El balance hacendario de AMLO, entre logros y pendientes

Las autoridades hacendarias y tributarias del país establecieron un balance de su gestión al cierre de la administración obradorista, en medio de un proyecto de nación que requiere una mayor cantidad de recursos económicos y con diversos retos por enfrentar de cara al próximo sexenio.

Un aspecto fundamental para impulsar el crecimiento y desarrollo de una nación radica en el hecho de contar con unas finanzas públicas que permitan financiar cualquier acción que genere una mejora en la calidad de vida de la población; cuestión que, en consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es un elemento con el que la nación cuenta actualmente.

Y es que, de acuerdo con lo expuesto por Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, y Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, el manejo de variables como la deuda pública y la recaudación de ingresos tributarios durante el último sexenio ha generado certidumbre y confianza incluso ante diversos agentes de orden internacional,  que van desde organismos internacionales, hasta agencias calificadoras.

Una cuestión que si bien guarda diversos puntos positivos ante el trabajo que han realizado las instituciones, debe de mirarse con perspectiva crítica para poder resolver los pendientes que limitan la obtención de una mayor cantidad de recursos económicos que puedan traducirse en un aumento en el bienestar de la población, consideró Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Depende del criterio que uno elija para evaluar el estado de las finanzas públicas; si nos dicen que están sanas porque la deuda pública está anclada, es verdad, actualmente se ubica por debajo del 50 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), se ha estado gestionando de manera positiva y prudente. Pero si tú volteas a ver, este año, el déficit que se va a generar, o volteas a ver el espacio fiscal que se ha ido reduciendo año con año desde 2016, la realidad es que el panorama nacional es preocupante”, destacó la analista en entrevista para Reporte Índigo.

Al respecto, factores como una mayor obtención de ingresos tributarios netos, o el crecimiento sexenal de las obligaciones del sector público durante el último sexenio, que ha sido el más discreto de las últimas administraciones, de acuerdo con los datos de la SHCP y el SAT, contrastan con el hecho de que los ingresos presupuestarios no han logrado despuntar por encima de los 20 puntos porcentuales como proporción del PIB, o que se prevé que los Requerimientos Financieros del Sector Público alcancen la magnitud más pronunciada, por lo menos en más de dos décadas, al cierre de este año.

De ahí que, para consolidar una situación hacendaria y tributaria óptima, sea necesario impulsar toda una serie de medidas que van, desde orientar mejor la inversión pública, como ha recomendado el Fondo Monetario Internacional (FMI), o incluso la moderación del gasto gubernamental, sugerencia de Moody’s Analytics sobre el caso mexicano; aunque una estrategia basada en una dinámica más sencilla, como lo es profundizar el cobro de impuestos a quienes deben en mayor cantidad podría tener un impacto significativo para las arcas de la nación, han advertido organizaciones de la sociedad civil.

Profundizar para mejorar

Ante la negativa de impulsar medidas que modifiquen la forma en la que el país obtiene los recursos económicos necesarios para su funcionamiento, y la imposibilidad  de modificar la forma en que actualmente se ejerce el erario público dada la continuidad del proyecto de nación vigente; resulta imperativo profundizar en la labor del cobro a grandes contribuyentes que al día de hoy conservan compromisos tributarios con el país, señaló a este medio Diego Merla, coordinador de justicia fiscal en Oxfam México.

“Reconocemos el avance con este gobierno en términos de los ingresos tributarios, que han mejorado vía eficiencia recaudatoria, recaudación secundaria o cobro a grandes contribuyentes, sin embargo, no es suficiente; porque ha bastado para mantener el gasto del gobierno es estos años y nos ha permitido que la deuda no aumente de forma desproporcionada, pero no plantea un nuevo paradigma para responder a la necesidad de unas finanzas públicas sanas y eficientes para los próximos años”, puntualizó Merla.

En concordancia con el comentario del coordinador, los registros del SAT han hecho público que, como producto de auditorías a los grandes contribuyentes, se han logrado captar hasta 1.3 billones de pesos en lo que va de este sexenio; de la misma forma que ha advertido la falta de resolución de asuntos relacionados con el cobro de impuestos que podrían derivar en una recaudación de hasta 130 mil millones de pesos adicionales.

Con la reducción del endeudamiento externo, el mayor gasto en desarrollo social e inversión física y el pendiente de poder compensar la reducción en los ingresos petroleros, el país se prepara para enfrentar una profundización del modelo donde el sector público se ha hecho presente y no se espera que vaya a ceder, por lo menos a corto plazo.

