Dentro de las discusiones pendientes en el Senado de la República, el Derecho al Olvido o la cancelación de datos en internet, se perfila como uno de los temas más polémicos dentro del periodo legislativo 2020.
Esta medida, que implica la garantía de los usuarios del mundo digital a solicitar la suspensión o desaparición de la información pública en los diversos motores de búsqueda, plataformas electrónicas o redes sociales, fue puesta sobre la mesa por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila el pasado 1 de diciembre, se convertirá en la principal discusión en materia de datos personales de carácter digital en el próximo periodo ordinario de la Cámara alta.
De acuerdo con el texto presentado por el coordinador de la bancada guinda y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en nuestro país existen 83 millones de usuarios de estas plataformas, por lo que se tiene la intención de modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de particulares, para incorporar la noción de los datos personales digitalizados, habilitando la la posibilidad de cancelar la información que se encuentre en medios digitales y sancionar a los responsables de no acatar esta disposición.
No obstante, el intento de facultar a los usuarios de mayores herramientas jurídicas para su protección y seguridad, se enfrenta contra distintos vacíos legales y contradicciones, uno de ellos las propias leyes mexicanas que garantizan el acceso a la información.
Para el especialista en protección de datos personales, Rodrigo Orenday Serratos, la polémica que trae consigo el intento por regularizar el Derecho al Olvido, tiene su origen en la dificultad para su aplicación, así como en sus consecuencias en la práctica.
Somos una generación que está aprendiendo a convivir con este tipo de tecnologías y seguramente no sólo habrá dificultad, sino que se cometerán errores
“El principal problema que enfrentamos (con estas regulaciones) es de jurisdicción. Ya tuvimos la experiencia con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el caso de la publicación hecha por la revista Fortuna en 2015, donde una persona se quejó y ejerció su derecho de cancelación ante dicho organismo constitucional autónomo”, señala.
La iniciativa de Monreal, afirma que en el mundo globalizado e interconectado actual “el uso de las redes sociales, las plataformas, los medios de comunicación y las demás herramientas virtuales se ha vuelto indispensable”, una revolución tecnológica que tiene un alto impacto en el escenario gubernamental, social y personal de los mexicanos.
Un hecho que impulsa la necesidad de aterrizar un marco legal que proteja a los usuarios de fenómenos como la desinformación o las llamadas “fake news”, o que armonicen con otras regulaciones digitales como el sexting o los delitos de carácter cibernético.
Complicaciones globales para el Derecho al olvido
Sin embargo, la posibilidad de que la iniciativa de Derecho al Olvido prospere en nuestro país se reduce en consideración de que, a nivel internacional, el tema regulatorio se vuelve complejo.
Desde la perspectiva de Orenday Serratos, la problemática principal es que las empresas dedicadas al almacenamiento de datos o a brindar servicios como motores de búsqueda en internet, tienen sus centros de operación en otros países.
Algo que evita que las regulaciones prosperen debido a la falta de jurisdicción, con ejemplos tanto en México como en otras partes del mundo.
“En la Ley Olimpia, que fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México (el pasado 3 de diciembre), se prevé que la autoridad ministerial pueda requerirle a estas empresas bloquear accesos o eliminar información; pero no es viable ni aplicable porque ni la autoridad ministerial ni la jurisdiccional mexicana pueden acceder directamente a estas empresas.
“Tienen que hacerlo por vía de cooperación procesal internacional, a través de sus homólogos en los respectivos países. Y eso toma tiempo, asumiendo que la solicitud resulte procedente”, detalla.
Existe una falta de jurisprudencia sobre las empresas internacionales que controlan el flujo y almacenamiento de información
En el ámbito internacional, para el abogado y asociado de la firma Santamarina y Steta, el caso que ejemplifica de mejor forma esta problemática es el que se desarrolló desde 2010 en Europa, cuando el ciudadano español Mario Costeja solicitó a Google borrar datos antiguos que permanecían en el buscador. Un caso que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en donde finalmente se reconoció la procedencia del Derecho al Olvido.
Rodrigo Orenday explica que en este caso se logró el bloqueo del acceso a la información solicitada, pero sólo desde los dominios europeos. Algo que no aplicó a escala global.
“Si yo busco en Google.es de España o Google.fr de Francia, no voy a encontrar la información que es materia de Derecho al Olvido, sin embargo si accedo desde .mx sí voy a poder”, añade.
Evolución digital
A pesar de que la discusión pendiente en la Cámara alta se perfila como una complicada desde el aspecto técnico y delicada debido a sus implicaciones en cuanto al acceso a la información y regulaciones internacionales, el especialista considera que se trata de un avance en el terreno legal mexicano.
“Sea cual fuera el resultado de este proceso legislativo, me parece importante el que se esté llevando, porque me da la impresión de que la materia de protección de datos va madurando en México. En julio vamos a cumplir 10 años de la vigencia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y muchas cosas no terminan de despegar como en Europa o Estados Unidos.
“Pero lo interpreto como un signo de madurez o de la evolución de la materia en México, que nos lleva a tener más conciencia sobre la relevancia del procesamiento de datos y su seguridad”.
Orenday Serratos menciona que además de la opinión de académicos, la participación de organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), será crucial de cara a esta discusión del proyecto.
“En términos generales, la preocupación debería de ser que este tipo de iniciativas no se presten a algo que pueda ser mal utilizado. Que se degenere en una herramienta para el borrado completo de información relevante para la sociedad”, concluye.
