Algunos de los afectados ya alzaron la voz y pidieron que se reactive la Norma 26, ya que no todos hacen uso indebido de ese ordenamiento
La construcción de vivienda de interés social está detenida. Por un mandato del Gobierno del Distrito Federal no hay manera de que los capitalinos de bajos recursos obtenga un nuevo hogar.
Hace un año que la administración de Miguel Ángel Mancera suspendió la aplicación de la Norma 26, ordenamiento por el cual se construyen departamentos de interés popular, bajo el argumento de que los desarrolladores violaban la ley.
De acuerdo con las autoridades capitalinas y diputados locales había un abuso en ese tipo de trámite, ya que disfrazaban condominios residenciales con la supuesta edificación de casas de carácter popular.
Es decir, que conseguían subsidios del gobierno para vender lujosos departamentos cuyo precio superaba el millón y medio de pesos, dejando de lado a la clase baja de la ciudad capital.
La suspensión de este ordenamiento comenzó en agosto del 2013. Primero de manera temporal y después de forma definitiva. Luego surgió la propuesta de crear la Norma 30 y 31 como sustituto natural.
Sin embargo, se trata de un proyecto que no se ha concretado, y mientras tanto vecinos que estaban inscritos para un nuevo desarrollo inmobiliario quedaron en la congeladora.
Algunos de los afectados ya alzaron la voz y pidieron que se reactive la Norma 26, ya que no todos hacen uso indebido de ese ordenamiento, y en cambio no pueden continuar con sus proyectos.
Uno de tantos
En el número 2 de la calle Rafael Oliva, del Barrio San Mateo Coyoacán, un grupo de personas de bajos recursos compraron un predio para la construcción de viviendas de interés social. Proyecto destinado para 75 departamentos.
A principios del 2013, comenzó la adquisición del lugar y posteriormente arrancó la obra; sin embargo, fue suspendida debido a que el gobierno capitalino decidió desaparecer la Norma 26 tras detectar un cúmulo de irregularidades en otras obras.
“Hasta el momento no han tomado en cuenta, ni en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ni en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) el caso de los vecinos que sí se ven beneficiados por ellas y que hacen correcto uso”, dijo Irma Noyola, líder del proyecto.
Por esa razón se promovió un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y a pesar de que ya lo ganaron no han podido reactivar la construcción debido a que la Norma 26 está suspendida y la 30 y 31 aún no está lista.
Peor aún es el hecho de que ese tema se politizó por la intervención de la diputada local del PAN, Priscila Vera, a quien responsabilizan de obstaculizar cualquier posibilidad de continuar la obra.
Mientras tanto, algunos diputados, ex jefes delegacionales y otros sectores de la población se oponen a la Norma 30 y 31 bajo el argumento de que eso sólo beneficiará a los grandes desarrolladores.
Y que se afectaría a toda la ciudad, especialmente en los rubros de movilidad, agua y uso de suelo, ya que las obras se realizarán sin una planificación inteligente.
