Pese a que el aumento de los ingresos tributarios otorga mayor independencia fiscal al gobierno mexicano, la recaudación aún es baja para estándares internacionales
El recorte al gasto público que la SHCP contempla para este año es de 70.3 mil millones de pesos, que sumados al recorte de 169.4 mil millones que debería terminar de efectuarse este año, alcanza una cifra total de casi 240 mil millones de pesos
La Cámara de Diputados aprobará hoy para su envío al Senado la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). El documento representa la primera de dos partes que componen la base de la política fiscal del Estado mexicano.
El 2017 significa un año histórico para el presupuesto federal por dos razones. Primero porque, este año, el sector público contará con la mayor cantidad de recursos en la historia: más de 4.8 billones de pesos. Segundo, porque la política fiscal se encuentra en un punto de inflexión, dado que se pretende romper con la tendencia ascendente de la deuda pública y salvaguardar la estabilidad macroeconómica en medio de un entorno adverso.
La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación que el Poder Ejecutivo envió al Congreso pone de relieve un cambio estructural en las finanzas públicas. La entrada en vigor de la miscelánea fiscal de 2014 y la caída de los precios del petróleo han dado lugar a una nueva composición en el financiamiento del sector público. El documento refiere que la baja en los ingresos petroleros se ha compensado con un incremento sustancial de los ingresos tributarios.
La Ley de Ingresos de la Federación señala que los ingresos presupuestarios no petroleros del sector público representaban apenas el 13.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el 2012. Al cierre de este año, se proyecta que la cifra rebasará el 20 por ciento del PIB.
En cambio, la trayectoria de los ingresos petroleros opera en el sentido contrario. En el 2012, éstos representaban casi el 9 por ciento del PIB. Para el 2020, se espera que los ingresos petroleros equivalgan a 3.5 por ciento del PIB.
A pesar de ello, la cifra aún es significativa. De acuerdo a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el gobierno espera recibir 393 mil millones de pesos derivados de la operación de Pemex.
La nueva estructura del presupuesto blinda a las finanzas públicas de la volatilidad del mercado petrolero, un factor exógeno fuera del control de las autoridades económicas del país.
Mismos impuestos, mayor riesgo
Pese a que el aumento de los ingresos tributarios otorga mayor independencia fiscal al gobierno mexicano, la recaudación aún es baja para estándares internacionales. Entre los países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México cuenta con la menor cantidad de ingresos tributarios como porcentaje del PIB. El promedio de los países miembro ronda el 33 por ciento del PIB.
Sin embargo, la Ley de Ingresos de la Federación no contempla nuevos impuestos. Esto se encuentra en línea con el discurso de la administración de Enrique Peña Nieto.
No obstante, el consenso de analistas argumenta que este compromiso ata de manos a las autoridades fiscales en un momento en el que las firmas calificadoras han puesto en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El consenso de analistas argumenta que este compromiso ata de manos a las autoridades fiscales en un momento en el que las firmas calificadoras han puesto en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas
En las negociaciones para la Ley de Ingresos del 2017, los diputados acordaron anoche aumentar el tipo de cambio en 42 centavos, para quedar en 18.62.
En su propuesta del Paquete Económico del 2017, la Secretaría de Hacienda había propuesto una cotización de 18.20.
El aumento dará mayores ingresos al país por la entrada de dinero de la venta de hidrocarburos y otros ingresos en dólares.
Los congresistas acordaron también subir el nivel de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) y pasarlo a un millón 937 mil barriles diarios.
Ambos factores traería un aumento de ingresos superior a los 50 mil millones de pesos.
Sin embargo, también aumentará la parte de la deuda contratada en dólares.
Durante el día de ayer, el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, acompañó a los diputados de la Comisión de Hacienda durante las negociaciones sobre las cifras finales de lo que debe ser aprobado hoy en el pleno de la Cámara baja.
Algunas bancadas ya han expresado sus reservas sobre lo que se aprobará en la Ley de Ingresos.
Vidal Llerenas, diputado de la bancada de Morena, ha pedido que se esclarezcan los ingresos que están previstos como “Otros” en el rubro de Aprovechamientos, además de que ha reclamado que la mayor carga de los ingresos recaiga en los contribuyentes.
Los diputados aprobaron el martes pasado la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la que se especificó que las empresas privadas tendrán un mejor esquema de deducción que Pemex.
“Las empresas tienen más facilidades para deducir dentro del propio consorcio donde estén independientemente de si tienen más o menos rentabilidad”, expuso Llerenas el martes pasado.
El tema que más complicó las negociaciones en el transcurso de ayer fue el modelo de liberalización del precio de las gasolinas; anoche, hasta el cierre de esta edición, aún no se había llegado a un acuerdo.
Hoy es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos, misma que debe pasar al Senado, donde debe ser aprobada a más tardar el 31 de octubre.
El problema de la sobreestimación
En la presente administración, año con año, los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han errado las proyecciones de la razón de deuda pública como proporción del PIB.
