Sin discurrir el velo más allá de lo que la prensa mexicana lleva sabiendo desde hace años: que México enfrenta una profunda crisis de seguridad, que la violencia ha sido focalizada sobre los periodistas, y que aunque existen esfuerzos del Gobierno federal, estos no son suficientes para alcanzar a proteger a los comunicadores, concluyó la misión conjunta de los relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH.
Los relatores David Kaye y Edison Lanza, luego de reunirse durante ocho días con instancias del Gobierno federal con organismos no gubernamentales de derechos humanos, con dependencias estatales y con 250 comunicadores de 21 estados del país, concluyeron en lo que se ha dicho hasta el cansancio en la prensa mexicana: en nuestro país existen problemas estructurales y presupuestales para brindar seguridad a todos los que bajo su riesgo ejercen el periodismo.
En un documento que refiere 73 puntos de observación, la misión conjunta de la ONU y la CIDH insta al Gobierno federal a actuar de manera inmediata en los renglones de protección a periodistas, rendición de cuentas sobre crímenes contra comunicadores, actos de vigilancia contra periodistas, modificar la versión actual de la Ley de Seguridad Interior, garantizar el acceso a la información, adoptar una Ley de Publicidad Oficial y promover la diversidad y pluralismo en los medios de comunicación.
El informe preliminar sobre los resultados de la misión realizada en México, que concluyó el pasado lunes, no dista mucho de lo que ya se había establecido en la conclusión de la vista que realizaron a nuestro país, del 9 al 24 de agosto del 2010, los entonces relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, Catalina Botero Marino y Frank La Rue.
En aquella ocasión, igual que esta vez, la misión internacional consideró que la libertad de expresión en México ya enfrentaba graves obstáculos y ubicó al país como el más peligroso para el ejercicio del periodismo en América.
“Desde el 2010, 73 periodistas han sido asesinados; 12 periodistas han sufrido desaparición forzada, mientras que ha habido 44 intentos de asesinato”, se señaló en la misión que acaba de concluir.
Los relatores de la ONU y de la CIDH reconocieron que muchos de los ataques que se realizan son en contra de periodistas que trabajan sobre temas de corrupción, tráfico de drogas, involucramiento de autoridades públicas con el crimen organizado y asuntos relacionados con las elecciones.
En su informe preliminar de cierre de misión en México, los relatores especiales David Kaye y Edison Lanza, sólo reconocen a 11 periodistas, con vínculo directo a sus actividades profesionales, como los asesinados en lo que va del 2017, y dejan fuera de la lista a por lo menos otros cuatro comunicadores ejecutados en este mismo año.
Desplazamiento, una constante
Uno de los mayores problemas que reconoció la misión conjunta, que revisó las condiciones bajo las que se ejerce hoy el periodismo en México, es el desplazamiento de los comunicadores de sus lugares de origen, a causa de la violencia.
“El desplazamiento interno de periodistas también se ha convertido en una característica importante de la situación nacional… encontramos que muchos abandonan a sus familias y no pueden encontrar trabajo en el nuevo estado”.
Además, los relatores especiales reconocieron que las medidas de seguridad que ofrece el Estado para quienes solicitan su protección, en muchas ocasiones resultan ineficientes.
“Los periodistas que tienen medidas de protección reportan que frecuentemente son inadecuadas y falta atención integral a la situación familiar”, señalan, “pocos (periodistas que salen de sus lugares de origen) reciben ayuda de las autoridades locales y las medidas temporales generalmente son insuficientes”.
A lo anterior se agrega que la falta de atención del Gobierno federal y los estatales, en cuanto a los periodistas desplazados, también incide en un agravamiento de la crisis que vive la libertad de expresión en nuestro país.
“Las medidas de protección federal (a los periodistas) no ponen atención a su situación de salud, necesidades educativas para sus hijos y empleo, lo que los deja en una situación constante de inseguridad”
“Los periodistas desplazados frecuentemente se sienten perdidos en lo que parece ser una falta de coordinación entre diferentes mecanismos para protección y asistencia a víctimas”.
Mujeres periodistas indígenas, las vulnerables
El único punto novedoso que revela el informe preliminar de la ONU y de la CIDH, al término de su misión en nuestro país, es el que refiere a la condición de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra un sector del periodismo: las mujeres periodistas indígenas, las que particularmente, por su condición de género y origen étnico “enfrentan contextos amenazantes”.
Ellas han registrado, de acuerdo a los relatores especiales, un incremento del 200 por ciento en los ataques personales.
Entre algunas de las razones de los ataques contra este sector del periodismo, también se encuentra el hecho de las condiciones difíciles que enfrentan, al trabajar en áreas remotas, con pocos recursos y equipos rudimentarios, a lo que se suma las zonas en donde desempeñan su ejercicio periodístico.
De acuerdo a los testimonios recabados por la misión de relatores especiales, también se establece que las mujeres periodistas en general son objeto de intimidación por parte de las autoridades públicas, las que son atacadas por su labor como periodistas de investigación, muchas de las cuales perciben salarios inferiores a los que reciben sus colegas hombres.
“Aunque hay muchas periodistas mujeres, sigue siendo una minoría en los cargos editoriales. Muchas mujeres nos reportaron sobre las juntas particularmente amenazantes e infantilistas con las autoridades masculinas. Asimismo existe una falta de perspectiva de género en la investigación, persecución del delito y en la protección de la situación de las periodistas mujeres”, refiere el citado informe preliminar.
