Señalados desde las sombras

Pese a que Servando Gómez Martínez, el jefe de Los Caballeros Templarios, era buscando “con prioridad nacional”, la mayor parte de los procesos penales instruidos en su contra por la PGR han sido con base en declaraciones de testigos protegidos.

Las acusaciones más graves que se le imputan a “La Tuta” no parten de averiguaciones propias hechas por el agente del Ministerio Publico de la PGR, sino que son hechos platicados. Referidos por terceros, según revelaron fuentes cercanas a la defensa de Gómez Martínez.

En el caso contra quien durante un tiempo fuera señalado como uno de los criminales más peligrosos de México se han retomado declaraciones ministeriales del testigo protegido conocido bajo el nombre de “Emilio”, quien, por si fuera poco,  está muerto desde el 30 de marzo del 2013.

Las acusaciones -no comprobadas- de “Emilio” llevaron a prisión a 35 funcionarios públicos de primer nivel en Michoacán, entre ellos 12 alcaldes de diversos partidos políticos, todos detenidos en “El Michoacanazo”.

En los autos acusatorios integrados en el expediente de “La Tuta”, destacan también algunos señalamientos hechos por otro testigo protegido, este de nombre “Carlos”, quien desde el 2009 acusó al exlíder del cártel de Los Templarios de basar sus decisiones criminales en la orientación de un brujo que lo acompañaba. 

El ministerio público de la PGR trasladó las declaraciones de “Carlos” a la actualidad, a fin de configurar la causa penal seguida contra “La Tuta”. El principal señalamiento es el secuestro, tortura y homicidio de 12 agentes de la Policía Federal, cuyos cuerpos fueron encontrado el 13 de julio del 2009 en el municipio de la Huacana, en Michoacán.

“Carlos” ya había declarado sobre el múltiple asesinato. En sus acusaciones, además de mencionar a “La Tuta” como responsable de los hechos también incluyó la participación directa de algunos funcionarios michoacanos, entre ellos, los presidentes municipales detenidos durante “El Michoacanazo”.

Los señalamientos del testigo finalmente fueron desechados por un juez, que decretó la exoneración de los mencionados en ese episodio insignia de la administración de Felipe Calderón.

Pese a que “Carlos” ha aportado sin éxito datos a la PGR desde el 2009, sus declaraciones también se han actualizado en el expediente federal que se integró por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, convirtiéndose en el principal declarante que vincula al exedil de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda con el cártel de las drogas Guerreros Unidos.

“Ricardo” es el nombre clave de otro de los testigos de que se ha valido la PGR para actualizar los ilícitos que se le han señalado al jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, recluido en una celda de segregación de la cárcel federal de Almoloya.

Los testimonios de “Ricardo” fueron tomados pese a que también había participado, sin ningún éxito, en imputaciones a funcionarios michoacanos dentro de “El Michoacanazo”.

¿Qué dice la Ley?

En el artículo 35, se enlistan los beneficios que gozará el miembro de la delincuencia organizada que ayude eficazmente a la persecución de otros elementos de organizaciones delictivas.

> Si no existe averiguación previa en contra del colaborador, los elementos que aporte como prueba, no serán usados en su contra.

> En caso de que sí exista averiguación previa por crímenes en los que participe, la pena correspondiente al colaborador, podría ser reducida hasta en dos terceras partes.

> Si durante el proceso penal, se aportan pruebas suficientes para condenar a un miembro del crimen organizado con funciones de administración, dirección o supervición, la condena del colaborador podría reducirse hasta la mitad.

> Cuando el colaborador se encuentra sentenciado y aporta pruebas para sentenciar a otros miembros del crimen organizado, a valoración de un juez, se puede remitir parcialmente la pena, hasta dos terceras partes.

Sin valor probatorio

Fuentes de la PGR confirmaron que las declaraciones de los testigos protegidos identificados como “Emilio”, “Carlos” y “Ricardo” han actuado como parte acusadora en al menos 45 procesos penales, en los últimos 5 años.

