“Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad”
El 10 de junio pasado se anunció que el Papa Francisco creó un tribunal en el Vaticano para juzgar a los obispos que han protegido los abusos sexuales
De todas las averiguaciones previas que ha iniciado la Fiscalía General de Jalisco en contra de religiosos, básicamente sacerdotes católicos, por pederastia y otros ataques sexuales en los últimos ocho años, ninguna ha concluido en una sentencia que lleve a los responsables a pisar la cárcel.
El reclamo que despierta la impunidad de estos hechos en el mundo llevó recientemente al Papa Francisco a crear un tribunal en el Vaticano para juzgar a los obispos que han protegido los abusos, según se anunció el 10 de junio pasado.
Aquí en Jalisco un tercio de las investigaciones abiertas por estos ilícitos entre 2007 y 2014, está hoy en el archivo –31 por ciento-, sin que la Fiscalía prosiga con las mismas para ejercer la acción penal contra los sacerdotes.
“Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad”, no es un dicho de las víctimas, sino de los propios obispos mexicanos, en su mensaje de 2010 “Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna”.
El 22 de mayo de 2014 Reporte Indigo publicó la existencia de tres averiguaciones por agresiones sexuales de sacerdotes hacia menores de entre 10 y 17 años: dos en Guadalajara, en 2009 y 2012, y la tercera en Puerto Vallarta, en 2010.
En agosto de 2014 la Fiscalía actualizó sus datos en un nuevo informe, por orden del Instituto de Transparencia e Información Pública, que revela en total 13 casos de pederastia y ataques sexuales de sacerdotes, en ese lapso de 2007 a 2014.
Existen otras cuatro indagatorias también contra ministros religiosos, pero ajenas al ámbito sexual y la pederastia, sino por delitos como daño a las cosas y maltrato al infante.
En los 13 hechos que sí son de índole sexual, hay constancia de 16 víctimas, de estas, 12 son menores de edad, es decir, tres de cada cuatro.
Más en detalle, cuatro víctimas tienen edades que van de los cuatro a los nueve años; ocho de los 11 a 17 años, y cuatro son mayores de edad. De ellas, 11 son mujeres y cinco varones.
La mayoría de los hechos sucedió en Guadalajara (siete); seguido de Zapopan y Puerto Vallarta, con dos cada uno, Ayutla con uno y otro caso que no fue especificado.
Son distintos los tipos penales con que la Fiscalía clasificó estos actos que implican a religiosos: abuso sexual infantil, cuatro; acoso sexual, uno; atentados al pudor, cuatro; y violación, cuatro.
Antes que se tipificara el abuso sexual infantil, el 18 de octubre de 2012, la Fiscalía sólo disponía del tipo penal de violación, que utilizaba tanto para ataques con víctimas adultas como infantiles, por eso los casos más antiguos todavía aparecen de la segunda manera.
Justicia archivada
De las 13 averiguaciones abiertas contra sacerdotes por casos de pederastia y abusos sexuales, hay cuatro de 2007, 2008, 2011 y 2012 que ya no están en curso por parte de la Fiscalía, sino archivadas.
Tres de estas en Guadalajara y una en Ayutla, así que hay pocas posibilidades de que las víctimas vean el día en que se haga justicia o se repare el daño.
La Fiscalía justifica en su reporte la inactividad en estos expedientes, recurriendo a los supuestos en la ley, en los que, dice, a criterio del agente del Ministerio Público (MP):
“Si de las diligencias practicadas no resultaren elementos suficientes para consignar, pero apareciere (sic) que con posterioridad podrían allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará provisionalmente el expediente hasta que se obtengan estos datos”.
O bien, que si el agente estima “que no es de ejercitarse la acción penal, podrá remitir el expediente con su opinión fundada al fiscal general a fin de que decida si la averiguación debe continuar, si se suspende en espera de mejores datos o si se archiva definitivamente”.
Otros cuatro casos más recientes de 2011, 2013 (dos) y 2014 siguen en proceso, y en cinco más sí hubo consignación: tres involucran a católicos, y dos a un pastor y un ministro cristiano.
Las tres consignaciones de católicos son estas:
Una data de 2009, en Guadalajara, por atentados al pudor hacia una menor de 17 años; otra de 2010, en Puerto Vallarta, por atentados al pudor hacia una niña de 11 años; otra de 2011, en Zapopan, por violación en tentativa contra una niña de 15 años.
La del pastor fue por abuso sexual infantil y violación pues atacó a una niña de 15 años y una joven de 19 años, en Guadalajara; la del ministro cristiano se dio en 2008, en Puerto Vallarta, por violación equiparada hacia una niña de sólo cuatro años de edad.
Al amparo de la impunidad
La Fiscalía no precisa si todas las causas consignadas cuentan con detenidos, es decir, si se aprehendió a los religiosos, aunque es poco probable que así sea, según su siguiente apunte:
“De la búsqueda de la información en las áreas competentes de esta Fiscalía, se informó que no se ha registrado sentencia condenatoria alguna que haya sido debidamente notificada al MP en contra de sacerdotes o ministros religiosos”. O no hubo capturas o perdió los casos.
Ironía o no, el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles, y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que preside, han hecho críticas severas a las autoridades por la impunidad, la ilegalidad e injusticia imperantes.
El 17 de febrero, en el mensaje “¡Alto a los corruptos!”, la CEM se dice preocupada por el país, “aquejado, desde hace muchos años por el grave mal de la corrupción, ‘que favorece la impunidad y el enriquecimiento ilícito, la falta de confianza con respecto a las instituciones políticas, sobre todo en la administración de la justicia y en la inversión pública, no siempre clara, igual y eficaz para todos’”.
El 16 de noviembre de 2014, Robles habló del mensaje de la CEM “¡Basta Ya!”:
“Hagamos el mejor esfuerzo por ponerle un basta a los asesinatos, a la impunidad, a la corrupción, a la injusticia y nos decidamos a construir un México basado en el cumplimiento de las leyes”.
Ya en 2010, la CEM decía: “Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad (…) -por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción-”.
