Sinaloa, fallas en la lucha anticorrupción

La evaluación que se realizó al Sistema Anticorrupción de Sinaloa, y que fue encabezada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), encontró múltiples deficiencias en su operación, destacando que sus órganos responsables de ese combate podrían estar en manos de funcionarios sin el perfil idóneo para esas tareas.

“No hay garantía de que los Perfiles Profesionales de Titulares y autoridades de los Órganos Internos de Control sean idóneos, ya que no se requiere una certificación de capacidades para ocupar dichos cargos”, señala el informe.

Entre los hallazgos de la revisión también se encontró que el marco legal de Sinaloa no garantiza que los órganos que despliegan el combate de la corrupción tengan titulares con los conocimientos y la experiencia que estas funciones ameritan.

De igual forma, se constató que las autoridades de Sinaloa deben brindar mayores facilidades para que los ciudadanos puedan denunciar los actos de corrupción de los que tienen conocimiento; y que el estado carece de una normativa y de un programa que tengan como objetivo específico la protección de las personas que han reportado un hecho de corrupción.

“Falta de un sistema único de denuncias de probables actos de corrupción que facilite realizarlas de forma virtual resguardando la identidad del denunciante”, agrega el estudio.

Sobre el informe

El Informe sobre Sinaloa forma parte del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Prevención de la Corrupción en México” que desarrolla en el país la UNODC, y más en específico, deriva del componente denominado “Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la Aplicación de la CNUCC (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) en México”. 

El documento, como lo señala el título del componente, está basado en la revisión que instituciones de otros estados aplicaron sobre las instancias Anticorrupción de Sinaloa, sin embargo, también se incluyen los resultados de autoevaluaciones que fueron elaboradas por los propios entes sinaloenses.

El Informe de la UNODC, publicado en enero de 2023, tomó en consideración los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), donde se detectó un aumento en la percepción de corrupción en ese estado que gobierna Rubén Rocha Moya.

“El porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad federativa fue de 84.8 por ciento en 2019 y de 85.9 por ciento en el 2021, lo que significó un incremento en la percepción de 1.1 por ciento entre ambos periodos”.

Denunciantes vulnerables

La protección de las personas que denuncian actos de corrupción es un elemento relevante previsto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, específicamente en su Artículo 33.

“Resalta la importancia de considerar proteger a las personas que podrían tener información que alerte o derive en una investigación por hechos de corrupción. Las ‘personas que denuncian’, como hace referencia la CNUCC, son aquellas que podrían tener elementos que no necesariamente son probatorios dentro de un procedimiento judicial; pero que sí podrían ser un indicio de la comisión de un delito”, dice el Informe de la UNODC.

Sin embargo, en Sinaloa se pasa por alto este lineamiento, pues se corroboró que no existe en la entidad ninguna normativa y tampoco alguna estrategia que tengan por objetivo la protección de los denunciantes de corrupción.

“En el estado de Sinaloa no se cuenta con un marco normativo que garantice la protección de denunciantes. (…) Falta de un programa de Protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción para el estado de Sinaloa, y con ello contar con personas servidoras públicas capacitadas en el Programa de Protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción”, dice el documento.

Justo por ello, entre las recomendaciones que se le hacen al estado de Sinaloa por parte de la UNODC se encuentra que se corrija esta deficiencia, para evitar que los denunciantes de corrupción —incluyendo servidores públicos—, caigan en una situación de vulnerabilidad.

“Considerar reformas a la ley en materia administrativa, penal y laboral en las que se establezcan medidas de protección contra tratos injustificados de los que pudieran ser objeto las personas que denuncian, estableciendo de manera concreta las instituciones que deben decretar u otorgar las medidas, las instituciones que deben ejecutarlas (…), los criterios razonables para su otorgamiento (…) y las responsabilidades de las autoridades en caso de omisión, entorpecimiento o negligencia”.

Estas medidas, indica, deben contemplar las características de las personas denunciantes al interior de las propias instituciones y personas denunciantes externas a las instituciones públicas.

Correcciones propuestas

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha pronunciado contra la corrupción; el 31 de enero de 2022, por ejemplo, al referirse a la asignación de obras públicas.

“Hoy no va a haber corrupción y lo que quiero es que ustedes que son los medios a través de los cuales la población se entera de las cosas, le den seguimiento, todos los procedimientos que se tienen que hacer”, dijo.

Sin embargo, la UNODC señala que un combate eficaz de la corrupción en Sinaloa requiere de varios ajustes.

“Incorporar al marco legal la creación de un sistema único de recepción de denuncias en materia de corrupción, generar un padrón de proveedores para evitar contrataciones con empresas facturadoras de operaciones simuladas e identificar a las personas propietarias o accionistas y regular la contratación de servicios que puedan generar altos costos a la entidad o que sean difíciles de comprobar (como consultorías, estudios, iniciativas de ley)”.