La Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, a cargo Ricardo Pedraza, se ha convertido en un espectador más ante la mala calidad del aire en el área metropolitana, al no investigar más de 185 denuncias ciudadanas por diversos actos de contaminación.
Hasta el momento no existen acciones contundentes para mitigar la contaminación de las empresas explotadoras de caliza, llamadas pedreras, pese a que durante la semana pasada la entidad presentó alto índices de partículas PM10 y PM2.5.
El presidente del Comité Ecológico Pro Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga, entregó al Congreso local evidencias que comprueban que la Procuraduría no tiene voluntad para resolver estas denuncias.
185
“Falta la procuración de justicia ambiental, el año pasado se presentaron 185 denuncias, y no contestó ninguna”, aseguró Martínez Berlanga.
La mayoría de los recursos legales fueron levantados por perjuicio al medio ambiente por parte de las empresas.
Dentro del expediente DA/053/2018, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinte de Nuevo León resuelve que la pedrera Matrimar no contaba con los permisos para la ejecución de actividades. Como su operación estaría dañando el medio ambiente de la Sierra de Picachos, el tribunal solicitó a la procuraduría estatal un oficio para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
81
“En la que ponga a su disposición la maquinaria, objetos e instrumentos y demás inmobiliarios a esta empresa Matrimar, que fue motivo de aseguramiento por parte de la dependencia estatal para que la Profepa se allegue de información y elementos que le permitan investigar cualquier infracción a la normativa ambiental”, dice el tribunal.
Los ejidatarios de Benavides Grande y Benavides Olivares, a través de Aristeo Benavides, entregaron este ordenamiento a la Procuraduría estatal, pero ésta se negó a que la Profepa continuara con las investigaciones.
“En virtud de lo expuesto en el considerado primero, dígase a Aristeo Benavides que no hay lugar proveer de conformidad a su petición inherente a que se gire oficio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para los afectos que refiere y se acuerda”, contesta el oficio SDS/PEDS/874/18 de la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable.
En Nuevo León existen 81 empresas explotadoras de caliza que operan en diferentes municipios del área metropolitana y parece que no hay intención de investigar los índices de contaminación que generan.
En enero de este año, la organización Únete Pueblo exhibió públicamente una solicitud de transparencia que exhibe que de este universo de empresas, 29 operaban de manera irregular y 11 carecen de los documentos necesarios para la explotación de caliza.
29
La líder de esta organización, Rocío Montalvo, aseguró que la autoridad estatal no ha hecho nada para resolverlo.
11
“Preocupa, aunque la autoridad tiene conocimiento de la situación, no ha hecho nada para frenar dicha operación ilegal”, señaló la activista.
Acusan que denuncias no proceden
Aristeo Benavides, líder de los ejidatarios de las comunidades de Benavides Grande y Benavides Olivares del municipio de Cerralvo, considera que la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable no atiende las denuncias de los pobladores.
“Ellos piensan que sólo soy yo quien pone las quejas, pero somos un grupo de comuneros tratando de hablar con el secretario, pero se tardan como 8 meses en contestar y no hacen nada. Dicen que van y luego nos dicen que no hay emisiones y eso que le muestro videos. Nos dicen que no procede, siento que la Procuraduría en lugar de alentar la denuncia entre la ciudadanía, nos hace sentir que para qué si no van hacer nada o no procede”, considera.
Benavides agregó que la procuraduría no defiende al ciudadano; al contrario, sospecha que está ayudando a las pedreras, sobre todo a la que está ubicada en el municipio de Cerralvo, que afecta el medio ambiente de estas comunidades.
“El procurador una vez me mencionó ‘es que vienes tú sólo’, y le enseñé a cuántos comuneros represento. Puede ser uno o un millón de personas, pero la queja se debe atender de manera legal y no lo hacen, ahí la dejan meses”, dijo el líder ejidatario.
La Iglesia por el medio ambiente
El padre José Manuel Guerrero, integrante de la Comisión Arquidiocesana del Medio Ambiente, considera que el gobierno está ocultando información sobre la realidad que se vive por la contaminación en el área metropolitana, y esto abre la puerta para no aplicar la justicia.
“Es un derecho que tenemos y las autoridades que debieran aplicar la justicia y las normas ambientales. Están con oídos sordos, se hacen los ciegos y se hacen los sordos a esta realidad tan difícil. Tal vez en medio de todo esto haya corrupción, haya intereses del Gobierno y empresarios, y la población como siempre, a la deriva”, señala Guerrero en entrevista con Reporte Índigo.
El también padre de la parroquia el Sagrado Corazón del URO, ubicada en el municipio de Santiago, agregó que cada vez ha visto más casos de personas con problemas respiratorios a consecuencia de la contaminación.
“Yo lo que observo, que yo palpo con los enfermos que llegan al templo, es que hay aumento de las enfermedades respiratorias y no podemos negar que hay una contaminación creciente y de parte de las autoridades no hay una respuesta. Creo que nosotros mismo tenemos que exigirnos cuidar el medio ambiente, crecer social y ecológicamente. Por eso vamos a marchar el próximo 9 de junio, para exigir una mejor calidad de aire”, consideró el padre.
Añadió que es preocupante la situación que se vive por la contaminación en el área metropolitana.
“Vamos a un precipicio sin retorno con todos los problemas ambientales que tenemos”, concluyó el párroco.