Panorama a futuro

Con la promesa de reducir el déficit fiscal que registrará el país al cierre de este año, una postura negativa sobre la implementación de modificaciones al sistema tributario y un proceso de relocalización industrial que exige una mayor inversión en infraestructura, la administración entrante se perfila a enfrentar un arranque complejo.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, se prepara para arrancar su mandato y tomar las riendas de un país que todavía registra diversos pendientes por resolver, y entre ellos, la obtención de recursos económicos y su gasto figuran como los de mayor urgencia por atender ante una coyuntura que no parece ofrecer tiempo para una curva de aprendizaje o medidas cautelosas.

Lo anterior, dado que la representante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” liderará el país con la misión primordial de disminuir el déficit fiscal que, se espera, llegue a la cifra más alta en los últimos años; una promesa que la exdirigente de la Ciudad de México hizo a la clase empresarial.

Al respecto, especialistas en finanzas públicas consultados por este medio han alertado que resulta improbable, ya que, de acuerdo con el proyecto de nación establecido por la candidata ganadora de las elecciones, su mandato contempla acciones como fortalecer los programas sociales vigentes, invertir en  proyectos ferroviarios y hasta continuar con el apoyo a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex); cuestiones que requieren inyección de recursos económicos desde una primera etapa de su implementación.

“Todos los gastos que se anunciaron se van a sumar a los que ya estamos haciendo y para los que ya no nos alcanza, además de proponer una consolidación de tres puntos del Producto Interno Bruto, eso es muy difícil porque dadas las condiciones implica generar recortes a algún rubro, ¿Cuál será?”, cuestionó al respecto Alejandra Macias, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Por su parte, Diego Merla, coordinador de justicia fiscal en Oxfam México, agregó que en consideración de una economía que plantea atender las necesidades de la población más vulnerable, resulta complejo elegir algún sector o ámbito al cual se le puedan sustraer recursos para poder cumplir con el escenario que se ha planteado a inversionistas y votantes al mismo tiempo.

Incluso, la cuestión se complejiza si se contempla que, desde el Fondo Monetario Internacional, hasta agencias calificadoras, prevén un menor ritmo de crecimiento para el país en 2025, con todo lo que ello implica.

‘Los resultados no son claros’

Para impulsar el crecimiento y desarrollo de la nación, además de mantener finanzas públicas sanas, es necesario sentar las bases para la inversión, pues solo a través de ella, es como crece la economía, manifestó la senadora Claudia Anaya Mota.

Al hacer un balance hacendario de la actual administración, a unos días de que concluya, la legisladora priista subraya que los resultados no son muy claros.

Anaya Mota, licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, comenta que las señales que el Gobierno federal manda a los inversionistas no son claras y sí muy confusas.

Explica que la certeza jurídica, para que la gente quiera invertir en nuestro país y las reformas que se están impulsando para hacer cierre de sexenio, generan incertidumbre.

La senadora coincide con analistas en el sentido de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, deja diversos retos por enfrentar de cara al próximo sexenio.

Sin embargo, destaca que extinguir los organismos autónomos, entre ellos varios que tienen que ver con regulación y competitividad, es un factor que generará duda, al igual que mandar al Poder Judicial a la arena electoral.

Anaya Mota, quien por segunda ocasión consecutiva ocupará un escaño por su estado natal, deja en claro que el déficit en el país rebasa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a más de 2 billones de pesos.

Lo anterior aún y cuando la Secretaría de Hacienda anunció que el déficit para 2025 será del 3 por ciento.

“Es un salto tan brusco que solo se explicaría asfixiando a la administración pública federal, deteniendo la inversión pública o acomodando los números para marcar un falso déficit”.

La senadora, quien ha sido diputada local y federal en dos ocasiones (la primera vez por el PRD y la segunda por el PRI, explica que la manera más amplia de contabilizar la deuda es a través de los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público; a final del sexenio anterior era del 43 por ciento del PIB y para el cierre de este sexenio, según marcan las autoridades hacendarias, será del 47 por ciento del PIB. Ello, aún y cuando ese dato es considerado una deuda moderada.

“Debido a esto debemos de poner el foco de atención en el déficit de 2025 y, para eso, falta muy poco, pues el 8 de septiembre es la fecha cuando se entregue el paquete económico 2025”, subraya Anaya.