Destacan especialistas la importancia de que el Tribunal Electoral transparente el proceso de resolución
El espacio para impugnar y anular toda una elección es mucho más cerrado de lo que era antes de la reforma electoral de 2007.
Esto debe tenerse muy claro, indica José Antonio Caballero Juárez, a unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita su fallo sobre la pasada elección presidencial.
El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dice que se vienen escuchando muchas anécdotas en torno a la anulación de la elección de Tabasco o la de Colima.
Sin embargo, dado que hace cinco años se cambió la Constitución –con el aval unánime de las fuerzas partidistas– las reglas del juego cambiaron. Y éstas hacen mayor el grado de dificultad para anular elecciones respecto a los criterios utilizados por el Tribunal Electoral en periodos previos.
De acuerdo con el académico hay criterios –sobre todo en una sala regional en Toluca, Estado de México– donde se están considerando elementos que podrían establecer algún esquema de anulación.
Pero –acota– es “un criterio aislado; no es un criterio confirmado por la Sala Superior y tendría que discutirse mucho cuáles son las razones que pueden llevar a hacer esto”.
Conversamos con el doctor en Derecho por la Universidad de Navarra tras el seminario “La labor jurisdiccional de la Sala Superior del TEPJF respecto de la impugnación de la elección presidencial”.
Organizado por la División de Estudios Jurídicos del CIDE, participaron además de Caballero Juárez, los doctores Carlos Báez Silva, cirector del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, y César Astudillo Reyes, coordinador de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Este lunes ahí se dieron informes sobre la labor jurisdiccional que lleva a cabo el TEPJF y respecto al razonamiento que hace para resolver diversos litigios.
Se habló también sobre las condiciones efectivas o determinantes que permiten a un tribunal anular una elección.
Se destacó que, en principio, el Tribunal Electoral deberá ser muy cauteloso en sus argumentaciones y la importancia que tendrá la forma como acate la certeza del proceso electoral.
Otro aspecto que se abordó se refirió a la capacidad probatoria de las denuncias. Por ejemplo, qué se tuvo que hacer para acreditar la compra de voto, “qué implica eso a la luz de los sufragios emitidos”.
Un tercer elemento –cuenta Caballero– aludió a la comisión de delitos electorales. “Una cosa es impugnar el proceso electoral y otra cosa es la persecusión de los delitos electorales”.
Esto último corresponde a la Físcalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y, hasta el momento, no se sabe cuántas investigaciones tiene abiertas.
En este sentido, Báez indicó no toda la responsabilidad recae sobre el IFE y el TEPJF.
Y analizó cómo se han ido gestionando los medios de impugnación para llegar a la calificación de la elección que emitirá la Sala Superior.
Por su parte, Astudillo sostuvo que las autoridades electorales actúan en función de las leyes otorgadas por los partidos politicos y que “los medios de impugnación tienen un diseño en la ley que es procesada en el Congreso”.
Resolución en puerta
La División de Estudios Jurídicos del CIDE se aboca a la investigación empírica del derecho. Más que concentrarse sobre qué dice la ley observan cómo se aplica.
Típicamente, las instituciones encargadas de aplicar la ley son los tribunales, por ello estudian cómo operan y si los jueces actúan con independencia, eficiencia y si resuelven con calidad.
Para poder contestar la mayor parte de estas preguntas –apunta el investigador–, hay que estudiar a fondo el funcionamiento de los tribunales y leer las sentencias que emiten.
“Lo más importante en este momento es observar al Tribunal Electoral y exigirle que haga las cosas de la forma más clara –afirma Caballero– que sea transparente y que sus resoluciones vengan bien” argumentadas. Para saberlo, agrega, “es indispensable leerlas”.
Para el coautor del “Libro Blanco de la reforma judicial en México”, el TEPJF en este proceso electoral hizo algo novedoso: nombrar una comisión de magistrados para atender el juicio de inconformidad interpuesto por la coalición Movimiento Progresista.
También destaca que, a través de su página de internet, ha ido transparentado paso a paso lo que van haciendo.
“Ciertamente son posturas preliminares y hasta no tener la sentencia y que no concluya el proceso pues no puedes formar una opinión completa”. Pero, insiste, “cuando un tribunal se transparenta evita suspicacias”.
En 2006 el Tribunal Electoral emitió una sentencia confusa, plagada de violaciones e infracciones electorales, que no obstante no consideró suficientes para anular los comicios presidenciales. Y eso que entonces, indica, “tenía un escenario más abierto para anular elecciones” previo a la reforma de 2007.
El reto en puerta del máximo órgano electoral será explicar su fallo.
“Va a tener que dar con mucha claridad un ejercicio informativo donde se explique esto. Normalmente los jueces salen a hablar de sus sentencias, dicen ahí está, habla por sí sola, y yo me apegué a derecho. Ese tipo de puntos no nos van a servir, el Tribunal va a tener que explicar muy claramente la sentencia que dé, decida lo que decida”, afirma Caballero Juárez.
Es probable que la División de Estudios Jurídicos del CIDE convoque a otro seminario para analizar la próxima sentencia que emita el TEPJF, sobre la que hoy están puestos múltiples reflectores.
