[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_h10igxiw” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /]
Después de la tragedia, la siguiente tarea que enfrentará el país será la reconstrucción que costará miles de millones de pesos pero, ¿de dónde saldrá el dinero para hacerlo?
En las próximas semanas se negociará en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y será ahí donde tendrá que estar la primer partida destinada a la reconstrucción de las zonas afectadas en los estados golpeados por los terremotos de este mes.
¿Hay dinero para destinarlo a estas tareas? Sí. En el gasto de los tres niveles de gobierno y los tres poderes hay miles de millones de pesos invertidos en gastos superfluos que bien pueden ser redireccionados al fondo para la reconstrucción.
Gasto en viajes suntuosos, en publicidad oficial, en sueldos de la alta burocracia, en prestaciones de los empleados públicos o en programas de gobierno que no tienen efectividad.
Los rubros de donde pueden recortar los diputados federales para hacer la bolsa de reconstrucción son numerosos. Lo único que hará falta será la voluntad política de los legisladores para hacer recortes en gastos que son innecesarios para el funcionamiento del país.
El Gobierno federal presentará este miércoles una iniciativa para la creación de un fideicomiso de reconstrucción; en él, se llamará también a la sociedad civil para que participe en la “adopción” de una o varias viviendas.
Muchas han sido las voces que han criticado en múltiples ocasiones el gasto no sólo del poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Judicial.
Se necesitará mucho más que el dinero al que renuncien los partidos políticos y más si sólo “donarán” lo que les será entregado este año y no en el próximo, cuando se llevará a cabo la elección más grande de la historia.
Uno de los rubros que más críticas ha tenido es el de la publicidad gubernamental que, además, es uno de los que crece exponencialmente entre lo presupuestado y lo efectivamente gastado.
Para el 2016, por ejemplo, el Gobierno federal presupuestó 2 mil 408 millones de pesos; sin embargo, en todo el año, gastó más de 8 mil millones de pesos.
Otro gasto que podría reducirse considerablemente es el de los viajes suntuosos que realizan diputados y senadores con cargo al erario.
En 2016, la Cámara de Diputados gastó 27 millones de pesos para costear poco más de 400 viajes, algunos de ellos con costos exorbitantes.
La norma de compra de boletos establece que si el viaje durará más de 4 horas, los legisladores viajarán en primera clase, lo que eleva considerablemente el precio de los boletos.
Así, por ejemplo, en seis legisladores que viajaron a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, la Cámara erogó más de 1.7 millones de pesos.
Otro rubro que consume millones de pesos al año son las prestaciones de la alta burocracia mexicana.
El pago de seguros de gastos médicos mayores; de telefonía celular; de gasolina y peajes; de arrendamiento de vehículos para uso oficial; o el uso de aeronaves para actividades privadas de los servidores públicos, representaría también un ahorro considerable.
Un ejemplo es el gasto que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, provocaba cuando utilizaba las aeronaves de Pemex para sus traslados.
Según lo documentó la Auditoría Superior de la Federación, en la Cuenta Pública del 2015, Lozoya habría gastado alrededor de 65 millones de pesos en traslados en el helicóptero de Pemex –que utilizaba a diario dos veces para moverse de su casa a la oficina- y en los aviones de la empresa que lo mismo lo llevaban a instalaciones de Pemex que a la playa o destinos turísticos.
También podrían eliminarse otros gastos superfluos, como los que se hacen en oficinas de los tres poderes para comprar café, galletas u otros productos que no impactan directamente en su trabajo.
Reporte Indigo documentó que en cinco años, del 2012 al 2017, el gasto en galletas, refrescos, agua, azúcar o sustitutos, costó 14.9 millones de pesos.
Los diputados también podrían considerar cancelar algunos fondos para obra pública que se manejan con total discrecionalidad.
Se trata del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, conocido como “Fortalece”; o el de Fortalecimiento Financiero, a través del que se entregan recursos a estados y municipios para obras.
Para 2017, el primero tiene asignados 8 mil 970 millones de pesos; mientras que el segundo –sin reglas de operación- maneja más de 20 mil millones de pesos.
Los rubros de donde pueden recortar los diputados federales para hacer la bolsa de reconstrucción son numerosos, lo único que hará falta será su voluntad política
¿Cuánto se necesita?
En 1985, luego del terremoto de 8.1 grados del 19 de septiembre, la reconstrucción fue lenta, costosa y desaceleradora de la economía nacional.
El golpe a la economía fue de entre el 2 y 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con datos del Banco Mundial, México perdió en ese sismo más de 11 mil millones de dólares.
Luego de la emergencia, el Gobierno federal usó recursos propios y algunos préstamos internacionales para lanzar un programa de financiamiento a la vivienda para los damnificados.
En el segundo y tercer terremotos, del 7 y el 19 de septiembre del 2017, todavía no hay un cálculo oficial sobre la cantidad de dinero que se necesitará para aliviar las necesidades de quienes hayan resultado afectados por los sismos. Algunas cifras, sin embargo, ya comienzan a calcularse por otros entes.
La firma consultora Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) calcula que la reconstrucción en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Puebla, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México representará un gasto de alrededor de 29 mil millones de pesos.
Tan sólo en Chiapas y Oaxaca, donde ya se concluyó el censo de los afectados del sismo del 7 de septiembre, se sabe que hay más de 100 mil viviendas afectadas.
El Laboratorio señala que la exigencia de que sean asignados recursos públicos a las labores de reconstrucción debe ocurrir en las próximas semanas, pues es cuando la Cámara de Diputados discutirá el Presupuesto de Egresos del próximo año.
“La Constitución mandata a la Cámara de Diputados autorizar en el Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos de inversión en infraestructura cuyas erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.
Es decir, para otorgar mayor presupuesto para la reconstrucción corresponde a los diputados recortar el presupuesto a los partidos y al Poder Legislativo, lo cual, por su mezquindad política, están lejos de salvaguardar el interés de la patria. LACEN hace un llamado para presionar a estos representantes populares para la reasignación presupuestal”, sostiene el Laboratorio.
La propuesta de esta firma es que se disminuya en 80 por ciento el gasto a los partidos políticos y al Poder Legislativo, lo que significaría un ahorro de 19 mil 858 millones de pesos que, aunados a los 9 mil 500 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales, suman más de 29 mil millones de pesos, los necesarios para reconstruir lo dañado por los terremotos de este mes.
Reconstrucción, prioridad
Los diputados federales ya han reconocido que la reconstrucción será el principal objetivo en la negociación del PEF 2018.
Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara baja, sostuvo que el tema será la prioridad.
“El presupuesto tiene hoy ya una prioridad fundamental que es la reconstrucción rápida, la reparación de las afectaciones en todos los lugares que la sufrieron, y hoy estoy seguro que todos los grupos parlamentarios le están dando prioridad a eso.
Y aunque los partidos políticos hacen manifestaciones en uno u otro sentido, la decisión de los diputados, que es su trabajo, tendrá que revisar efectivamente lo que se pueda hacer sin afectar este propósito de que rápidamente la gente recupere la normalidad”, expuso.
El PAN ha anunciado que exigirá se construya en esta negociación presupuestal un plan de austeridad para eliminar o redireccionar gastos para el próximo año.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018 debe quedar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre.
Continúa leyendo:
El gran derroche por Carlos Salazar
También puedes leer:
Con más respeto Parte III por Armando Estrop
