La opinión pública estará pendiente hoy de la discusión sobre las quejas contra Compromiso por México en las pasadas elecciones
"Hay indicios de que hay lavado de dinero, que es dinero de procedencia ilícita o ilegal"
“La Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral está obligada a darle vista a las autoridades judiciales y financieras”.
Así opina el diputado perredista Roberto López Suárez respecto al más reciente capítulo del caso Monex. Dice que las autoridades responsables deben tomar cartas en el asunto, pues sería una pena para el proceso democrático que la autoridad electoral “se vuelva tapadera; referiría que aquel que tenga recursos de procedencia no clara y vínculos con ciertas empresas e instancias financieras puede hacer lo mismo en cualquier momento”.
El presidente de la denominada Comisión Monex indica a Reporte Indigo que le preocupa se trate “de encubrir un proceso financiero totalmente ilegal. Preocupa, porque es incongruente con el actual discurso de transparencia del PRI”.
Los reflectores de la opinión pública estarán hoy puestos sobre los consejeros electorales. Discutirán el Proyecto de Resolución del Consejo General del IFE respecto a las quejas interpuestas contra la otrora coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) durante el pasado proceso electoral.
El polémico asunto retorna con fuerza ahora que la autoridad electoral confirmó que el PRI adquirió 7 mil 851 tarjetas de prepago del Banco Monex.
No solo eso. Se calcula que de los 66 millones 326 mil 300 pesos que se manejaron a través de estas tarjetas, poco más de 50 millones y medio fueron destinados a gastos de la campaña tricolor a nivel federal.
La información disponible refiere por fin que “la triangulación sí existió”, afirma López. Aunque no coincide con el monto que la autoridad reporta, considera hay un riesgo de que se esté encubriendo informaciones nodales en el tema.
“Estamos hablando de que el órgano electoral y en este caso el de fiscalización son cómplices de encubrimiento sobre este escándalo que es a todas luces un rebase y uso ilícito de recursos y de procedencia dudosa”. Lo anterior, agrega, “lleva a plantear un asunto de lavado de dinero. Me parece preocupante que parece que no pasó nada y que nadie sea sancionado”.
Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE, coincide al indicar que lo importante del resolutivo es que “hay indicios de que hay lavado de dinero, que es dinero de procedencia ilícita o ilegal”.
Y que es grave no se dé vista ni a la parte fiscal de Hacienda ni a la PGR si hubiera un delito de carácter financiero.
Por ello insiste “debe quedar claro el origen del dinero”, para que se sepa quién financió los recursos mediante empresas fachada.
¿Y el origen del dinero?
De acuerdo con el expediente Q-UFRPP 58/12 –y sus acumulados, Q-UFRPP 246/12 y Q-UFRPP 232/12–, la Unidad de Fiscalización del IFE señala que el PRI “contrató una estructura de más de 7 mil personas, desempeñando funciones que se vinculan al proceso electoral federal inmediato anterior, existiendo indicios de haber desempeñado funciones para la promoción al voto”.
En el proyecto de resolutivo, del cual Reporte Indigo tiene copia, se apunta que tuvo “un objetivo específico encaminado a la promoción y obtención del voto y no una estructura cotidiana para el sostenimiento del propio partido político”.
De las 7 mil 851 de tarjetas entregadas, 7 mil 727 presentaron movimientos bancarios, según el documento.
Además que 32 mil 624 operaciones mostraron disposiciones en cajeros automáticos por la cantidad de 44 millones 630 mil 765 pesos.
No obstante, el IFE determina que las quejas interpuestas por el PAN y la otrora coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC) sobre el financiamiento ilegal presente en la campaña priista no tienen fundamento. Lo dice así:
“No obra en el expediente indicio alguno que arroje que estas operaciones seas [sic] ilícitas, pues conforme a la documentación que pudo recabarse, consistente en facturas, cheques, transferencias bancarias, cartas-instrucción, contratos, puede advertirse que de manera legal se realizaron estas operaciones”.
Al respecto, López Suárez dice que esto no implica que el origen de los recursos utilizados por el PRI sea lícito.
Para determinarlo, “se le tendría que dar vista a la Fepade y a la PGR”, indica.
Camerino Márquez sostiene, por su parte, que el IFE actuó de manera omisa.
“Totalmente parcial al permitir que se encuentren en cifras como gasto ordinario del partido (PRI), cuando realmente es gasto de campaña”, argumenta el reprsentante del PRD ante el IFE.
Son millones de pesos sin duda impactarán en el rebase de topes de campaña y que se debe saber “de qué cuentas se cubrieron esas facturas de Monex”.
El origen del dinero se debe transparentar.
