La restricción para que los servidores públicos de alto rango puedan trabajar en ciertas empresas de la iniciativa privada al menos por una década después de haber concluido su encargo, podría dejar a la Administración Pública Federal escasa de perfiles especializados.
Esta prohibición, aprobada ayer por el Senado dentro de la Ley Federal de Austeridad Republicana, es considerada por sus detractores como un veto para trabajar en cualquier otro lugar relacionado con su área de especialidad, una vez que salgan del servicio público.
Esta será una de las medidas que estarán sujetas a procedimientos legales de amparo para echarlas abajo, por sus opositores.
Aunque la Cámara de Diputados había aprobado que este veto fuera solo por cinco años, el Senado aprobó ayer que la temporalidad fuera del doble, para quedar en 10 años
Sucedió tras una sesión que había durado más de 15 horas; el tema fue introducido durante la madrugada del martes por el senador Félix Salgado Macedonio, de Morena.
Al final, se aprobó el cambio no sin ser cuestionado por la oposición.
“Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior, a qué se refiere el Manual de Percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”, quedó establecido en el artículo 24 de dicha Ley.
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Esto, al considerar que los servidores públicos que tuvieron acceso a información reservada o confidencial pueden utilizarla en perjuicio del país, por lo que “se prevé evitar cualquier tipo de acto que derive en corrupción al incorporarse a alguna empresa con la que se tuvo relación”, expuso Salgado.
Con esta prohibición se busca evitar que se repitan casos como los del expresidente Ernesto Zedillo, que fue consejero ejecutivo de Union Pacific, concesionaria de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, que fue privatizada durante su mandato.
Felipe Calderón fue consejero de Avangrid, filial de la compañía española de energía Iberdrola, empresa que tuvo varios contratos con el gobierno mexicano.
En esa misma empresa, Iberdrola, se encuentra Georgina Kessel, quien fuera secretaria de Energía del gobierno de Calderón Hinojosa.
Buscando evitar estos casos, la restricción para que ninguna persona pueda emplearse en la iniciativa privada hasta una década después de haber dejado su lugar en el gobierno aplicará para servidores públicos que tengan plazas con clave K, J, H y G, de acuerdo al Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda.
Es decir, aplicará al presidente de la República, secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad y directores generales.
Con esta prohibición se busca evitar que se repitan casos como los de los expresidentes Zedillo y Calderón que tras sus gestiones fueron consejeros de compañías con relaciones estrechas con el gobierno
Servidores públicos acusan atropello
Legisladores de oposición levantaron la voz contra lo que consideraron un atropello a los derechos laborales de las personas.
Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, acusó que la imposición de estas medidas se trata solo de ocurrencias sin que hubiera un estudio previo.
“Es una barbaridad, por decirlo de manera elegante, lo que aquí se vino a proponer. Cómo puede pensarse que una persona que trabajó en el gobierno, no importa en qué área, así haya sido el Secretario de Hacienda, 10 años, se le impida (trabajar).
“Y no estoy a favor de los privilegios, simplemente un poco a favor de la razón. Esta propuesta, por ser lo menos, es prácticamente irracional”, acusó el legislador de Acción Nacional.
Para Vanessa Rubio, senadora por el PRI, esta política puede tener como consecuencia que pocas personas estén interesadas en participar en el servicio público.
“Creo que el subir esto a los 10 años es una exageración que al final del día va a acabar castigando a los servidores públicos, y va a acabar inhibiendo la contratación de personas a la actividad pública, al servicio público, porque va a implicar un castigo el no poder volver a trabajar para adelante y el no poderte hacer de medios para salir adelante tú y tu familia”, consideró.
Damián Zepeda, senador por el PAN, afirmó que esta medida es un absurdo, pues contraviene el principio constitucional de la libertad.
“Además de que va flagrantemente contra una disposición constitucional que dice a la letra: ‘A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícitos, salvo que estén inventando un delito para hacer ilícito el hecho’.
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“Es ilegal lo que están planteando, y además de ilegal es absurdo, o sea, ‘en cualquier empresa que haya regulado’, fíjense nada más el caso, y no me importa que sean los secretarios o subsecretarios ¿Qué dicen? Que hasta directores generales. Pues prácticamente todas las secretarías regulan a todos; quiero decir que alguien que trabajó en Agricultura no va a poder trabajar a una empresa de agricultura”, criticó el legislador.
Se prevé que, de ser aprobado este cambio a la Ley Federal de Austeridad Republicana por la Cámara de Diputados, se presenten decenas de amparos argumentando que se coarta la libertad laboral de las personas.
Para que entre en vigor esta Ley, falta el voto aprobatorio de la Cámara baja, que podría convocar a un periodo extraordinario para aprobarla a la brevedad.
