Senado aprueba Centro Nacional de Identificación Humana; acusan falta de presupuesto

Por unanimidad de 117 votos, las y los senadores aprobaron en lo general y particular la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) luego de que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, existen a nivel nacional registros de 99 mil 231 personas desaparecidas desde 2016; de ellos, 52 mil cuerpos no han sido identificados.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a 2022 hay un registro oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, de las cuales hasta hoy permanecen sin localizar 99 mil 80 personas.

Datos del mismo registro arroja que, de las más de 144 mil personas que han sido localizadas, desafortunadamente 9 mil 827 se han encontrado sin vida y, aunado a lo anterior, no existe un censo sobre cuerpos no identificados en las fosas comunes, advirtieron los legisladores.

Tras la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados, todos los grupos parlamentarios coincidieron en señalar que este Centro es una herramienta efectiva para la identificación de las personas desaparecidas y dar un trato digno a los cuerpos y restos humanos que se encuentran sin identificar.

Sin embargo, la oposición advirtió que, “de nada sirve el CNIH si no hay recursos presupuestales para su operación”, denunciaron las panistas Indira de Jesús Rosales y Andrea Cruz Blackledge, así como Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, quienes pidieron al Gobierno federal dejar de engañar a la gente, pues “el Centro nace sin recursos”.

Los senadores aprobaron reformas y adiciones a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, así como de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

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De acuerdo con datos del Gobierno federal, en los institutos forenses y en las morgues hay 52 mil cuerpos sin identificar; por ello, esta lacerante realidad debe ser atendida desde el poder legislativo, manifestó la panista Kenia López Rabadán al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos que preside, la cual envió la colegisladora.

Al aprobarse por ambas Cámaras la iniciativa enviada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se crea un esquema para analizar toda la información forense para la identificación de cuerpos y restos humanos desde una metodología de enfoque masivo, subrayó Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos, Segunda.

Precisó que este este Centro no suplirá la responsabilidad y las obligaciones legales de los servicios forenses, de las fiscalías, tribunales o independientes, sino que su propósito es la implementación técnica de una política pública de búsqueda forense con fines de identificación mediante una metodología para la realización de identificaciones masivas.

Patricia Mercado, de MC, dijo que “es lo mínimo que podemos hacer si pensamos en la urgencia con la que cualquier familiar de una persona desaparecida exige resultados y respuestas de las autoridades”.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, refirió que el número de desaparecidos es del tamaño del estadio Azteca lleno, quien comentó que no es una tragedia del pasado, ya que en los últimos cinco años han desaparecen 8 mil personas anualmente y, de seguir en esa tendencia, “este gobierno será en el que más personas hayan desaparecido”.

De acuerdo con el dictamen, en el nuevo Centro adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda, se aplicará un enfoque híbrido para que los cuerpos y restos humanos de personas sin identificar encontrados en fosas comunes, sean tratados de forma correcta.

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Además, personal del CNIH preparará a expertos en la identificación y recuperación de cuerpos que estén en resguardo de fiscalías y servicios médicos forenses locales y tendrá como tarea crear un sistema forense multidisciplinario enfocado en la identificación de personas desaparecidas, así como coordinar y ejecutar las estrategias de búsqueda.

La iniciativa señala que este órgano pretende garantizar a las y los mexicanos el derecho a la búsqueda, a la identificación, a la verdad y, eventualmente, incidir en el derecho a la justicia.

El documento señala que el órgano contemplaría en sus tareas la participación de familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones civiles.

El Centro Nacional de Identificación Humana deberá estar en funciones 90 días después de la entrada en vigor del presente decreto.