La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, entregó la posesión de la empresa que opera el disputado casino La Fortuna a los propietarios legítimos de esta casa de apuestas.
El Ministerio Público Federal dejó en depositaría –acto que deja en custodia bienes a alguna entidad o persona- la compañía Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., a un representante legal de los dueños del establecimiento.
Este nombramiento implica que el grupo de despojadores del casino, comandado por el juez de Distrito suspendido, Luis Armando Jerezano Treviño, está impedido de reclamar derechos sobre la empresa y lo deja fuera de su alcance jurídico.
Pese a ello, un juez penal de Nuevo León ha hecho caso omiso de las actuaciones de la Procuraduría General de la República y, desde hace un año, mantiene en la cárcel a los casineros Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González.
La compañía fue depositada el pasado 29 de mayo a favor de Alberto Lozano Reyes, representante legal de los propietarios de La Fortuna –actualmente presos en el penal de Cadereyta- ante la presencia de tres fiscales federales.
El particular compareció frente a los agentes del Ministerio Público de la Federación para solicitar el nombramiento de depositario, como parte de la averiguación previa número UEIORPIFAM/AP/130/2014.
Esta indagatoria fue abierta cuando la SEIDO cateó y posteriormente aseguró el centro de apuestas, tras ser arrebatado por el grupo de despojadores del juez casinero, quien también es investigado por la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA.
El expediente se transfirió de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, a la de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, la cual le sigue la pista al juez Jerezano Treviño.
A este último equipo investigador le fue remitida la averiguación, luego de que en mayo pasado el Consejo de la Judicatura Federal presentó una denuncia penal contra el funcionario suspendido, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“Acepto el cargo que se me ha conferido por esta Representación Social de la Federación, como depositario de la persona moral ‘Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.’”, se lee en la comparecencia de Lozano Reyes.
“Se determina procedente dicha petición únicamente para que puedan hacer las defensas fiscales, administrativas, laborales, mercantiles y civiles, así también me doy por enterado de las obligaciones que adquiero con dicho cargo”.
El representante legal exhibió a los fiscales la escritura pública número 17 mil 208, que contiene la protocolización de un acta de asamblea de la compañía, que acredita que los casineros presos poseen acciones en la sociedad anónima disputada.
“A quien represento continúan siendo los dueños únicos y verdaderos propietarios de dicha empresa, como puede constatarse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León”, continúa la constancia.
La Fortuna fue cateado el 18 de diciembre de 2013 y un día después fue asegurado por la Procuraduría General de la República, la cual giró una orden para dejar sin efectos otra acta de accionistas fraudulenta que permitió el despojo del casino.
Por su parte, la dependencia federal concede la depositaría de la empresa.
“(La SEIDO) determina procedente dicha petición únicamente para que puedan hacer las defensas fiscales, administrativas, laborales, mercantiles y civiles, por no afectar el interés social ni el orden público”, añade el documento.
El Ministerio Público Federal apercibe en la misma constancia al representante legal de abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a enajenar el establecimiento, gravarlo y dar acceso a éste a una persona distinta a la autoridad.
Advierte que esa medida emitida continuará hasta que el casino sea entregado al Servicio de Administración de Bienes Asegurados del Sector Público del Gobierno de la República.
El pasado 7 de agosto se cumplió un año de la aprehensión de los dueños de La Fortuna en un cuestionado operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría de Nuevo León, dependencia encabezada por Adrián de la Garza.
Desde entonces, fueron fichados e internados, primero en la cárcel de Topo Chico, en Monterrey, y posteriormente trasladados al penal de Cadereyta, donde todavía permanecen presos por el delito de despojo de cosas inmuebles agravado.
A pesar de que hay irregularidades en el caso, que demuestran que la posesión del inmueble es de los casineros y que los despojadores presentaron documentos fraudulentos, el juez Raymundo Martínez González mantiene presos a los dueños.
Reporte Indigo ha dado a conocer que Jerezano Treviño, imputado como el autor intelectual del despojo y secuestro de uno de los socios, es investigado por la DEA y señalado por uno de sus operadores clave de tener vínculos con el Cártel del Golfo.
