El Senado de la República aprobó por mayoría de 62 votos, 36 en contra y una abstención, la miscelánea de prisión preventiva oficiosa para los delitos considerados graves, entre ellos, el uso de programas sociales con fines electorales, feminicidio, robo de casa habitación, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.
Se abordó el dictamen aprobado para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre otras, así como el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Miguel Ángel Lucero Oliva, del Partido del Trabajo, al emitir su voto a favor, consideró que se dan pasos firmes en la lucha contra la impunidad, “enfermedad heredada por un antiguo régimen de corrupción, así como presidentes omisos ante las necesidades del pueblo mexicano”.
Incluso, agregó, uno de ellos inició una absurda y sangrienta guerra (Felipe Calderón) para legitimarse. Como consecuencia de ese acto, hoy nos vemos forzados a legislar y, en consecuencia, a corregir.
✅ Con 62 votos a favor, 36 en contra, se aprueba reformar diversas leyes para establecer prisión preventiva oficiosa a delitos electorales, desaparición de personas, robo de hidrocarburos, entre otros.
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— Senado de México (@senadomexicano) February 18, 2021
Con el voto dividido del PRI, Movimiento Ciudadano y el PAN no avalaron la iniciativa, conscientes de que las modificaciones constitucionales y legales que preceden al debate, “están prácticamente consumadas. Hoy sólo nos corresponde avalar o rechazar el planteamiento de la colegisladora con respecto a un párrafo de aparente mejoría”, apuntó Claudia Ruiz Massieu.
Insistió en que muchos legisladores no acompañan la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, porque es contraria al principio de progresividad del reconocimiento de los derechos humanos.
En este sentido, dijo, la modificación del artículo 19 constitucional “fue una regresión de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos de las personas en el proceso penal. Una ampliación que atenta contra el principio de presunción de inocencia, fundamental para nuestro sistema penal acusatorio. Una ampliación que valida en los hechos la restricción a la libertad de una persona, sin que para ello se deba probar su absoluta necesidad”.
Xóchitl Gálvez aseguró que el voto en contra del Grupo Parlamentario del PAN, no significa estar a favor de los delincuentes, es exigir que la prisión preventiva sea justificada con investigación y con las pruebas suficientes por parte de los ministerios públicos.
En tanto, sus compañeros de bancada, Damián Zepeda y Kenia López Rabadán, la prisión preventiva representa una salida falsa al problema de inseguridad del país, pues es violatoria de los derechos humanos. Meter a una persona a la cárcel sin haberse probado culpable, es algo totalmente violatorio a la libertad, reiteraron.
Del PRD, Miguel Ángel Mancera justificó su voto a favor porque es más grave la figura de la prisión preventiva solicitada, pues se deja al juzgador criterios de amplio espectro para su aplicación. Hay muchos más casos de personas en prisión por este supuesto, que los que están presos por los delitos graves.
Mientras el priista Carlos Ramírez votó en contra, Manuel Añorve, del mismo partido hizo lo contrario al justificar que basta de escuchar historias de terror, en las que las víctimas de alguno de estos delitos sean revictimizadas una y otra vez, porque los delincuentes siguen en las calles y nuevamente amenazando a quienes con valentía habían levantado una denuncia.
Con estas reformas, también avanzamos en la protección de las víctimas y reforzamos la procuración de justicia de nuestro país. Evidentemente la prisión preventiva oficiosa sigue siendo una situación extraordinaria, que solo se aplica en los casos más agravantes para la sociedad.
Manuel Añorve aseguró que estas reformas no buscan llenar las cárceles de inculpados, ni que la administración de justicia sea todavía más lenta, por el contrario, lo que se pretende es garantizar, en primerísimo lugar, la integridad y la seguridad de las víctimas, pero el objetivo final, es lograr que se haga justicia en todos los casos.
