Ser mujer en México

Es una realidad, en México las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los varones.

No es un discurso de victimización. Las cifras y los hechos son claros cuando se habla de la disparidad en la realidad de ambos géneros.

La realidad de las mujeres en México puede ser tan dura como la cara que dan los feminicidios; o tan retadora, como el escaso acceso a cargos de poder.

A nivel internacional, el país se ubica en un índice medio en cuanto a equidad de género.

De acuerdo con el Reporte Global de la Brecha de Género 2015, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México ocupa el lugar 71 de 145 países.

El país, empero, está por debajo de otras naciones de América Latina, como Nicaragua (lugar 12); Bolivia (22); Barbados (24); Cuba (29); Ecuador (23); Argentina (35); Costa Rica (38); Bahamas (40); Colombia (42), y Panamá (44).

Este índice califica el desempeño de los países en cuatro grandes áreas: participación y oportunidades económicas de las mujeres; acceso a educación –desde básica a superior-; empoderamiento político, y cuestiones de salud y supervivencia.

Feminicidios, el horror

El asesinato de cientos de mujeres en varias partes del país prendió los focos rojos sobre el peligro que representa ser mujer en ciertas zonas de México.

Primero fue Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde la desaparición y el asesinato de mujeres fueron un asunto con relevancia internacional, desde la década de los 90.

Hasta el año 2012 se tenían contabilizados aproximadamente 700 feminicidios en esa ciudad.

Por casos ocurridos en Juárez, México incluso ha sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la omisión de las autoridades para esclarecer los hechos y por no proteger a las mujeres de hechos de violencia en su contra.

El caso específico que mereció una sanción contra el país fue el del asesinato de ocho mujeres en el Campo Algodonero.

Recientemente, el Estado de México se ha convertido en el nuevo foco de atención sobre el tema de los feminicidios.

En zonas como el municipio de Ecatepec, el asesinato de mujeres ha ido cobrando mayor relevancia y ha provocado protestas de varios grupos sociales.

Estadísticas imposibles

En el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no existe información desagregada sobre feminicidios. La Secretaría de Gobernación solo cuantifica los homicidios sin distinguir si se trata de hombres o mujeres.

La evidencia de tal vacío de información quedó al descubierto en agosto del 2015, cuando un ciudadano solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la estadística de los feminicidios registrados desde el 2014 hasta esa fecha.

El SNSP respondió que tal información no existe; sostuvo su afirmación incluso después de la presentación de un recurso de apelación.

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el Estado de México, del 2011 al 2013, se registraron 840 asesinatos de mujeres. De ellos, solo 145 fueron investigados como feminicidios.

El nivel de la violencia contra las mujeres es tal en el Estado de México, que la Secretaría de Gobernación ha declarado la alerta de género a mediados del 2015, lo que implica reforzar las medidas para prevenir los ataques y garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita.

Según las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres son atacadas con más saña que los varones, con mayor violencia o se utilizan medios que producen mayor dolor antes de fallecer.

Se calcula que entre el 2013 y el 2014, en promedio, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

A 38 de cada 100 las ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las quemaron o las lesionaron con objetos punzocortantes o a golpes con objetos, establecen las cifras del Inegi.

En cambio, esas modalidades solo fueron utilizadas para asesinar a 21 de cada 100 varones, ese año.

En el caso de los asesinatos de mujeres, señala el Inegi, tienen que ver más las cuestiones culturales que las condiciones de violencia que existen en el país.

“De acuerdo con la información de los últimos 15 años (…) los asesinatos de mujeres derivan de un patrón cultural y menos de los cambios de la violencia social por el crimen organizado”, señala el Instituto en una carpeta informativa sobre la violencia contra las mujeres.

¿Durmiendo con el enemigo?

Las mujeres enfrentan también una violencia que puede convivir con ellas bajo el mismo techo.

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Inegi, en datos del 2011 revelan que 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más padeció un incidente de violencia en general.

Los estados del país que superan estos índices de violencia son el Estado de México (73 por ciento); Ciudad de México (72 por ciento); Sonora (68 por ciento); y Baja California (66 por ciento).

Casi 50 de cada 100 mujeres han tenido al menos una relación de pareja donde han sido agredidas.

