En 2020, año del inicio de la contingencia sanitaria de COVID-19, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) fue en contra de la austeridad y se dio un lujo: contrató un seguro de vida privado por más de tres millones de pesos.
Lo anterior, a pesar de que diversos órganos, programas y secretarías sufrieron recortes presupuestales debido a la pandemia para reorientar el gasto en atender la emergencia.
Además, desde el 2018 está prohibido contratar seguros privados por la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México, por lo que ningún ente ni servidor público debe gozar de dicho privilegio.
Esto se suma a la desobediencia de los órganos autónomos respecto a las disposiciones de austeridad y racionalidad del gasto.
Lujo millonario
De acuerdo con la información disponible sobre los contratos firmados en 2020 por el máximo órgano fiscalizador de la capital, que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (2020), en el primer trimestre del año la ASCM otorgó el contrato ASCM/01/2020 a Metlife México para la “Prestación del servicio de seguro de vida y seguro de separación individualizado”.
El documento señala que el beneficio se “da al número de asegurados de nivel operativo de esta institución y a los de mando medio o superior que hayan decidido integrarse”.
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Mientras que el monto total es de 3 millones 940 mil pesos y el acuerdo estuvo vigente durante todo el año 2020.
Por último, los funcionarios que autorizaron el documento por parte de la auditoría son Óscar Jaime Cisneros Guerrero, jefe de departamento de adquisiciones; Blanca Susana Galán Garza, directora general de adquisiciones, almacenes e inventarios; María Dolores Merlos Luque, directora general de recursos materiales; y Gerardo Morales Zárate, director general de administración y sistemas.
ASCM En contra de la austeridad y en pandemia
En diciembre del 2018 entraron en vigor las reformas a la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México con la finalidad de terminar con los privilegios y el abuso por parte de los funcionarios públicos.
Según el artículo 111 del marco legal, ningún servidor puede tener seguros privados de vida, de gastos médicos mayores o de separación individualizada.
“Artículo 111. A ningún servidor público de la Ciudad de México se le autorizará viajes en primera clase, bonos o percepciones extraordinarias, gastos de representación ni la contratación de seguros privados de gastos médicos, seguros de vida y seguro de separación individualizada, todos los servidores públicos recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente”, indica el marco legal.
La ley también detalla que solo los funcionarios que se dedican a tareas de seguridad ciudadana y de gestión integral de riesgos y protección civil pueden ser acreedores a seguros de gastos médicos mayores, aparte del seguro público al que como funcionarios tienen derecho
Y la norma también aclara que todos los entes públicos, incluso los autónomos, están sujetos a respetar dicha ley
“Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno de la Ciudad de México, deberán emitir, de acuerdo a su competencia, las disposiciones administrativas necesarias a efecto de cumplir la presente ley en un plazo de sesenta días naturales posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”, señala el artículo segundo transitorio.
Por lo cual, el contrato referido va en contra de la ley que está en vigor y busca racionalizar el gasto y terminar con los excesos.
Además, los seguros privados fueron adquiridos en 2020, año en el que la contingencia sanitaria en la Ciudad de México comenzó y por la que se tuvieron que hacer recortes presupuestales a diversos entes públicos.
En mayo del 2020, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,Claudia Sheinbaum, informó que se iban a tener que recortar 20 mil millones de pesos del presupuesto de la administración central, debido a que había una reducción en la captación de impuestos y para atender lacontingencia sanitaria por COVID-19.
Igualmente, envió una iniciativa de reforma al Congreso para poder recortar el 10 por ciento del presupuesto de alcaldías y órganos autónomos por la emergencia, sin necesidad de que el Legislativo local hiciera una modificación presupuestal.
En este contexto de emergencia sanitaria y de recortes para atender la pandemia, la ASCM adquirió los seguros referidos por más de 3 millones de pesos.
Sueldos sin respetar la ley
La ASCM no es el único órgano autónomo que no respeta la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México.
De acuerdo con la información sobre las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) que se puede consultar en la PNT, su sueldo neto mensual asciende a los 130 mil pesos.
Lo cual, viola la norma referida pues estipula que ningún servidor público local puede ganar más que la jefa de Gobierno cuyo salario es de 111 mil 178 pesos.