De esos, más de la mitad han sido desechados por los jueces y magistrados que resolvieron sentencias absolutoria, al no darles valor probatorio a los testimonios platicados afanosamente por los empleados de la PGR.

El resto de los procesos, en donde se entrelazan las versiones de los tres testigos con las investigaciones del agente del ministerio público de la Federación, aún se llevan a cabo en diversos juzgados, principalmente de los estados de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, en cuyas cárceles federales hay casi dos docenas de reos, que esperan poder carearse con sus señaladores.

Un caso hecho de recortes

En mayo del 2014, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, -fustigando el uso de los testigos protegidos durante el sexenio de Felipe Calderón- aseguró que durante el actual régimen la figura de “testigos protegidos” sería un recurso que solo se utilizaría excepcionalmente en algunos casos.

Murillo Karam afirmó que la PGR revisaría el programa de testigos protegidos y analizaría cambios en su operación, debido a que se detectaron irregularidades en su aplicación que derivan de la anterior administración.

Dijo que la PGR se ha visto obligada a invalidar los testimonios de presuntos delincuentes que se acogieron a este esquema para obtener beneficios legales, a pesar de que procesos de alto impacto sus declaraciones carecieron de veracidad y solidez.

“La figura que nos preocupa y que tenemos que darle un adecuado tratamiento es la figura de quien está involucrado en algún delito y actúa como testigo”, agregó en aquella ocasión.

La consolidación de las acusaciones en contra de Servando Gómez Martínez, quien se ha declarado reconocido como un criminal, se convirtió ya en el caso excepcional aludido por la PGR.

Al menos tres testigos protegidos se han utilizado para sustentar las acusaciones contra “La Tuta”, a fin de tener argumentos que permitan la reclusión carcelaria prolongada del jefe del cártel de las drogas en Michoacán.

Otras versiones que se plasman en el expediente de “La Tuta”, son las declaraciones de Fernando López Salinas, testigo protegido reconocido como “Paco”, cuyos señalamientos son sostenidos por la parte acusadora para demostrar la relación de Gómez Martínez con algunos capos criminales que se han vinculado al proceso, entre ellos, algunos integrantes del cártel de Sinaloa y colaboradores de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En la mayoría de los señalamientos hechos a “La Tuta”, las acusaciones de los testigos “son endebles, sin fundamento lógico en el tiempo y lugar de los hechos que se señalan”, dijo un funcionario de la PGR consultado por Reporte Indigo.

No hay investigación sólida del agente del ministerio público.

“El proceso que se le ha instrumentado a ‘La Tuta’, está hecho de recortes de otros procesos penales fracasados”.

Ya no está, pero aún acusa

Uno de los testimonios “más sólidos” que se plantea en el expediente acusatorio integrado contra Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, son los señalamientos que se desprenden del deposado original del testigo protegido “Emilio”, quien hizo oficial la relación entre el exdiputado prófugo Leonel Godoy Toscano y el jefe de Los Caballeros Templarios.

A finales del 2010, “Emilio” refirió que la acción impune “La Tuta” en Michoacán -cuando el gobernador era Leonel Godoy Rangel- obedecía a la relación de compadrazgo que mantenía con el exdiputado, medio hermano del gobernador.

“Emilio” también develó los nexos que “La Tuta” mantenía con algunos alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán. Esas declaraciones fueron revividas en el expediente penal del jefe Templario que hoy se encuentra en prisión.

Las declaraciones de “Emilio” -que se vuelven a plasmar en un expediente- llaman la atención no por su contenido, sino porque lo dichos por ese “testigo protegido” además de haber sido desechadas por un juez federal, enfrentan un argumento irrebatible. “Emilio” está muerto desde el 30 de marzo del 2013.

