Sinaloa, omisa ante casos de trata de personas
Las autoridades de la entidad han sido omisas en el combate contra la trata de personas, por la inexistencia de sentencias condenatorias en este rubro y el desinterés por instalar la Comisión Interinstitucional para erradicar ese delito
Luis HerreraEl estado de Sinaloa resultó mal evaluado en el combate de la trata de personas de 2019 a 2020, ante la inexistencia en el ámbito local de sentencias condenatorias contra los responsables de ese delito, y la carencia de una Comisión Interinstitucional en la materia.
Lo anterior se encuentra plasmado en el “Informe 2019-2020” de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del Gobierno de México, cuya versión final ya se encuentra publicada en el portal de ese organismo.
De acuerdo con el análisis que elaboró la también llamada Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, Sinaloa es uno de los pocos estados del país que aún carece de una Comisión Interinstitucional Estatal (CIES) en este rubro, a pesar de que el combate de la trata de personas requiere de un esfuerzo coordinado entre múltiples dependencias de los distintos órdenes de Gobierno.
La Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas invita a la videoconferencia: Trata y explotación sexual infantil, el papel del personal de salud
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Luego de hacer un recuento de todas las acciones que deben desplegar las autoridades federales y locales para erradicar la trata de personas, y que contemplan desde su prevención, hasta la persecución y sanción de los responsables, y el rescate y auxilio de las víctimas, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas señala que requieren, principalmente, de coordinación.
“Esta serie de acciones complejas, requieren de una actividad interinstitucional coordinada. Para tal efecto, cobra especial importancia la consolidación de las Comisiones, Consejos o Comités Interinstitucionales estatales (CIES); cuerpos colegiados que permiten la configuración de los diferentes niveles de coordinación para los trabajos que se realizan en el ámbito local y federal”.
El documento señala que desde el año 2019 el Gobierno federal les ha insistido a los Gobiernos estatales que han sido omisos en la instalación de su Comisión Interinstitucional, como es el caso de Sinaloa, en que subsanen esta deficiencia que afecta el combate de la trata de personas.
“Por otro lado, con base en las recomendaciones realizadas por la ASF (Auditoría Superior de la Federación) se exhortó a los estados que aún no contaban con CIES y se proporcionó asesoría por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión, a efecto de que realizaran las acciones a que hubiera lugar para su instalación”, dice el Informe.
Sin embargo, Sinaloa y otros dos estados del país terminaron ignorando este llamado del Gobierno federal.
“En 2020 se hizo de conocimiento la instalación interinstitucional de Nayarit, quedando aún por constituirse la comisión de Baja California, Sinaloa y Yucatán. Así, se tiene que 29 entidades federativas, es decir, el 90.6 por ciento de los estados, cuentan con comisión”.
De esta manera, Sinaloa ha estado ausente durante las reuniones nacionales que se han celebrado entre las autoridades federales y las Comisiones Interinstitucionales Estatales del país, para articular la estrategia nacional contra la trata de personas.
La impunidad
La otra gran omisión del Gobierno de Sinaloa y sus autoridades ministeriales que se documenta en el Informe de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, es que durante el periodo analizado no obtuvieron ninguna sentencia condenatoria contra los responsables de ese delito en el estado.
De esta forma, tanto en el año 2019 como en el 2020 los operadores de las redes de trata en esa entidad federativa, caracterizada por una fuerte presencia del crimen organizado, pudieron lucrar con la explotación de sus víctimas en total impunidad.
“Siete Poderes Judiciales locales no reportaron la emisión de sentencias relativas al delito de trata de personas en 2019, siendo los correspondientes a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Quintana Roo y Sinaloa”, señala el documento.
En el año 2020, por su parte, Sinaloa volvería a figurar entre los estados donde prevalece esta impunidad alrededor de la trata.
¿Sabías que hay pocas sentencias condenatorias por trata de personas en México?
Urge mejorar la investigación penal de este delito y evitar la re victimización. pic.twitter.com/5AeyrQ4pNf— ObsNalCiudadano (@ObsNalCiudadano) July 31, 2022
“Mientras que los poderes judiciales de los estados de Aguascalientes, Campeche, Jalisco, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no reportaron la emisión de sentencias sobre el delito en mención”.
Sin embargo, la otra cara de la moneda son los Gobiernos locales que sí han estado combatiendo la trata de personas, y que han obtenido sentencias condenatorias contra los responsables. Por ejemplo, en el año 2019, en el país se emitieron un total de 125 sentencias estatales: 88 son condenatorias, 36 son absolutorias y 1 de carácter mixto; mientras que en el año 2020: se tiene conocimiento de 49 sentencias estatales emitidas: 45 son condenatorias y 4 son absolutorias.
Víctimas invisibles
La capacidad de detección de víctimas de trata por parte de las autoridades locales de Sinaloa también se mostró reducida en el Informe de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, pues apenas se registraron a seis de ellas en el año 2019, mientras que en todo el año 2020 no identificaron ni una sola víctima de este delito.
Lo anterior, de acuerdo con la información que la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas recaba de las propias entidades federativas del país.
En materia de procuración de justicia, el Informe indica que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió únicamente seis carpetas de Investigación durante el año 2019, y otras siete durante el 2020, mientras que en el plano nacional sumaron en términos totales 541 y 551 por cada uno de esos años, considerando solo el fuero común del que se hacen cargo las Procuradurías y Fiscalías de los Estados.
