El convenio que pactó el Gobierno de Jalisco con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) impedirá que la Federación asuma el control de los servicios de salud del estado, por lo que los cacicazgos y los grupos de poder político locales que hoy dominan sobre este sector se mantendrán intactos.
Aunque la interpretación que ha ofrecido el Gobierno estatal es que se hizo prevalecer la soberanía de Jalisco ante el Insabi, lo cierto es que se perdió la oportunidad de que personal externo de la Federación pudiera intervenir sobre este sector, marcado en los últimos años por la opacidad y la corrupción
La creación del Insabi había puesto en riesgo el dominio del Gobierno local sobre la Secretaría de Salud estatal que dispone de un presupuesto de más de 13 mil 755 millones de pesos y una plantilla estimada de al menos 17 mil trabajadores. Pero todo ese recurso seguirá siendo manejado exclusivamente por los grupos de poder político locales.
No solo el Gobierno del estado había visto amenazada su rectoría sobre el sector salud con la llegada del Insabi, también el grupo político que controla a la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde hace 30 años, que tiene como su máximo dirigente al exrector Raúl Padilla López.
De haberse autorizado que el Insabi tomará la administración del sector salud de Jalisco, el grupo político de Padilla López, conocido como Grupo Universidad, habría perdido el control del Organismo Público Descentralizado (OPD) de los Hospitales Civiles, que maneja un presupuesto público de más de 5 mil 468 millones de pesos y una plantilla de 6 mil 685 trabajadores.
El poder político transexenal que ejerce el Grupo Universidad en Jalisco está cimentado en dos pilares: el mando que mantiene sobre la UdeG y su universo de ferias, festivales e infraestructura, con un presupuesto total que supera los 14 mil 128 millones de pesos; y la administración del OPD de los Hospitales Civiles donde su hegemonía es absoluta.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, celebró el acuerdo al que se llegó con el Insabi con el que se descarta que éste pueda meter las manos en el sector salud estatal.
Que quede claro que la infraestructura de nuestro estado, nuestros Hospitales Civiles, nuestros centros de salud, se quedan como parte de la infraestructura del estado. No estamos entregando la infraestructura de salud, ese es el mayor de los logros
Oposición conjunta al Insabi
La posibilidad de que el Gobierno de Jalisco y el Grupo Universidad perdieran el control sobre el sector salud local y sus bolsas multimillonarias de recursos, los llevó a tejer juntos su oposición al planteamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El actual rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, quien llegó a ese cargo con el consentimiento del Grupo Universidad, expresó desde el 20 de enero que no cederían la rectoría del OPD de los Hospitales Civiles al Insabi, pues ello implicaba entregar toda su infraestructura al igual que los recursos humanos y financieros.
Desde aquel día, el rector de la UdeG había confirmado que la postura que estaban trabajando junto al gobernador era la de no permitir que el Insabi tomara las riendas del sector salud local.
“Tuvimos una primera reunión de trabajo, estuvimos revisando todas las características de los convenios marco que se están dando en todos los estados y ratificar que hay muchas preguntas sin resolver (…) y la decisión de inicio es hacer una propuesta de no adhesión a este convenio, pero de búsqueda de respuestas del Gobierno federal”.
Si se formaliza el convenio con el Insabi que se ha perfilado hasta ahora, el Grupo Universidad podrá seguir controlando la aplicación de los más de 5 mil 468 millones de pesos que ejercen los Hospitales Civiles anualmente, y así también los contratos y compras que se financian con esa bolsa.
Corrupción endémica
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseveró el pasado 4 de febrero que haber cedido la rectoría del sector salud de Jalisco a la Federación habría significado el desmantelamiento del mismo. Pero también dijo que trabajarán en coordinación con el Insabi para concretar los objetivos federales trazados para este servicio: la gratuidad y la universalización.
“Jalisco defendió una posición que mantuvimos hasta el final y que me parece es la correcta. No podemos desmantelar el sistema estatal, no vamos a entregar nuestros hospitales, ni nuestro personal, ni nuestro presupuesto. Jalisco va a mantener la rectoría en este sentido en el estado, pero lo vamos a hacer de una forma coordinada con el Insabi; me da mucho gusto que se haya podido llegar a un acuerdo de coordinación integral”, dijo.
La Secretaría de Salud Jalisco es, de hecho, la segunda dependencia estatal con más recursos a su disposición, solo por debajo de la Secretaría de Educación con más de 33 mil 378 millones de pesos, sin embargo, el uso de los mismos ha estado afectado por una corrupción endémica.
El propio gobernador anunció el 19 de marzo de 2019 que se habían confirmado irregularidades en la Secretaría de Salud durante el pasado sexenio por 605 millones de pesos, pero que el daño podría rondar los 8 mil millones de pesos, desglosados así de la siguiente manera.
“Seis mil 157 millones de pesos observados y en curso por la Auditoria Superior de la Federación que no han sido solventados en los fondos de Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (…) y por supuesto con este dato (…) tenemos una cifra global aproximada de 8 mil millones de pesos como el daño que se le hizo a los jaliscienses en el sector salud”.