“Emilio”, el testigo estrella del régimen de Felipe Calderón y cuyo nombre verdadero era Onofre Hernández Valdez, fue encontrado muerto en el domicilio Rancho Grande, número 62 en la colonia José López Portillo, en el municipio de Jiutepec, Morelos, en donde su cuerpo presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

Otro testigo que tampoco podrá acudir a encarar a su señalado cuando la defensa lo solicite, es Fernando López Salinas, “Paco”.

Pese a que algunos de sus señalamientos se encuentran vivos en el expediente de “La Tuta”, este informante fue ejecutado en la Ciudad de México el 18 de febrero del 2013, luego de haber hecho varios señalamientos contra integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.

Algunos de los deposados emitidos por López Salinas han servido de base para robustecer la tesis policial de la PGR sobre la relación del cártel de los Beltrán Leyva con el hoy procesado José Luis Abarca, señalado como responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero.

‘Carlos’, el mitómano

Al testigo protegido “Carlos”, el que con frecuencia va de la fantasía a las conclusiones personales en sus explicaciones hechas ante el agente del ministerio público, se le atribuyen algunas declaraciones que por inverosímiles, el propio representante social ha optado por no consignar dentro del proceso que se le instruye a Servando Gómez Martínez.

“Carlos” aseguró que “La Tuta” se hacía acompañar permanente de un brujo, por el que –supuestamente- se dejaba guiar. A él, según el “testigo protegido”, le consultaba hasta la forma de ejecución de sus víctimas.

El brujo de “La Tuta” sería Juan Víctor Fernández Castañeda, quien se encuentra preso en la cárcel federal de Matamoros.

Según “Carlos”, Fernández Castañeda le hacía una limpia a “La Tuta” cada tres días, para que no fuera detenido ni abatido en combate.

El mismo testigo también habría contado al agente del ministerio público –según versiones del interior de la PGR- su temor personal al brujo de “La Tuta”, al considerar que los hechizos que hacía sí eran efectivos.

“Carlos” narró que en una ocasión el líder de los Templarios fue curado por su brujo de un dolor de riñones, para lo cual le dio a beber un brebaje de hierbas y le extrajo, con las manos, de la parte renal y sin abril la piel, un puño de cabellos con sangre.

Era un embrujo del que había sido víctima “La Tuta” y del que su gurú particular lo liberó.

El testimonio de la operación de manos, igual que otras versiones de “Carlos”, que cuentan historias sobrenaturales de “La Tuta” -como su capacidad para estar presente en dos lugares distintos o flotar sobre el piso y moverse de un lugar a otro por levitación- no fueron incluidas en el proceso penal que se le sigue al jefe de Los Templarios, por no aportar nada a la causa penal, pero fueron recogidos por los agentes del ministerio público de la PGR.

El regreso del pasado

Pese a que la procuradora General de Justicia, Arely Gómez González, no ha emitido una postura pública sobre el uso de los “testigos protegidos”, la inclusión en su equipo de trabajo de algunos colaboradores muy cercanos a los exprocuradores Rafael Macedo de la Concha y Eduardo Medina Mora apunta hacia el reposicionamiento de la añeja forma de los testigos de oídas.

La llegada de Gilberto Higuera Bernal a la Subprocuraduría de Control Regional, Proceso Penales y Amparo, así lo señala.

A este funcionario se le atribuye el desarrollo de la llamada Operación Limpieza, cuando en base a testigos de oídas fueron procesados 13 empleados de la PGR. El juez de la causa desechó las declaraciones fantasiosas de los 9 testigos protegidos que coordinó la PGR.

Otro promotor de los testigos de oídas para fortalecer los procesos penales en contra de presuntos miembros del crimen organizado, fue Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, recién ascendido a titular de la SEIDO.

Muñoz Vázquez también estuvo relacionado en la integración de la averiguación previa penal –en base a testigos de oídas- en contra de Noé Ramírez Mandujano, exsub procurador de la PGR, quien estuvo preso, sin pruebas, en una cárcel federal de máxima seguridad.