Luego de que la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito reconfirmara el fallo de un Tribunal de Colorado a favor de la Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), el Grupo Cementos Chihuahua (GCC), deberá pagar al menos 46 millones de dólares.
El veredicto, dado a conocer el pasado 17 de agosto de 2020, invalida todos los recursos que ha venido interponiendo la cementera mexicana para evitar este pago por los daños producidos a Cimsa cuando en 2011 decidió vender (dentro de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), el 47.02 por ciento de sus acciones al Consorcio Cementero del Sur (CCS).
Cimsa debió tener preferencia en esta operación, haciendo válido un acuerdo de primera opción de compra realizado entre Cimsa y GCC, puesto que eran socios, por eso violó el acuerdo y originó un conflicto que va para diez años.
La confirmación del laudo que ya en abril de 2019 había emitido el juez de Distrito de Colorado, John L. Kane, deja muy atrás los procedimientos que GCC ha buscado impulsar, especialmente en Bolivia, para dejar sin efecto el laudo en su contra.
La sentencia del juez Kane fue impugnada por GCC en un procedimiento de apelación que significó su última opción real de que el laudo dictado en su contra no se convirtiera en una sentencia firme en Estados Unidos. Sin embargo, el pasado 17 de agosto, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia y por tanto convirtió el laudo dictado en contra de GCC en una sentencia firme en Estados Unidos.
Aunque GCC puede intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, las posibilidades de que llegue siquiera a oírse son mínimas, ya que solo admite tres por ciento de los casos que se le envían y, generalmente, son asuntos de gran impacto social y no controversias comerciales.
Será necesario ver si GCC decide cumplir con la condena o ignorarla. No hacerlo, podría generar para la cementera otros riesgos, puesto que este conflicto desde hace tiempo le ha restado credibilidad en un mercado muy competitivo y sensible a este tipo de problemas.
Ignorar una sentencia firme de una Corte de Apelaciones de Estados Unidos podría afectar severamente a un grupo empresarial que tiene una parte sustancial de sus operaciones en dicho país y que constantemente accede a los mercados financieros norteamericanos.
Las consecuencias legales de esta situación también podrían sentirse en México. De entrada, la fecha GCC no haya revelado en la Bolsa Mexicana de Valores la decisión de la Corte de Apelaciones en Estados Unidos.