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En el Alto Golfo de California flotaba boca arriba el cuerpo de la primera vaquita marina muerta en 2019, una especie al borde de la extinción que sólo existe en México.
Dos barcos de la expedición de Sea Shepherd, organización que se encarga de proteger la vida silvestre en los océanos, encontraron sus restos en una red de pesca a pesar de que se trata de una zona protegida.
El ejemplar ya no tenía cabeza ni una de sus aletas y era color blanco por su estado de descomposición. Los ambientalistas encendieron un dron para fotografiarlo antes de que la corriente lo alejara o se hundiera aquel martes 12 de marzo por la mañana.
Cuando pudieron capturar el cadáver, éste comenzó a sangrar. Los activistas lo llevaron a San Felipe, Baja California y lo entregaron a elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) para una prueba genética de identificación.
El miércoles 13 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una necropsia y encontró que se trataba de una hembra adulta de 1.40 metros.
De acuerdo con el décimo primer reporte del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA), con fecha del 19 al 21 de febrero de este año, sólo unas diez vaquitas siguen vivas y existe 95 por ciento de probabilidad de que el valor verdadero comprenda entre seis y 22 ejemplares.
Ahora, la administración del actual presidente de la República también deberá enfrentar la amenaza de romper la veda a partir de este viernes 22 de marzo por parte de la Federación de Pescadores Ribereños de San Felipe, Baja California, y del Golfo de Santa Clara, Sonora. Los líderes pesqueros anunciaron el ultimátum en conferencia de prensa el miércoles 13 de marzo, un día después de que fue hallada la primera vaquita marina muerta de 2019.
Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que pese a las acciones de conservación del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de vaquitas marinas ha disminuido por la captura ilegal del pez totoaba, su principal amenaza mortal.
“Durante la pasada administración del presidente Enrique Peña Nieto el número de vaquitas disminuyó hasta en 85 por ciento, revelando el fracaso de la autoridad para acabar con la pesca descontrolada e ilícita de la totoaba en el Alto Golfo de California, así como de los intentos por llevar a los ejemplares de vaquita para su crianza en cautiverio”, menciona un posicionamiento de Greenpeace.
Por ello, mediante cartas e informes entregados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones piden medidas de urgencia para impedir la extinción de este cetáceo, las cuales aún no existen.
“Esto evidencia el fracaso de la política pesquera por parte de nuestro gobierno y no me refiero a éste exclusivamente, sino desde hace varios lustros atrás, que no ha podido instalar el orden”, menciona el diputado Ernesto Ruffo Appel, integrante de la Comisión de Pesca, en entrevista con Reporte Índigo.
¿Extinción inminente?
En febrero fue el primer llamado de alerta. Más de 50 organizaciones de todo el mundo exigieron a López Obrador reforzar los programas de protección a la vaquita marina.
“Si no se toman medidas de conservación y de aplicación de la ley, y el declive continúa al ritmo actual, es probable que la vaquita se extinga durante su gestión”, advirtieron en una carta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Josefa González Blanco, y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), que encabeza Víctor Villalobos.
“Es una tragedia que un país no hace lo que tiene que hacer respecto a la delincuencia organizada, instrumentar la ley, vigilar y dar incentivos. Hay poco futuro y viabilidad política porque el gobierno no ha mostrado la sensibilidad de proteger una especie tan importante”, argumenta Ceballos, director del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Exhortamos a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador a destinar los recursos y tomar las medidas necesarias para acabar de una vez con la impunidad que se vive en la zona, ya que después de 100 días de iniciado su mandato nada ha cambiado y la vaquita sigue declinando”, dice el pronunciamiento.
El especialista en ecología por la UNAM coincide con estas medidas, sobre todo con prohibir la pesca. Y aunque en noviembre de 2017 falleció un ejemplar rescatado por el equipo de Conservación, Protección y Recuperación de la Vaquita Marina, sugiere poner en semicautiverio al mayor número posible de vaquitas marinas.
Ceballos ha apoyado esta causa en varias ocasiones. En diciembre firmó una misiva dirigida a la Semarnat para evitar la extinción que parece inminente y también una petición del World Wildlife Fund (WWF) para incrementar el presupuesto asignado al sector ambiental dirigida a los diputados federales.
“Entre más recursos, información e investigación exista es mejor. Todos los recortes son en detrimento de estas especies porque estos esfuerzos ayudan a la vaquita marina, a la totoaba y a la salud del ecosistema. Invertir en una es invertir en la conservación de otra”, señala.
