El incremento de sentencias condenatorias es clave para que se reduzcan los casos de desaparición forzada de personas, considera Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
La clave está en las sentencias. Lo que va a hacer que cambie la realidad que vive el país y que los delitos no se repitan son las sentencias, pero es donde tenemos uno de los grandes problemas y entonces el Poder Judicial siempre se ampara diciendo que le mandan mal las carpetas de investigación, lo cual es cierto. Sin embargo, también el Poder Judicial tiene la facultad legal de reponer el proceso y de volver a hacer la investigación si quiere
“La documentación de las sentencias muestra que en realidad todo son palabras, de cada 100 carpetas de investigación donde niños, niñas y adolescentes son víctimas sólo tres alcanzan algún tipo de sentencia o proceso. Esto es muy importante y concatena con estos datos porque más allá de las notas de prensa sobre detenciones, en donde aparece la foto y demás, la gran mayoría de esas historias no llegan al Sistema Judicial”, refiere el experto.
Otro problema es que con el nuevo Sistema de Justicia la tortura practicada por las autoridades a los acusados les abre la puerta para salir libres y no enfrentar a los jueces.
“Los que llegan los liberan por varias fallas, porque los torturan y ahora torturarlos es claramente una garantía de liberación porque efectivamente se viola la normativa y la ley, y alteran y venden la alteración de las carpetas de investigación para que cuando lleguen al Sistema Judicial sean frágiles y tengan que liberarlos”, explica.
Ejemplifica que en el caso de las víctimas de trata de personas, solamente hay 14 sentencias y un registro vigente de más de tres mil 800 víctimas de este delito, lo que produce que al no haber sentencias los crímenes se perpetuen.
“En esta administración particularmente se incrementó o casi se duplicó la desaparición de personas, particularmente niños y niñas, pasamos el 30 de abril de 2018 de tener cuatro desapariciones todos los días a cerrar el mes de febrero con siete desapariciones todos los días de niños, niñas y adolescentes, y pasamos de 3.6 homicidios en finales de diciembre de 2018 –cuando toma el poder esta administración– y cerramos el 2020 con siete homicidios diarios”, sentencia.
Por estas razones, “México es un paraíso de impunidad” que ha sido señalado en el ámbito internacional, incluso por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
16,875
Explica que cuando se habla de una crisis de institucionalidad en derechos humanos se hace referencia a que el Estado y sus instituciones carecen de la capacidad de garantizar la vida, el desarrollo, la integridad y la propiedad de sus habitantes.
Considera que con el cambio de gobierno los delitos y la corrupción se ha visto intacta, lo que se traduce en las bajas sentencias impuestas en estos actos denunciados.
“Lo que cambiaron fueron los rostros pero siguen siendo las mismas prácticas de corrupción que históricamente tienen los gobiernos”, explica.
‘Fiscalía Especializada en Desaparición es inoperante’
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) es tan inoperante que parece creada para no hacer las cosas, considera Lucy Díaz, directora de Colectivo Solecito.
“Es una fiscalía que es disfuncional, desde el principio el diseño no fue para que funcionara porque nunca se ha hecho la voluntad de buscar, y está en la Ciudad de México”, considera la experta.
El trabajo de esta unidad es un reflejo de la ineficacia en casi todos los demás delitos, considera Lucy Díaz.
“La realidad es que esta fiscalía especializada solamente refleja la situación de todos los casos a nivel nacional, independientemente del delito, es un 98% de impunidad. Es la misma situación que pasa con cualquier otro delito: No hay imputados, no hay un proceso”, considera.
Al momento de convertirse en víctimas de algún delito, como la desaparición forzada de personas, las familias quedan en total indefensión y en medio de procesos burocráticos, ya que carecen del apoyo oficial para salir adelante, afirma Díaz.
“De hecho, no se tiene la voluntad de llegar a un proceso porque cuando se trata de llegar a un proceso se va a hacer una investigación y la investigación no existe en México como tal.
Hay simulación de investigación, pero una investigación real no la hay. ¿Cómo puedes armar un caso si no tienes investigación?
En general, el sistema de justicia deja en el abandono a las familias de las víctimas desaparecidas.
“El tema en México es el sistema jurídico. El sistema todo, desde el arresto. Todo. Desde la denuncia. Desde el punto de vista de las víctimas de la denuncia, la intención simplemente de dar curso a esa denuncia, ya que en muchos casos ni siquiera se acepta y en esas denuncias no hay un interés real en investigar”, considera la activista.
Ejemplifica que en el caso de desaparición de su hijo hay indicios de dos posibles participantes, pero desde hace tres años las autoridades no han dado con ellos.
“Si los estuviera buscando una compañía para que les pagaran una gran deuda yo te aseguro que ya los hubieran encontrado”, sentencia Lucy Díaz, “pero como nada más es para hacer justicia, eso no funciona”.
