Sinaloa en llamas y con videovigilancia raquítica

Aunque las dos capturas de Ovidio Guzmán López —la primera de ellas con un final fallido— evidenciaron que el Cártel de Sinaloa puede tomar por asalto las localidades de ese estado en cuestión de minutos, con el despliegue inmediato de cientos de sus integrantes, esa entidad aún es una de las peor equipadas del país en materia de videovigilancia.

Han transcurrido más de tres años desde el “Culiacanazo”, como se le nombró al operativo del 17 de octubre de 2019, que había implementado el Ejército Mexicano para detener a Guzmán López, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el cual terminó abortado y con la liberación del presunto criminal, ante la violenta reacción del grupo delictivo que, en un pestañear, había logrado la ocupación de Culiacán.

La detención exitosa que se lograría de Guzmán López el 5 de enero de 2023 generó en Sinaloa un escenario similar al del “Culiacanazo”, con cientos de vehículos robados por los miembros del cártel para implementar simultáneamente múltiples bloqueos que obstaculizaran el operativo federal,  así como la extracción del estado del presunto líder delictivo.

Sin embargo, el Cuarto Informe Anual de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” que elabora el Gobierno de México, muestra que ni estos dos antecedentes, ni el hecho mismo de que Sinaloa sea el bastión de ese poderoso cártel, han conducido a que las autoridades locales fortalezcan su infraestructura de videovigilancia.

Según el documento, con información actualizada al 31 de diciembre de 2022, Sinaloa cuenta apenas con 583 cámaras instaladas en su territorio, lo que lo hace el cuarto estado del país con el sistema de videovigilancia más raquítico, aun cuando uno de esos despliegues masivos del cártel podría repetirse en cualquier momento.

De esta manera, solamente hay tres entidades federativas con una infraestructura de videovigilancia aún más pobre que la de Sinaloa: Nayarit, el peor estado del país en este tipo de equipamiento para la seguridad pública, con solamente 174 cámaras instaladas; seguido por Baja California Sur, que únicamente tiene 223 de estos aditamentos; y por el estado de Puebla, donde las autoridades registran apenas 494 videocámaras para el combate de la inseguridad.

Para dimensionar el rezago en este rubro del estado de Sinaloa que gobierna Rubén Rocha Moya, puede citarse el caso de la Ciudad de México, que aparece en este Informe federal como la entidad del país con el mejor equipamiento en este sentido, al sumar 69 mil 533 cámaras instaladas para el ámbito de la seguridad pública, mientras que en todo el territorio  nacional se registraron un total de 149 mil 134 videocámaras.

La ocupación de Culiacán

Durante el llamado “Culiacanazo” del 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional identificó una decena de puntos en el municipio donde se presentaron agresiones por parte de integrantes del Cártel de Sinaloa, y en los cuales habrían participado alrededor de 360 presuntos criminales, según el Informe público que se rindió sobre el caso.

En el primer punto, se detectaron 30 agresores con seis vehículos; en el segundo, 40 agresores con ocho vehículos; en el tercero, 40 agresores con ocho vehículos; en el cuarto, 20 agresores con cinco vehículos; en el quinto se informó de la agresión cometida contra la Unidad Habitacional Militar; en el sexto se identificaron 20 agresores con cuatro vehículos; en el séptimo, 15 agresores con tres vehículos; en el octavo, fueron 150 agresores con 30 vehículos; en el noveno, 20 agresores con tres vehículos; y en el décimo, donde se cometió una agresión al personal del destacamento de seguridad “El Fuerte”, hubo 40 agresores con seis vehículos.

Aquellos hechos dejaron ocho fallecidos (un civil, un agente de la Guardia Nacional, un Interno, y  cinco agresores).

En su reporte del 6 de enero de 2023, sobre la captura de Guzmán López, ocurrida un día antes, también en Culiacán, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, hizo un recuento de los múltiples bloqueos y agresiones  que volvió a desplegar el cártel en el estado:

“Aquí tenemos los bloqueos, (…) los nueve bloqueos que se llevaron a cabo en la ciudad (de Culiacán) (…): en el boulevard Pedro Infante y Juan M. Zambada; bulevar Pedro Infante y Manuel Sarabia; Rolando Arjona y Lola Beltrán; carretera México 15 y Espacios Barcelona; carretera El Dorado, campo El Diez; boulevard Enrique Cabrera y Rotarismo; calzada Heroico Colegio Militar-Constitución; bulevar José Limón en Plaza Sendero; bulevar Sánchez Alonso-Diego Valadez.

“Entre agresiones y bloqueos en Mazatlán y en Los Mochis (…), aquí tenemos en Mazatlán, en la carretera 26; en la caseta Mármol; la carretera México 15, La Concha, Sinaloa; carretera internacional; la carretera estatal Aeropuerto-Mazatlán; Carretera Internacional Maxipista Kilómetro163; Carretera Internacional Venadillo-Los Zapotes”.

Y finalmente, reportó los ataques llevados a cabo en Los Mochis.

“La carretera México 15 libramiento; carretera México 15-San Miguel Zapotitlán, y en 5 de Mayo. Y en Escuinapa (…agresión al 86 Batallón de Infantería…), y la agresión al 43 Batallón de Infantería”.

Aquel día se contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley, dijo, y diez militares perdieron la vida. Las aseguradoras estimarían que estos bloqueos se realizaron con 256 vehículos, de los cuales 40 fueron quemados.

Sin crecimiento

Pese a este rezago que presenta Sinaloa en su infraestructura de videovigilancia, la gestión del gobernador Rocha Moya solamente ha procedido a reponer algunos de los equipos instalados en la entidad, pero no ha expandido los alcances del sistema, según el Primer Informe de Gobierno 2022.

En el documento que publica el Gobierno de Sinaloa se reconoce que los sistemas de videovigilancia “son parte fundamental”, indica, de las “acciones encaminadas a la prevención y persecución de los delitos”, no obstante, precisa: “Para mantener y mejorar la cobertura de video vigilancia, se ha realizado el restablecimiento de 50 puntos de monitoreo inteligente”.