Senado elimina “partida secreta” del presidente que permitía operación opaca de dinero

El Senado de la República aprobó en lo general y particular 11 reformas constitucionales que, tras llegar consensuadas al pleno, los legisladores avalaron por mayoría calificada por no tener connotaciones políticas, de fondo o de interés particular y sí benefician a los mexicanos.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar determinó que, después de la discusión de los respectivos dictámenes, se votara en conjunto tras nueves horas solo para aprobar estas 11 reformas que, por reglamento, lograron las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes.

Hasta el cierre de esta edición, la sesión ordinaria continuaba con la aprobación de cuatro nombramientos, entre otros puntos que se incorporaron a la agenda legislativa.

Tal fue el caso de la prohibición de la figura antidemocrática de las “partidas secretas” en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la cual el presidente en turno disponía recursos de manera arbitraria desde 1917.

Al presentar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, el senador por Morena, Martí Batres, destacó que se trata de una decisión con valor histórico eliminar el cuarto párrafo, de la fracción IV, del artículo 74 constitucional.

Sin embargo, el panista Julen Rementeria -quien votó a favor- cuestionó que, en la actual administración federal, no se hable de partida secreta, sino de “ahorros” que usa el Presidente de la República, cuando en realidad se trata de un subejercicio del presupuesto que se utiliza para “obras faraónicas”.

En respuesta, los senadores de Morena destacaron que la prohibición de partidas secretas forma parte de la abolición de privilegios de la clase política, reforma distintiva del momento de transformación que vive el país.

✅ Por unanimidad, con 94 votos a favor, se aprueba la reforma constitucional para promover la transparencia y la rendición de cuentas claras en el ejercicio del recurso público; eliminando las partidas secretas. pic.twitter.com/paJtkfQJD6

— Senado de México (@senadomexicano) March 12, 2021

Seguridad privada

Sin cuestionamientos, los senadores aprobaron el decreto por el que se adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política, en materia de seguridad privada.

Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, al presentar el dictamen, subrayó que con los cambios se buscará establecer reglas específicas y uniformes en toda la República, aplicables a la prestación de servicios de seguridad privada y a la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas, así como la coordinación en la materia.

Lo anterior, mediante una legislación general que contenga criterios específicos de autorización, verificación y evaluación estandarizados, así como la imposición de sanciones por violaciones a los preceptos legales correspondientes, lo que permitirá tener certeza respecto a la identidad de las personas físicas y morales que presten este tipo de servicios, así como a la calidad con la que lo hagan.

Justicia digital

Durante la segunda sesión ordinaria presencial, en otro punto los senadores aprobaron modificar el artículo 17 de la Constitución Política, con el fin de garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital, a través del uso de tecnologías de información y comunicación.

De acuerdo con el dictamen, la pandemia por COVID-19 ha relevado la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas en procesos que requieren de celeridad, transparencia y eficacia, como es el caso de las disputas que se debaten en los tribunales.

Desde la tribuna, Sylvana Beltrones, del PRI, refirió que al aprobar estos cambios significará ahorro de recursos, celeridad en resolución de los casos, accesibilidad de grupos vulnerables, publicidad, mayor transparencia, disminución, incluso erradicación por completo del uso de papel, imparcialidad a los juzgadores y facilitar el trabajo en casa.

Justicia cívica

Los y las senadoras también avalaron por unanimidad modificaciones a los artículos 5, 17 y 21 de la Carta magna, en materia de justicia cívica, como el primer escalón de la intervención de la autoridad para garantizar el cumplimiento de la ley y combatir la impunidad e implica la acción necesaria cuando en las actividades cotidianas de las personas, se infringe el deber de conducta previsto.

Por ello, dijo la legisladora priista Claudia Ruiz Massieu, es necesario restablecer la armonía en la convivencia entre vecinas y vecinos, entre las personas que disfrutan de una igualdad esencial: ser parte de la ciudadanía. “Lograr que el imperio de la ley sea la norma general de conducta en las relaciones más cotidianas y sencillas, es abonar a la tranquilidad social en todos los espacios”, puntualizó.

En otros temas, las y los senadores aprobaron diversas disposiciones constitucionales para que se reconozca en la Constitución al español y las 68 lenguas indígenas, con sus variantes lingüísticas, como lenguas nacionales, mientras que en otro dictamen se aprobó reconocer los símbolos patrios para fomentar la identidad nacional en todo el país y fortalecer el federalismo.

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También aprobaron las minutas enviadas por la Cámara de Diputados, para que se reconozcan oficialmente los nombres completos de los estados de Veracruz Ignacio de la Llave, Michoacán de Ocampo.

En las consideraciones aprobadas del proyecto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política, los senadores explicaron que la acción de inconstitucionalidad constituye uno de los más importantes medios de control en el sistema jurídico mexicano.
El priista Miguel Ángel Osorio Chong, para referirse al proyecto de decreto por el que se reforman los incisos A) y B) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política, dijo estar convencido que la reforma permitirá contar con una herramienta más para proteger el federalismo y fortalecer el Estado de derecho.

El último dictamen aprobado fue el referente a la Planeación, en donde propusieron modificaciones constitucionales para establecer una agenda política en la administración pública para los próximos 20 o 30 años años, y en la que no sea la decisión política la que se anteponga a la racionalidad, subrayó el senador Alejandro Armenta.