Desde hace más de 15 años el paradigma de la seguridad pública en México cambió. El Ejército y la Marina fueron sacados de sus cuarteles para realizar labores de seguridad pública ante una ola creciente de violencia y de ineficiencia de las corporaciones civiles en las entidades y municipios.
Pasaron los sexenios y el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país se fue consolidando a la par de que aumentaron las voces detractoras de especialistas, organizaciones civiles y políticos, quienes a la fecha aseguran que la militarización no es el camino, la estrategia no ha funcionado y solo ha generado mayor violencia y violaciones a los Derechos Humanos.
Con la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que el Ejército regrese a los cuarteles hasta 2028 se reaviva el debate sobre qué papel deben de desempeñar las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país.
Por un lado, en algunas entidades su despliegue junto con el de la Guardia Nacional es mayor en número que el de las policías locales, y son solamente ellos quienes intentan mitigar los embates del crimen organizado, principalmente en territorios disputados en el occidente y norte del país.
Debido a esta situación, también avanzan en el Legislativo reformas para que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Del otro lado de la moneda, especialistas critican y exigen coordinación entre los tres niveles de Gobierno, reforzamiento de las policías locales y una reforma judicial que termine con la impunidad y la corrupción.
Explican que algunos de los principales problemas se deben a que los presidentes en los últimos tres sexenios le apostaron todo al Ejército, los gobiernos estatales se acostumbraron solo a recibir apoyo de la federación y nunca se trabajó en una estrategia clara y articulada para que los militares regresaran a los cuarteles.
Aunado a esto, las promesas de que la Guardia Nacional sería de mando civil y que los militares dejarían las calles en marzo de 2024 se comienzan a disipar bajo la premisa de que sin el Ejército no habrá paz.
“Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad”, dijo al respecto el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera la semana pasada.
Sobre esta situación, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, advirtió que regresar a sus hombres a los cuarteles en 2024 podría generar problemas, pero si permanecen fuera y toman el control de la Guardia Nacional, “quizá” podrá llegar el día en que el Ejército pueda concentrarse, de nuevo, solo en sus labores castrenses.
“Si se nos da la oportunidad de seguir apoyando a la seguridad pública, ese tiempo que sea mayor también nos va a permitir fortalecer de mayor manera la Guardia Nacional y al tener el control de la Guardia, tutelar la Guardia, nos va a permitir darle esa fortaleza, para que en el momento que se establezca una fecha, la Guardia podrá ser más grande.
“Se ha hecho mucho trabajo, queremos seguirlo haciendo y ya teniendo el control, esa tutela de la Guardia Nacional, pues nos va a permitir, en algún momento, realizar las acciones netamente militares, netamente como soldados”, dijo al respecto.
‘No estamos listos’ para una seguridad sin militares
El especialista en seguridad nacional y exdirector general adjunto de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Manuel Balcázar, opina que no estamos listos para dejar de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública porque no tenemos policías locales consolidadas, confiables, equipadas, entrenadas, respetuosas de los Derechos Humanos y que atienden las causas de la ciudadanía.
El experto recuerda que desde la creación de la Dirección Federal de Seguridad en 1947, hasta su disolución en 1985, siempre tuvo como directores a militares. En ese tiempo también se utilizó al Ejército en la Operación Cóndor (1975-1976) en Sinaloa, en los ochenta en la época de la Contrainsurgencia y en los noventa con el Zapatismo.
En 1997 el entonces jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, desapareció la policía de Iztapalapa por corrupción y pidió apoyo de la policía militar, mientras que durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se creó la Policía Federal Preventiva que contaba con personal proveniente de la Armada de México.
“No es que antes los militares no estuvieran involucrados, es que no se han ido. El presidente Calderón los incorpora a la estrategia nacional de seguridad y es cuando se llega a pensar que salió el Ejército de los cuarteles pero ya años antes habían salido”
“Si los regresan, ¿qué van a estar haciendo en los cuarteles? Nada, en términos de doctrina y entrenamiento militar, quizá podría tener una parte de labor social para la integración de información estratégica nacional en zonas de difícil acceso”, dice.
Finalmente, el especialista señala que más que cambios jurídicos, las autoridades deberían de asumir su responsabilidad y atacar el origen de los problemas asociados a la inseguridad.
“Los políticos tomadores de decisiones tienen que asumir bien sus responsabilidades. Hace mucha falta que la clase política tenga más conocimiento especializado para poder resolver los problemas sociales, políticos y económicos antes de que lleguen a ser una presión de la seguridad pública, sólo así podemos ver resultados y avances”, concluye.
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