Entre los legisladores que impulsaron la reforma al artículo 7º constitucional para crear la Ley General de Seguridad Privada, se encuentra el senador priista Manuel Añorve, quien confiesa que durante la discusión del tema, hubo compañeros que pidieron desaparecer la seguridad privada del país.
“No todas las empresas de seguridad privada tienen desorden, ni todas incumplen con el cometido que se le ha dado, pero hay muchas que pueden estar abusando y se requiere una regulación efectiva con nuevas reglas del juego y que las personas autorizadas a prestar los servicios y las autoridades correspondientes tengan una comunicación más estrecha y legal.
“No llego al extremo de otros compañeros que quieren que desaparezca la seguridad privada, es una aberración. Si tenemos grandes problemas de inseguridad no creo que sea el camino, hay que regularlas, apretar con disposiciones, pero también darles seguridad a ellos en su funcionamiento” comenta.
Añorve explica que esta ley es necesaria en estos tiempos de inseguridad en los que estas empresas auxilian a la sociedad en tareas que deberían de ser del Estado.
“Necesitamos una ley de Vanguardia que cumpla con el objetivo para lo que fue creada, más ahora en estos tiempos con altos niveles de inseguridad. La seguridad privada no es la solución, pero auxilia, la solución sería fortalecer el Plan Nacional de Seguridad Pública”
Empresas ‘patito’ de seguridad privada
Sobre esta situación, Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, revela que actualmente en el país operan cerca de seis mil empresas de esta naturaleza con alrededor de 500 mil elementos.
Del total, alrededor del 45 por ciento son irregulares, es decir, no cumplen con la normatividad en la materia, con el Instituto Mexicano del Seguro Social en el registro de sus trabajadores o buscan esquivar la tributación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Debido a esta situación, dice, es necesaria la Ley General.
“La ley servirá para hacer a un lado a todas aquellas empresas que trabajan de una manera irregular, al margen de la ley y que generan una competencia desleal. Generan una mancha nociva a quienes hacen verdaderamente un excelente trabajo con protocolos de capacitación y actuación.
“Respecto a los trabajadores, estas empresas ‘patito’ no cumplen con otorgarles condiciones de seguridad social, garantizarles lo que marca la Ley Federal del Trabajo y un salario digno. El país no puede seguir esperando y acumulando un lastre de algo que se ha venido trabajando desde hace más de siete años. Vamos contra reloj”, comenta.
Sapién Santos opina que la existencia de una ley federal, 32 estatales e incluso varias municipales en materia de seguridad privada ha ocasionado una sobrerregulación que ha sido caldo de cultivo para generar corrupción.
Otro de los temas en los que nueva legislación ayudará es a regular a las policías auxiliares.
“Falta fiscalización y regulación de todas las policías auxiliares y complementarias que hoy trabajan libremente en todo nuestro territorio nacional con portación de armas de uso oficial.
“Hay casos patéticos como ocurre en Guanajuato, en el municipio de Celaya, en donde quien regula la seguridad privada es la policía auxiliar que también vende servicios de seguridad privada. Aprovechan todo ese cúmulo de información que te solicitan para después de que entregaste tu información vender el servicio. Son juez y parte”, revela.
Finalmente, el presidente del CNSP urgió a los legisladores a expedir la ley, ya que muchas de estas empresas de seguridad privada irregulares son utilizadas por el crimen organizado para cometer extorsiones, secuestros, halconeo e incluso para reclutar a más miembros y engrosar sus filas.
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