Sierra de Picachos, protección en manos de la Corte

El alcalde de Higueras, Rafael René González Martínez, acudió a la Corte para que no sea tomado en cuenta el decreto de protección de la Sierra de Picachos con el argumento de aprovechar los terrenos dentro de su territorio para uso urbano
Jesús Padilla Jesús Padilla Publicado el
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos la decisión de proteger una extensión de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de Picachos, luego de que una controversia constitucional del municipio de Higueras, Nuevo León, puso en riesgo 100 hectáreas.

El 22 de septiembre del año pasado, la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto que aumenta la protección en esta sierra. Fue así que pasó de contar con 75 mil hectáreas a 175 mil.

La Sierra de Picachos es un espacio geográfico dedicado a la naturaleza. Se trata del Área Natural Protegida más grande de Nuevo León y de una pieza fundamental en el equilibrio ecológico del norte de México.

Aunque se debería buscar su conservación a largo plazo, el alcalde del municipio de Higueras, Rafael René González Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), y la síndica primera, Norma Alicia González Hernández, plantean ante la Corte que no sea tomado en cuenta este decreto para favorecer el aprovechamiento urbano.

“El decreto en controversia dispone que se incluyan como zona de reserva a predios que arbitrariamente se han elegido dentro del municipio de Higueras, sin fundamento aplicable, ni motivo alguno, ya que el gobernador no puede regular los predios que integran la reserva sin importar el municipio al que pertenece, dado de que, al hacerlo, desconoce y vulnera el régimen jurídico conforme al objetivo y la razón de ser del desarrollo urbano municipal: la regulación del aprovechamiento urbano de los terrenos comprendidos dentro de su territorio”, dice la controversia en poder de Reporte Índigo en alusión al entonces mandatario Jaime Rodríguez Calderón.

Rafael René González Martínez tomó protesta como alcalde en octubre del año pasado. El decreto fue publicado en septiembre, antes de su administración, y de que ocurriera la transición entre el gobierno independiente y el emecista de Samuel García.

En diciembre, la controversia fue admitida a trámite sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia, publicó la SCJN en la lista de notificaciones.

“Consecuentemente se ordena emplazar a las autoridades demandadas con copia simple de la demanda y sus anexos, para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación”, dice la Corte.

Ante esto, el alcalde panista solicitó una suspensión de amparo, pero le fue negada.

Expertos aseguran que con la nueva ANP de la Sierra de Picachos se prestarán servicios ambientales, tales como 52 mil 500 metros cúbicos por año, 2 millones 758 mil 880 toneladas de CO2 por año y 365 días al año de limpieza de aire, entre otros.

En la Corte, la controversia fue emitida sin motivos de improcedencia

La cruzada de Raúl Lozano por Sierra de Picachos

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Lozano, cuestionó la controversia constitucional del alcalde de Higueras, Rafael René González Martínez, al considerar que no se puede estar en contra de preservar la Sierra de Picachos.

El legislador reclamó que no se cuide el Área Natural Protegida y ni se generen programas de manejo que aseguren que los aprovechamientos no ocasionen impactos acumulativos, irreversibles, irrecuperables o con daños permanentes al ambiente.

“Que pudieran tener repercusiones en el equilibrio hidrológico del área, ecosistemas y otros elementos de la biodiversidad de relevancia para este lugar”, dijo el diputado.

Lozano ha solicitado al alcalde panista desistir de esta controversia constitucional contra la extensión del Área Natural Protegida de la Sierra Picachos, para evitar la instalación de pedreras y los trabajos de deforestación en dicha zona montañosa.

“Pedimos nos informe, en primera instancia, el objetivo de haber promovido esta controversia, ya que no entendemos cómo se puede estar en contra de acciones como salvaguardar la captación de agua”, exhortó el legislador.

Según cifras del congresista, con el decreto existirá protección a más de 526 millones de árboles, más la captación anual aproximada de un millón 461 mil 835.6 toneladas de dióxido de carbono.

El diputado insistió al expresar su preocupación de que sea validada la controversia del alcalde panista, pues con esto podría haber un retroceso en el incremento de 75 mil a 175 mil hectáreas protegidas de superficie hasta septiembre de 2021.

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