La orden para la detención de Amado Yáñez fue directa: consignarlo por delitos que no alcanzaran libertad bajo fianza.
Su caso en la Procuraduría General de la República (PGR) fue tratado con discreción y marchas forzadas para armar un expediente que amparara que el empresario ahora sí irá a la cárcel por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Un día antes de su captura, su equipo más cercano se sentía confiado en que “las cosas iban muy bien”, a pesar de que el diario La Jornada publicó que existían órdenes de aprehensión contra “los involucrados” en el fraude contra Banamex, que incluían a Yáñez y tres funcionarios del banco.
El empresario, sin embargo, no fue detenido en calidad de procesado. Se le llevó a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) con una orden de presentación la noche del lunes 20.
El martes, cuando llevaba más de doce horas en la PGR sin acceso a sus vías usuales de comunicación, una de sus personas más cercanas dijo a Reporte Indigo que “estaba tranquilo y declarando en buena lid”. Sus abogados estaban tramitando un amparo y creían que “iba a salir hoy mismo”.
Al interior de la Procuraduría aún no estaba claro cuál sería el caso por el que se le consignaría, a pesar de que se tenía en el abanico las denuncias penales del Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el fraude de Banamex y los despidos injustificados a cientos de trabajadores.
Una fuente de la PGR dijo a este diario que la consignación no sería “por Pemex ni por el IMSS”, pero se estaba trabajando para que no alcanzara fianza.
El segundo aire
Al tiempo que no se confirmaba cuáles serían los cargos, el diario La Jornada y luego El Universal publicaron más detalles sobre el caso Banamex, con base en el oficio 110/F/A/267/2014, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR, el dictamen del 29 de abril de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la resolución del juzgado 14 en materia penal del DF, que apuntaban a Yáñez y los empleados del banco.
Era la segunda vez que Yáñez y el procurador Jesús Murillo Karam se encontraban cara a cara durante una declaración ministerial.
La primera ocasión derivó en el pago de 80 millones de pesos por una fianza para enfrentar el proceso penal en libertad. Murillo Karam le pidió entonces explicaciones sobre una supuesta flota de Rolls Royce que el empresario habría comprado con el dinero de los préstamos de Banamex.
A la negativa de Yáñez, Murillo Karam le mostró unas facturas de compra de los aparatos, que incluían la acotación de que eran Rolls Royce marine.
Yáñez dijo que no se trataba de automóviles sino de los motores de varios de los barcos de Oceanografía.
El procurador entonces habría quedado “sorprendido y muy enojado con la respuesta”, según una fuente que presenció el encuentro, la cual significaba que algunas de las imputaciones contra Yáñez que habían llegado a la PGR desde Pemex podrían no resultar contundentes.
