Sigue ‘pleito’ por nuevos camiones en Nuevo León; posponen arrendar otras 600 unidades

Autoridades aseguran que sí se está cobrando por el incumplimiento a contratistas; les "tapan" compra de 600 camiones
Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Publicado el
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El gobierno de Nuevo León afirmó que el retraso en la llegada de las nuevas unidades de transporte no está pasando desapercibido, pues diariamente se actualiza el monto de penalización para las empresas involucradas en el arrendamiento, LDR Solutions y TICSA.

José Manuel Valdez, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, afirmó que a la fecha se han aplicado penalizaciones de poco menos de 4 millones de pesos para ambas compañías, toda vez que los camiones adquiridos por la administración de Samuel García debieron arribar desde el año pasado.

De las mil 200 unidades ya pagadas por el gobierno de Nuevo León aún faltan por arribar 970, mismas que debieron estar en circulación desde 2022 como parte de la reestructuración del transporte público anunciada por el mandatario estatal.

…Y todavía querían comprar más

Aunque ni la cuarta parte del embarque de unidades compradas por el gobierno arriban todavía a la entidad, el Instituto de Movilidad anunció su intención de adquirir otros 600 camiones para satisfacer la demanda de transporte de la ciudadanía, situación que desencadenó una nueva discusión entre la dependencia, organizaciones civiles y legisladores de oposición.

En sesión virtual, representantes de la Caintra y el Consejo Cívico cuestionaron la viabilidad de pedir más unidades bajo el mismo mecanismo de arrendamiento que mantiene en suspenso la llegada de las unidades, argumentando que no hay garantías para apoyar la compra.

Por su parte, Lorena de la Garza, diputada local del PRI y presidenta de la Comisión de Movilidad, expresó que no se puede confiar en una administración que no ha resuelto el problema de las unidades faltantes ni ha puesto “candados” para que la situación no vuelva a repetirse.

Aunque el plan del gobierno estatal consistía en darle “luz verde” a la nueva adquisición, fue el propio titular del Instituto de Movilidad quien decidió aplazar la votación del proyecto para reunir la información solicitada por los inconformes.

No se detalló información en cuanto a nuevas fechas para la siguiente reunión.

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