El rango de edad más vulnerable es de los 30 a los 39 años; de ellas, casi el 70 por ciento han enfrentado al menos un episodio de violencia.

La Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo, realizada en el 2007, reveló que el 76 por ciento de las mujeres entre 15 y 24 años sufrió episodios de violencia en su relación, por causas como celos (41 por ciento) o porque “tiene muchos amigos varones” (25 por ciento).

En el 2006, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se establecieron pautas para castigar a quienes las agreden.

Política: el techo de cristal

El acceso de las mujeres al poder político en México puede resumirse en una sola expresión: existe un techo de cristal; se ve la cima, pero no se puede llegar a ella.

Una sola gobernadora en 32 estados; dos de 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 47 de 128 senadores; 212 de 500 diputados federales; entidades que nunca han tenido una mujer en la alcaldía (como Baja California y Quintana Roo), hablan de un escaso acceso de las mujeres al poder.

En el gabinete presidencial, solo tres de 19 cargos de alto nivel son ocupados por mujeres. Se trata de Arely Gómez, procuradora general de la República; Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores; y Rosario Robles, al frente de la Sedatu.

En el Poder Judicial están en funciones dos ministras (de 11) en la SCJN –Margarita Luna y Norma Lucía Piña-.

El número de candidatas a la Presidencia de la República, el país solo ha tenido cinco candidatas presidenciales. Ninguna de ellas ha ganado la contienda.

Las aspirantes presidenciales han sido Josefina Vázquez Mota (2012); Patricia Mercado (2006); Marcela Lombardo (1994); Cecilia Soto (1994); y Rosario Ybarra de Piedra (en 1988 y 1982).

A nivel municipal, la representatividad de las mujeres ha ido en aumento, pero en índices mínimos.

En 1995, solo el 3.5 por ciento de las alcaldías del país estaba ocupada por una mujer. Ya para el 2014, la cifra alcanzó el 7 por ciento.

Para intentar subsanar el problema, a partir de las elecciones del 2015 los partidos políticos tuvieron la obligación de postular a mujeres al 50 por ciento de los cargos que se jugarían en la elección.

Sin embargo, como ya es práctica común, algunos se las ingeniaron para saltar la ley y, en lugar de fomentar la participación de las mujeres en la política, utilizaron a familiares de candidatos varones que, al pedir licencia, podría quedarse en el cargo.

Uno de los mayores escándalos ocurrió en Chiapas, donde la Red Chiapas por la Paridad Efectiva denunció ante el Tribunal Electoral que se había postulado a familiares varones de los candidatos.

Tres consejeros electorales de esa entidad fueron removidos por no “haber garantizado el principio de equidad” en las candidaturas.

A todo esto se suma la violencia política contra las mujeres, pues son varias candidatas o aspirantes a puestos de elección popular que han sufrido amenazas o ataques directos en su persona o a sus casas de campaña.

Presas por delitos ‘de amor’

De acuerdo con datos del Inegi, el 53 por ciento de las mujeres que son acusadas por delitos del fuero federal están en la cárcel por delitos relacionados con las drogas.

La mayor parte de las veces, ellas se convierten en narcotraficantes o en transportadoras de estupefacientes por necesidad.

La organización Equis Justicia para las Mujeres sostiene que las mujeres encarceladas por temas de drogas tienen características similares: son pobres, proceden de comunidades marginadas, tienen un bajo nivel educativo y no tienen antecedentes penales.

Antes de llegar a la venta de drogas, sostiene Equis, muchas mujeres han pasado por otras actividades económicas modestas que les daban muy pocos ingresos: limpiando casas, planchando ropa, preparando alimentos o vendiendo productos en los semáforos.

“Las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos (…) las mujeres suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que, por la cantidad y la ‘rapidez’ de las mismas, les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico.

“Por lo tanto, los delitos de drogas son también delitos ‘de amor’ o ‘de género’. Pero una vez que son encarceladas, las mujeres suelen ser abandonadas por las personas que las involucraron en el negocio”, expone Equis en su Propuesta de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México.

La mayoría de las mujeres presas en México se encuentra recluida en inmuebles sin la infraestructura requerida para sus necesidades; menos aún si se trata de mujeres que son madres.

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