país.

En un ejercicio de rendición de cuentas para conocer el trabajo de las organizaciones sindicales, Reporte Indigo envió solicitudes de transparencia a las gremiales que a partir del 5 de mayo pasado están en el catálogo de sujetos obligados.

Fue posible enviar una solicitud de información a 118 organizaciones en el país. De ellas, 89 respondieron a los cuestionamientos, pero 29 de plano hasta la fecha la solicitud aparece en estatus de “sin respuesta”. Es decir, los sindicatos ni siquiera hicieron el intento por responder a los cuestionamientos.

Las organizaciones gremiales no pidieron extensión del plazo para otorgar la respuesta, no pidieron explicación con más detalle acerca de algún punto de la petición, tampoco refirieron a un vínculo en Internet en donde ya estuviera su información publicada. Sólo no respondieron.

Una de las peticiones que se realizó fue el monto de recursos que reciben de dinero público para el desarrollo de sus actividades, el salario de los integrantes de sus dirigencias, el tiempo que lleva en el puesto su actual dirigente, el número de agremiados a los que representan, el método utilizado para la selección de personal y si se pueden heredar las plazas de trabajo en la organización a un familiar.

También se les cuestionó sobre los requisitos que se solicitan para pertenecer a la organización y si tienen constituido un fideicomiso para el manejo de los recursos y cuáles son.

Entre ellos se encuentra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), organización que ni siquiera emplea el sistema Infomex para responder a las solicitudes de información. No ha respondido ninguna solicitud de información pública a través de esta página y se ha amparado para dar a conocer el sueldo de su principal dirigente, Carlos Romero Deschamps, así como las conquistas y privilegios de los que goza el sindicato -las conquistas laborales-.

Por poner un ejemplo, el personal sindicalizado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como parte de sus conquistas laborales el pago de la luz eléctrica que gasta en su casa particular. En el caso de los petroleros se desconocen las negociaciones.

En el listado de los sindicatos más opacos también están el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, el de Trabajadores del Conacyt, el Sindicato Independiente y el Sindicato Vanguardia Nacional de los Trabajadores de la SCT, el Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

En la Universidad Autónoma Metropolitana se regocijan de ser muy transparentes y de rendir cuentas. Tienen una página de Internet sobre sus obligaciones de transparencia y está publicado el Acuerdo 11/2016 del rector general, pero el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana optó por no contestar las preguntas.

Tampoco respondieron a la solicitud de información el Sindicato de Empleados del Fonacot, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Pronósticos, los de la Lotería Nacional, el de la Procuraduría General de la República, el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Secretaría de Economía, el Sindicato Único de los Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría ni los de Sedatu ni Semarnat, entre otros.

Para estas organizaciones que reciben dinero público, es como si no existiera la Ley de General de Transparencia.

Deben dar la información

Los sindicatos que reciben dinero público son susceptibles de rendición de cuentas.

Desde la reforma a la Ley General de Transparencia aplicada el 5 de mayo pasado, las organizaciones gremiales deben informar de manera transparente en qué destinan los montos que reciben del erario.

En varias ocasiones se han debatido en el INAI los alcances de la ley y se ha resuelto que las organizaciones no tienen obligación de dar cuenta de las cuotas sindicales y otros apoyos privados de los que pudieran allegarse. El dinero, una vez en la bolsa de los trabajadores, se convierte en un recurso privado, no sujeto de transparencia, según la ley actual.

En teoría sí deberían informar qué hacen con los montos que reciben de las diferentes dependencias; en la práctica, se quedan cortos.

El nuevo régimen legal plantea también Obligaciones de Transparencia, es decir, aquellas informaciones que deberán estar disponibles en todo momento y actualizadas para la consulta de los ciudadanos.

Los sindicatos deben proporcionar al público su domicilio, número de registro, los integrantes del Comité Ejecutivo y su vigencia -uno de los puntos que se les preguntó- y las comisiones que ejerzan funciones de vigilancia, sus tomas de nota, el estatuto, padrón de socios, las actas de asambleas, así como los reglamentos interiores de trabajo.

“Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo”, refiere la ley en el artículo 78.

La ley protege a los sindicatos en lo referente a la difusión de diversa información privada, tal como los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. En las solicitudes tramitadas por Reporte Indigo para el ejercicio, sólo se solicitó información pública.

El artículo 79 indica que “los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente”.

Es evidente que organizaciones como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) carecen hasta de página institucional para la publicación de esta información.

Tienen papel público; deben responder: INAI

Es claro que los sindicatos a los que se les dirigió la información reciben recursos públicos de manera corriente, por ello tuvieron que responder la información, confirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Son instituciones que tienen un papel público y de esa manera deben responder”, expresó el comisionado Acuña Llamas en entrevista. “Los sindicatos ya son sujetos obligados, pero de manera selectiva, dependiendo. Son sujetos obligados siempre y cuando la solicitud que se les hace tenga que ver con alguna situación que los comprometa de haber recibido recurso público.

“Son sujetos obligados de manera probable y en la medida en que las preguntas o la inquietud de acceso a la información pública tenga que ver con la conexión de su función con dinero público. Que reciban recursos de alguna institución pública”.

Es el caso de las 29 organizaciones gremiales a las que este medio les solicitó la información. Llama la atención que todas están incluidas en el catálogo oficial de sujetos obligados y no hayan siquiera respondido algunos de los cuestionamientos.

Si se tratara de organizaciones de trabajadores de empresas privadas, no se podría tener derecho a estos datos.

“Si son sindicatos de instituciones públicas. Son sindicatos de los trabajadores que participan en el Estado, en las instituciones públicas, como el caso de Pemex o el Sindicato de la Autónoma Chapingo, deberían de responder. Sin duda. Porque ellos sí reciben un flujo constante de apoyo público para, precisamente, apoyar las causas de los trabajadores, en los contratos colectivos… en esas organizaciones está presente la irrigación de dinero público, no cabe duda de que ellos tendrían que haber respondido”, sentenció.

De no responder, los solicitantes tienen que interponer un recurso de revisión para que el pleno del INAI evalúe la situación ante la falta de respuesta de las organizaciones sindicales que se niegan a otorgar la información a través del sistema mexicano de transparencia.

“Me temo que si repites el ejercicio con estas 29 organizaciones que no te dieron respuesta probablemente incurran en la misma situación, lo cual estaría muy mal. Pero ya con la vía del recurso nos darías potestad de intervenir, porque así, aunque nos enteremos del caso -que seguro se va a difundir- no podríamos ir con legitimidad a decir ‘oye, respóndele ahora’, porque estamos fuera del contexto que la ley prevé nuestra intervención”, declaró.

Es importante que los solicitantes se quejen ante el INAI ante la falta de respuesta para que de esta manera puedan intervenir, comentó Francisco Javier Acuña Llamas.

La gente sí pregunta

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que en 2015 se presentaron 120 mil 794 solicitudes de información.

Los sujetos obligados, de acuerdo con la normatividad de transparencia, son las entidades públicas, organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.

A partir de que cobró vigencia la Ley de Transparencia, se supone que cualquier persona interesada en conocer información sobre dichas instituciones públicas puede presentarles una solicitud de acceso a través de www.infomex.org.mx.

Ley General de Transparencia

Siete meses después que se echó a andar esta legislación, los ciudadanos mexicanos realizaron sus peticiones de transparencia y rendición de cuentas a los siguientes organismos:

>3,602 solicitudes fueron para el Poder Judicial de la Federación
>3,072 requerimientos recibieron los fideicomisos y fondos públicos
>1,789 fueron para el Poder Legislativo Federal
>637 peticiones recibieron los organismos integrados por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones
>1,223 solicitudes de información a los sindicatos dirigieron los ciudadanos
>1,657 requerimientos de información a los partidos políticos
>1,278 solicitudes a instituciones de educación superior autónomas
>672 peticiones recibieron los Tribunales Administrativos
>6,223 requerimientos recibieron los organismos autónomos
>141,160 solicitudes de acceso a la información pública se presentaron en 2016, según cálculos del INAI