Con 49 votos en contra y 10 abstenciones, 54 senadores avalaron en lo general reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo que implica que 124 millones de usuarios tendrán que registrar forzosamente sus datos biométricos como huella digital, iris y rostro para tener derecho al servicio.
La oposición, en voz de Miguel Ángel Mancera, advirtió que se trata de un “cóctel de violaciones constitucionales” que obliga a los usuarios de celulares a proporcionar su identificación oficial con fotografía, su comprobante de domicilio y sus datos biométricos.
El priista Manuel Añorve avaló el dictamen. Los petistas Cora Cecilia Pineda y Joel Padilla, así como los morenistas Eva Galáz Caletti, Gerardo Novelo Osuna, Napoleón Gómez Urrutia, Nestora Salgado y Héctor Vasconcelos, se abstuvieron, aunque se registraron al final 10 abstenciones.
El padrón registró 124 millones de usuarios de teléfonos móviles en México durante el tercer trimestre de 2020, según la consultora The Competitive Intelligence Unit.
📌 Con el objetivo de combatir los delitos que son cometidos a través del uso de teléfonos celulares, se aprobó reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.
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— Senado de México (@senadomexicano) April 13, 2021
La senadora Xóchitl Gálvez Ruíz, de Acción Nacional, hizo un llamado a Morena para analizar técnicamente la propuesta, porque los delincuentes en nuestro país podrían utilizar dispositivos de Centroamérica, Estados Unidos o de Europa.
Refutó en varias ocasiones que la reforma pretenda que sea obligatorio identificarse y registrarse en un padrón al momento de adquirir una tarjeta SIM o una línea telefónica por prepago, para evitar o reducir el uso de líneas desechables en los delitos de extorsión y secuestro cuando, en muchos casos, se cometen desde los centros penitenciarios a través de teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina a las prisiones.
Emilio Álvarez Icaza, desde la tribuna, exhibió a través de un audio de su celular, cuando en 2011 Ricardo Monreal puso el centro de la discusión con absoluta claridad los intereses de la cúpula estatal por encima de los derechos ciudadanos, al aprobarse el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), programa fallido creado en 2008 y eliminado en 2011 por obsoleto e inseguro.
Al respecto, se cuestionó: “¿Qué les pasó hoy a ustedes para cambiar así de posición? El Padrón no disminuirá el crimen”.
Lucía Trasviña, de Morena, indicó que la propuesta es para proteger a la sociedad en este sinnúmero de crímenes que se cometen, y no solamente en el ámbito penal, también en la utilización de la telefonía móvil celular para cometer delitos electorales, al que se suma la desinformación que genera la oposición a través de estos dispositivos para atentar contra la libertad de pensamiento de los mexicanos.
Noé Castañón, de MC, dijo que más que ayudar a combatir a la delincuencia, se fomentará otro tipo de prácticas más elaboradas por el crimen organizado, generando un gasto innecesario por parte del Gobierno federal para la creación de este padrón, máxime que se tiene información de que, en su mayoría, las llamadas de extorsión realizadas a la ciudadanía provienen de las cárceles.
Para los senadores de Morena, Margarita Valdez y Ricardo Velázquez Meza, la reforma busca que sea obligatorio identificarse y registrarse en un padrón al momento de adquirir una tarjeta SIM o una línea telefónica por prepago, para evitar o reducir el uso de líneas desechables en los delitos de extorsión y secuestro
Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, expuso que son preocupantes los inconvenientes que han señalado los expertos, por lo que es necesario saber si esta reforma es viable para su operación económica y estructural.
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Consideró que la propuesta para establecer un padrón que permitirá acceder a la información de geolocalización y datos biométricos de los usuarios de teléfonos móviles, se debe revisar a detalle para evitar que se lleve a los tribunales y alertó que el dictamen es un atentado contra las garantías individuales y los derechos humanos de los usuarios.
La oposición alertó que las víctimas de robo con violencia que son usuarios de prepago, rara vez denuncian el delito y sus teléfonos son usados por los delincuentes para cometer delitos más graves.
Con esta medida, “serán una vez más los pobres los que sufrirán una doble vejación: el robo de sus teléfonos y pertenencias y la presunta culpabilidad en delitos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión”, indicó Miguel Ángel Mancera.