Valeria Moy, directora del centro de análisis de políticas públicas México, ¿Cómo Vamos? atribuye esta falla consistente a una sobreestimación del PIB por parte de las autoridades fiscales.
En ese sentido, la SHCP estima que la tasa de crecimiento de 2017 se encontrará en un rango de entre 2 por ciento y 3 por ciento, un pronóstico conservador si se compara con el optimismo de años anteriores.
Sin embargo, este conservadurismo no se refleja en el cálculo de la trayectoria esperada del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dos rubros cuyo comportamiento depende directamente de la tasa de crecimiento.
El pronóstico moderado de la tasa de expansión del PIB no coincide con las tasas de crecimiento de los dos mayores componentes de los ingresos tributarios. La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación espera que, en el 2017, se recaude 7 por ciento más de IVA en relación al 2016.
Asimismo, proyecta un incremento de 13 por ciento de los ingresos derivados del ISR.
Entorno adverso
El balance de riesgos para la economía mexicana se encuentra en su punto más crítico desde la crisis financiera global de 2008.
La incertidumbre generada por el proceso electoral de Estados Unidos, la potencial salida de capitales derivada de un eventual incremento de tasas de interés de parte de la Reserva Federal, la posibilidad de que se concrete el traspaso de la depreciación del peso frente al dólar hacia la inflación, el desbalance fiscal interno, los bajos precios del petróleo y un problema de estancamiento crónico marcan la pauta de la política económica actual.
Tanto la política monetaria como la política fiscal han adquirido un enfoque defensivo. En el último año, Banco de México ha incrementado la tasa de interés de referencia en 175 puntos base.
Las medidas de austeridad de la SHCP han sido igual de drásticas. Las autoridades fiscales pretenden que en el 2017 se alcance el primer superávit fiscal primario de los últimos ocho años.
Este objetivo busca romper la tendencia de creciente endeudamiento de la deuda pública como proporción del PIB.
No obstante, aún prevalece un sentimiento de escepticismo respecto a la capacidad de estas políticas para salvaguardar la estabilidad macroeconómica del país.
Esta semana, el Instituto Mexicano de Finanzas Públicas (IMEF) refirió que la magnitud de las medidas de austeridad podrían ser insuficientes. “El esfuerzo que está haciendo el gobierno apenas es suficiente para contrarrestar la pérdida de los ingresos no recurrentes”, señaló Jonathan Heath, vicepresidente nacional de estudios económicos del IMEF.
En el 2015, Banco de México obtuvo un remanente de operación equivalente al 1.2 por ciento del PIB. Para 2017, ese ingreso no está contemplado.
La crítica recurrente de la iniciativa privada yace en que los recortes no han sido lo suficientemente amplios para convencer al mercado y a las firmas calificadoras de la fortaleza de las finanzas públicas.
La Ley de Ingresos de la Federación espera que el saldo de los requerimientos financieros del sector público, una medida amplia de deuda pública, sea de 50.2 por ciento del PIB en 2017.
Este pronóstico contrasta con el escenario pesimista del IMEF, que ubica a la deuda pública en niveles de 56 por ciento el siguiente año.
Los costos de un recorte obligado
El recorte al gasto público que la SHCP contempla para este año es de 70.3 mil millones de pesos, que sumados al recorte de 169.4 mil millones que debería terminar de efectuarse este año, alcanza una cifra total de casi 240 mil millones de pesos.
Aunque el consenso de analistas consultados por Banco de México estima que el crecimiento económico del país en el largo plazo no será superior al 3 por ciento, la política económica ha privilegiado un enfoque recesivo.
Gabriel Casillas, director de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, calcula que el costo de estas medidas de austeridad le costarán un punto porcentual a la tasa de crecimiento del PIB este año.
Sin embargo, la coyuntura de incertidumbre ha orillado a las autoridades fiscales a priorizar la consolidación de las finanzas públicas. Este año, dos de las tres principales agencias calificadoras de deuda, redujeron la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México.
Además, entre los países que cuentan con el mismo nivel de calificación de deuda, México es percibido como el país más riesgoso. El costo para asegurar un bono de deuda soberana de México frente a un posible default es mayor que el costo equivalente de un bono de deuda soberana de Perú o Panamá.
Esto pone de relieve la vulnerabilidad del país frente al surgimiento de un evento que pueda inaugurar un nuevo episodio de volatilidad en los mercados. Analistas argumentan que una de las razones por las que el peso se ha depreciado 37 por ciento frente al dólar en los últimos dos años, obedece a que la divisa mexicana se ha convertido en un activo de cobertura frente shocks que alteren las expectativas del mercado (Brexit, elecciones estadounidenses, etcétera).
A pesar de que el país ha crecido a una tasa anual promedio de 2.3 por ciento en las últimas tres décadas, la SHCP considera que la necesidad de mantener fundamentos fiscales sólidos es imperante en este contexto.
De tal suerte, el fortalecimiento de los ingresos del sector público, patentes en la Ley de Ingresos de la Federación, así como los recortes al gasto público, representan los dos pilares de una política fiscal abocada a mantener la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado a México en la última década.
