La riqueza de la Sierra de Picachos está en riesgo por una controversia constitucional promovida por Rafael González, alcalde del municipio de Higueras y quien busca quitar la clasificación de Reserva Natural Protegida a 99 mil 432 hectáreas.
Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene argumentos para aumentar la protección de esta área y evitar la fragmentación del hábitat.
El objetivo es proteger poblaciones de especies de gran relevancia ecológica tales como el águila real y el oso negro; salvaguardar la captación de agua de más de 39.5 millones de metros cúbicos por año; cuidar un estimado de más de 526 millones de árboles y conservar la captación anual aproximada de un millón 461 mil 835.6 toneladas de bióxido de carbono.
Hay que recordar que la pasada administración aumentó la protección de la Sierra de Picachos, pues pasó de 75 mil 872.55 hectáreas a 175 mil 305.04 en total. Sin embargo, el alcalde González emitió la controversia número 194/2021 el año pasado para dar reversa a esta extensión.
Raúl Lozano, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entregó el 14 de septiembre los argumentos legales al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para evitar daños a la riqueza natural de la Sierra de Picachos.
“La parte actora solicitó la invalidez del decreto en cuestión, toda vez que, supuestamente, el municipio de Higueras no había sido notificado o recibido llamamiento alguno para participar en el proceso de designación del área natural protegida. Y que, por tal situación, considera violentado su derecho de audiencia para defender los derechos que según su parecer pudieron ser violentados en la emisión del acto cuya invalidez se reclama”, dice el documento entregado.
Lozano señala que el acto reclamando al que hace referencia el alcalde Rafael González no tendría que ser tomado en cuenta por la Corte, pues, en su momento, le correspondió a la pasada administración 2018-2021 determinar si fue o no notificada.
“El proceso de designación al que se hace referencia comenzó cuando menos dos años antes de que la actual administración municipal fuera electa y tomara posesión, por lo tanto, es evidente que a quien le correspondía participar en el procedimiento fue a la administración pública 2018-2021 de aquel ayuntamiento y no a la actual”, expone el diputado.
El alcalde de Higueras intenta justificar ante la Corte una supuesta transgresión al derecho de audiencia por parte de las autoridades estatales, pues dice no contar con las constancias donde se advierte la notificación o el llamamiento respectivo.
No obstante, el diputado entregó dos documentos que demuestran que el argumento debe ser considerado como infundado e improcedente, puesto que:
“Existen dos constancias que demuestran que las autoridades estatales en efecto llamaron al municipio de la administración pública 2018-2021 para que se pronunciaran respecto del proyecto de la declaratoria”, dice el documento.
Baltazar respalda a Matrimar contra Sierra de Picachos
La empresa de extracción de materiales pétreos, Matrimar S.A. de C.V. (Materiales Triturados Martínez), que amenaza el acuífero Agualeguas-Los Ramones en la Sierra de Picachos, y que además contamina, tiene a funcionarios como aliados.
Se trata de Baltazar Martínez Ríos, director de Proyectos de Inversión y Fortalecimiento Municipal de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno, y su padre, Baltazar Martínez Montemayor, alcalde de Cerralvo.
“En conjunto con la empresa Matrimar y en coordinación con la dirección de Proyectos de Inversión se llevó una reunión para destinar un presupuesto de 20 mil pesos más 500 pesos por alumno a cada escuela de este y otros municipios vecinos para continuar con su mejoramiento de equipo y adecuaciones físicas, además de una campaña de reforestación”, dice la cuenta de Facebook de Martínez Montemayor.
Esta empresa ha sido cuestionada por activistas por dañar el ecosistema de esta sierra, pero nunca ha tenido alguna sanción.
El activista Aristeo Benavides considera que este apoyo sería para cambiar la imagen de la firma ante los pobladores del municipio de Cerralvo. Cuestiona por qué dos funcionarios que representan al partido Movimiento Ciudadano (MC) están trabajando en conjunto con la empresa Matrimar para ofrecer apoyos económicos.
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