Presupuesto contracorriente
El Proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador no contempla el reto de salvar a la vaquita marina. Sin embargo, como presidente electo, en Guaymas, Sonora, se comprometió a impulsar la pesca responsable con el medio ambiente.
“En el caso de la pesca vamos a atender la demanda de que no haya prohibición, porque la gente tiene que comer, tiene que vivir de la actividad pesquera. Nada más que nos vamos a poner de acuerdo para hacer pesca responsable, no dedicarnos a actividades depredadoras, tenemos que cuidar los recursos naturales que son de nuestra generación, pero también de las necesidades futuras”, pronunció el 22 de septiembre.
Para diciembre, los diputados aprobaron un recorte presupuestal a la Semarnat y al Ramo 16 que corresponde a medio ambiente y recursos naturales.
Esto representa una reducción presupuestal del 17. 45 por ciento, equivalente a 6 mil 560 millones 176 mil 166 pesos.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (Procer), que vela por la vaquita marina, también tuvieron una reducción de recursos públicos.
Este 2019, la Conanp tendrá 843 millones 553 mil 106 pesos, los cuales representan una reducción de 28 por ciento, es decir 332 millones de pesos menos que en 2018.
Sus seis programas también sufrieron reducciones, pero el más afectado fue Procer, que ejercerá sólo 87 millones 007 mil 526 pesos.
En 2018 contó con 147 millones 142 mil 146 pesos, lo que representa una baja de 60 millones 134 mil 620 pesos, equivalentes al 40 por ciento.
Esta Comisión se encarga de conservar el patrimonio natural de México y uno de sus ejes principales es la compensación social por la suspensión temporal de pesca, para impulsar el desarrollo de la vaquita marina.
“Este subsidio no es la manera de arreglar el problema. Lo que debe de instaurarse es el reconocimiento legítimo de la actividad de los pescadores que estén dispuestos a acatar leyes y la palabra clave es la sustentabilidad. Tenemos que buscar el equilibrio de la actividad humana con la naturaleza y regular nuestra presencia”, expresa el diputado bajacaliforniano, Ernesto Ruffo Appel.
Redes de pesca… y corrupción
La vaquita marina muere atrapada en redes de enmalle en su hábitat natural, la mayor causa de mortalidad de este cetáceo.
Pero la corrupción también envuelve a los apoyos para la conservación de este mamífero marino. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las compensaciones a los pescadores que suman 7 millones 228 mil pesos.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, publicado en febrero de este año, revela que la Conanp otorgó 220 mil pesos a beneficiarios dados de baja por defunción; 2 millones 436 mil pesos a quienes no cumplieron con los permisos de pesca del Procer; 744 mil pesos a aquellos que no entregaron informes bimestrales ni comprobante de domicilio y 96 mil pesos a un beneficiario que no pertenecía a las localidades de San Felipe, Baja California o del Golfo de Santa Clara, Sonora.
Además, la comisión concedió 3 millones 732 mil pesos duplicados a pescadores regularizados y permisionarios.
El legislador panista por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, menciona que por los recortes y desvíos la actividad pesquera está fuera de control y debería existir un equilibrio sociopolítico en estas dos entidades.
“El presupuesto asignado no tiene ninguna posibilidad de resolver el problema de la instalación del orden. Entonces hay una situación de realidad, donde los pescadores se defienden pero hay algunos sin permiso o pescadores entre comillas, que están contaminados por el crimen organizado”, lamenta el diputado panista.
Ruffo Appel coincide en la implementación de una pesca responsable que debería educar, capacitar y facilitar los recursos posibles al pescador en su ambiente y a los seres vivos que habiten en él para cuidar a la vaquita marina y a la totoaba, clasificada también en peligro de extinción.
Desde 2015, Pablo Arenas está al frente de este instituto y el gobierno de López Obrador lo ratificó en el cargo a través del secretario de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), Víctor Villalobos. Sin embargo, investigadores, técnicos y administrativos pidieron desde el mes de diciembre su destitución por los malos manejos de la institución.
“En general el presupuesto dedicado al tema científico y estudio de las pesquerías es incapaz de atender todas las necesidades. Arenas es un científico capaz pero está de manera nominal porque no tiene elementos presupuestales”, dijo el legislador panista.
En octubre de 2018, científicos del CIRVA fueron testigos del avistamiento de seis vaquitas marinas en el Golfo de California durante una expedición. Entre las olas de agua caliente nadaba la esperanza.