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"Resulta evidente que en los años anteriores la acción de la PGR no se sustentó en una política pública que fuera evaluable y transparente. (…) Esta es una condición estructural que favoreció la desorganización, la impunidad y la corrupción"
Los mexicanos no confían en el sistema de justicia. No confían porque hay pocos resultados y mucha corrupción.
Por eso, en México tan solo 7 de 100 delitos son denunciados e investigados por el Ministerio Público, de acuerdo a los resultados de las encuestas de victimización del Inegi.
Y es que, un delito denunciado está muy lejos de ser resuelto.
Las cifras revelan que de 1999 al 2012, únicamente 14.3 por ciento de las averiguaciones federales terminó resuelta y con una sentencia condenatoria, lo cual evidencia la pobre capacidad de investigación del Ministerio Público Federal y las agencias locales.
A nivel estados es peor. En los últimos 12 años solo 7.1 por ciento de las averiguaciones en las procuradurías terminaron en sentencia.
En promedio, en México los ministerios públicos tardan 223 días en integrar y decidir qué hacer con una averiguación previa.
En más del 30 por ciento de los casos, el expediente se va a la “reserva”. Un diagnóstico elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) acepta que esa reserva es la “antesala” para que los expedientes terminen desechados.
Durante la presentación del Programa Nacional de Justicia 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el panorama para los siguientes años es “complejo”.
El número de los delitos que se cometen y de las víctimas que los sufren contrastan con un sistema que no da resultados.
“En los eslabones del sistema de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos. Esta situación se ha visto reflejada en los altos índices de impunidad, de corrupción y en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en México”, sentencia el diagnóstico de la PGR.
El estudio cita las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las cuales evidencian un incremento de la actividad delictiva.
Por ejemplo, en el 2012 se cometieron 27 millones 769 mil delitos de todo tipo, 5 millones más que en el 2010.
El número de víctimas ascendió a 21 millones 603 mil, casi 4 millones por encima del registro del 2010.
En contraste, la eficacia institucional decreció. En el 2012, 25 millones 573 mil delitos quedaron impunes. Solo se investigaron el 7.9 por ciento.
Por si fuera poco, de los delitos que se llegan a resolver, el 60 por ciento son éxitos menores. Solo 12 por ciento de casos resueltos son delitos graves de alto impacto como homicidio, violación o robo con violencia.
La PGR también reveló que del 2004 al 2012, el 45 por ciento de las órdenes de aprehensión giradas por jueces federales no se han cumplimentado, es decir.
“El bajo índice de denuncias, así como los obstáculos y costos para el avance (…) se ha traducido a lo largo de los años en impunidad”, indica el diagnóstico.
Los objetivos
El Programa Nacional de Justicia 2013-2018 pretende:
1. Impulsar la creación de la Ley General de Fundamentos Penales
2. Diseñar el Plan Maestro de implantación de la reforma penal
3. Elaborar un nuevo registro de usuarios de telefonía celular para combate a extorsión
4. Elaborar propuesta para modificar el proceso de Control de Confianza
5. Consolidar bancos de datos de huella balística, genética y de identificación de voz
6. Recuperar confianza de ciudadanos con resultados
Las fallas
El diagnóstico realizado a la PGR por la actual administración arrojó múltiples problemas:
1. No existe capacidad institucional para establecer esquemas de colaboración entre áreas
2. Faltan perfiles adecuados para la selección y formación de servidores públicos
3. Hay aislamiento y dispersión de los sistemas de información
4. Falta compromiso por parte de los funcionarios
5. Existe una pésima política de presupuesto
