Señalan daños al telespectador

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Jalisco y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV). 

Lo señalan por la decisión que tomó de eliminar de su programación toda cobertura informativa y de opinión del periodo electoral de este 2015.

“La censura establecida por el director del SJRTV durante el proceso electoral, no solamente viola el derecho a la información de la audiencia, sino que también limita el derecho a formar una opinión pública”, se aprecia en la queja presentada el jueves pasado por las organizaciones ciudadanas ante la junta local del INE.

El medio oficial decidió en marzo pasado, que entre el 5 de abril y el 8 de junio no transmitiría información electoral tanto en sus noticieros como en su barra de opinión. 

“De cara al proceso electoral 2015 (…) considero que la programación de C7 Jalisco (…) debe de contemplar lo siguiente: eliminación de información electoral en los noticieros.

“Suspensión de los programas de servicio social, y de cualquier contenido que hable o pueda interpretarse como un logro de gobierno; condicionamiento de no tocar temas electorales para los programas de opinión; continuidad de toda la programación cultural”, según la recomendación que el 11 de marzo hiciera el defensor interino de las audiencias de C7, Julio César Hernández.

Ante esto, las agrupaciones ciudadanas manifestaron su inconformidad.

“Queremos señalar a este colegiado, que la decisión de eliminar de la programación la información derivada del proceso electoral violenta diversos derechos humanos consagrados en la Carta General de la República.

“En la Constitución de Jalisco y en los instrumentos internacionales en materia de derechos civiles y políticos ratificados por el Estado mexicano, y que desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, forman parte del orden jurídico del país”,  dijeron.

La queja presentada por el par de organizaciones llegó tardía: casi dos meses después de la recomendación firmada por el defensor.Graciela Bernal Loaiza, presidenta de Amedi en Jalisco, detalló el porqué de la tardanza.

“En la reflexión que hicimos como organizaciones de la sociedad civil pensamos que esta situación debe sentar un precedente para el futuro. 

Pensamos que debe corregirse y debe de atenderse el sentido de un medio público al servicio de los jaliscienses en materia de información de interés público y más sobre la base de que es información que nutre las posibilidades de que el electorado decida por quién votar el siete de junio”.

Apegados… a la interpretación de la ley

La misma tarde en que se presentó la queja ante el INE Jalisco, el SJRTV emitió un boletín a través de su director de noticias, Antonio Ceja Mercado, defendiendo la decisión de eliminar la información electoral de los noticieros y programas de opinión, con el argumento de que se actúa apegado a la legislación en la materia.

“El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión a través de su área jurídica acudió ante el Consejo Local en Jalisco del Instituto Nacional Electoral y ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para poner a su consideración una consulta.

Mediante la cual se diriman interrogantes relacionadas con el ejercicio de las labores de comunicación y cobertura del SJRTV, a fin de apegarnos al orden jurídico de la materia y sus criterios de interpretación, tomando en consideración que este organismo maneja recursos públicos y sus trabajadores son considerados como servidores públicos”, plasmó C7 en el comunicado.

En el boletín de prensa también se señaló que las consultas se emitieron a partir del 21 de abril pasado, cuando se giró el oficio SJRTV/DG/057/2015 a la Junta Local de INE en Jalisco. 

El documento consta de 13 hojas en donde el sistema hizo una interpretación jurídica de su carácter de organismo público descentralizado; de los principios de equidad e imparcialidad de los medios de comunicación social en materia electoral;  del carácter de sus empleados como servidores públicos del gobierno del estado; y los delitos electorales que pudiera generar la cobertura.

Ese mismo oficio fue respondido por el INE el 8 de mayo pasado; en la respuesta se declaró incompetente para emitir una opinión. 

No ocurrió así con el IEPC Jalisco, que respondió al oficio con una interpretación jurídica de la figura del servidor público en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El mismo procedimiento se hizo con la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la que se le giró el oficio el 18 de mayo. Ésta concluyó que “carecía de facultades para pronunciarse al respecto”.

En tanto que el oficio también girado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco no ha tenido aún respuesta, a escasos días de la elección el 7 de junio próximo.

Pero el medio oficial omitió decir en su comunicado que la consulta a las autoridades electorales se hizo después de haberse emitido la recomendación del defensor, no antes, la cual se cocinó en la Junta de Gobierno y en el Consejo Consultivo de C7 Jalisco. 

Suspicacias y expectativas

Aun cuando la recomendación de Julio César Hernández, como defensor de audiencias interino, y acatada por Sergio Ramírez Robles, hoy director general con licencia, ha causado cuestionamientos y posicionamientos públicos, los protagonistas de esa historia se encuentran hoy fuera del SJRTV.

Julio César Hernández es hoy sólo miembro del Consejo Consultivo, al haberse convocado y nombrado ya a un nuevo defensor de audiencias. 

De igual forma continúa su trabajo periodístico al frente del blog Marcatextos, el cual recibió el 31 de marzo pasado –20 días después de haber emitido la recomendación– un cheque de 300 mil pesos, según se aprecia en información de transparencia de las Unidades Administrativas de Apoyo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).

Marcatextos es administrado por Hernández y por Gilberto Pérez Castillo, éste último, señalado como miembro del “War Room”, el grupo de asesores del gobernador priista Aristóteles Sandoval Díaz; también es conductor de un programa en C7 Jalisco.

Y Sergio Ramírez Robles goza hoy de la licencia de 60 días que le concedió la Junta de Gobierno de C7 para ostentar su cargo como secretario de comunicación del PRI Jalisco. Pretende regresar al cargo entre el 3 y 4 de junio, fecha en que venza su plazo de licencia.