Simulan inclusión política

En 2021, los órganos electorales y los partidos políticos locales se enfrentaron por las medidas afirmativas que buscaban la inclusión de grupos históricamente discriminados  en las candidaturas.

A regañadientes y con recursos legales de por medio, como el ocultamiento de los nombres de aspirantes de la comunidad LGBT, presentaron aspirantes de estos grupos, sin embargo los resultados no son para nada representativos.

Según el INEGI, Nuevo León es la quinta entidad federativa con mayor diversidad sexual y de género ya que cuenta con 286 mil 490 personas LGBTIQ+ de 15 años y más. Sin embargo en las elecciones 2020-2021 las medidas afirmativas solo pudieron garantizar cinco regidurías y dos sindicaturas.

La representación político-electoral se ha quedado corta para más de 56 grupos étnicos conformados por alrededor de 352 mil 282 personas que se auto adscriben como indígenas, quienes únicamente ganaron siete regidurías y una sindicatura.

El grupo de las personas que viven con una discapacidad, que representan el 3.8 por ciento de la población de la entidad equivalente a 220 mil 206 personas, consiguió una presidencia y dos regidurías en los ayuntamientos.

Resistencia a la representación LGBTIQ+

Las llamadas “cuotas arcoiris” tuvieron dos problemas de origen: fueron autorizadas dos días antes del cierre de registro, y  los partidos decidieron ocultar los nombres de sus representantes alegando “reserva de datos personales”.

De las 163 candidaturas, 103 personas ocultaron sus datos, por lo que no se sabía por quienes se votaría para representar a la población LGBTIQ+.

Jennifer Aguayo, de Movimiento por la Igualdad, explicó que después de las elecciones se enviaron una serie de solicitudes de transparencia para saber quienes representan en el ámbito político a las personas LGBTIQ+ de Nuevo León.

“Lo tuvimos que hacer con otro pleito en la COTAI que duró meses para que nos pudieran otorgar los datos de las 163 personas que nos querían representar. Parece ser que eso ya lo vamos a superar con la reforma electoral y una vez que el INAI puso el antecedente de que los votantes tenemos el derecho a saber quienes nos quieren representar”.

Según lo resuelto por el INAI en 2021, el INE debe dar a conocer los nombres de las personas de la población LGBTIQ+ que fueron candidatas en el proceso electoral local 2020-2021, partido al que pertenecen, principio por el que contendieron (mayoría relativa o representación proporcional), distrito o lugar para el cual fueron postuladas.

De las 13 candidaturas ganadas se tienen cuatro en Monterrey y dos en Apodaca. En total son ocho las personas LGBTIQ+ que actualmente son titulares.

Más obstáculos rumbo a 2024

La Ley Estatal Electoral, reformada en marzo de 2022 para incluir candidaturas que representen a la población LGBTIQ+, indica que “los partidos políticos y coaliciones deberán postular por lo menos siete candidaturas de personas que se autoadscriban como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ de entre la totalidad de candidaturas que postule en planillas para la elección de ayuntamientos del estado”.

Sin embargo, en caso de que la postulación sea a través de una coalición, se tendrá por cumplida la obligación para los partidos políticos, lo que puede reducir el número de candidaturas.

“Una puede ser suplente y la otra propietaria, entonces ahí si llegáramos a ganar nos pueden sacar. Tras la reforma nos quitaron el criterio poblacional, es decir, que nos pueden mandar a cualquier municipio y sacar completamente de la zona metropolitana”, explicó.

Algunas personas se inscribieron cubriendo varias categorías, por lo que se validaron casos en los que una sola persona se inscribió como joven LGBT con discapacidad, lo que redujo la representación real de cada grupo.

Indígenas, grupo poco representado

Galileo Hernández Reyes, nahua huasteco especialista en Derechos Humanos y procesos legislativos, recuerda que Nuevo León fue uno de los últimos estados en reconocer los derechos de las personas indígenas.

Apenas en 2012 se estableció la ley que reconoce los derechos de personas indígenas y afromexicanas, mientras que en el proceso electoral 2020-2021 se reformó la Ley para que cada partido político postulara, cuando menos, una fórmula integrada por personas (propietaria y suplente) que se autoadscribieran como indígenas. Tras la reforma, Galileo fue candidato por MC al Distrito 1 en Monterrey.

No obstante, según Gema Villalobos Ante, mujer zapoteca fundadora de la colectiva Mujeres Indígenas Nuevo León, la agenda de participación indígena no está terminada y la exigencia sigue siendo “el reconocimiento constitucional y legal de la identidad y diferencia indígena”.

“Hemos ido dando pasos muy pequeños que han garantizado que las comunidades indígenas seamos un poco más visibilizadas y que la sociedad esté más contextualizada”, añadió durante su participación en el foro de inclusión del Instituto Estatal Electoral.

Villalobos Ante, quien también contendió por el Distrito 1 con el PAN, narró que es complicado transitar en la participación ciudadana pues “no todos los órganos gubernamentales cumplen que siempre estemos incluidos”.

Representación sin poder de decisión

María Carolina Flores Rojas, mujer sorda y regidora de García refirió que la cuota de representación de las personas con discapacidad “es diminuta” y que al mismo tiempo se les instrumentaliza no se les incluye.

La regidora lamenta “pertenecer a un cabildo que no ha hecho nada por respetar y hacer valer un reglamento para personas con discapacidad que se aprobó y se publicó hace más de 17 meses”.

Flores Rojas afirma que no se han tomado en consideración a los intérpretes de lenguas de señas mexicanas para respetar el derecho a la comunicación.

Por su parte, el regidor del ayuntamiento de Monterrey, Luis Ixtoc Hinojosa García también reconoció que aún queda mucho camino por recorrer para que algunas curules sean ocupadas por personas en sillas de ruedas o con algún aparato auditivo.